2x1 a los genocidas: represores como el juez Romano podrían pedir el beneficio

Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, son los jueces de la Corte Suprema designados por el gobierno de Macri, con el aval del PJ-FpV en el Senado, que esta semana fallaron a favor de la impunidad.

Resolvieron aplicar el beneficio del 2x1 al genocida Luis Muiña, que está condenado por secuestros, torturas y desaparición de trabajadores en el centro clandestino de detención que funcionaba en el Hospital Posadas en 1976. De esta manera, la condena de Muiña de 13 años de prisión, se reduce y la pena que debería finalizar en el año 2020, culminará el año que viene.

Esta medida generó un extendido repudio por los organismos de Derechos Humanos, que lo definieron como un “indulto encubierto”, ya que sienta precedente para que otros genocidas busquen de esta manera recuperar la libertad.

Según diversas fuentes judiciales, los represores y genocidas que intentarán utilizar a su favor este fallo de la Corte Suprema, para reducir penas o conseguir directamente la libertad, son los que recibieron condenas menores a 25 años sin sentencia firme y están en la cárcel con prisión preventiva, o los que ya cumplieron dos tercios de la condena.

Son centenares los genocidas que se encuentran en esta situación en el país luego de más de una década de juicios. Según el Ministerio Público Fiscal, hay 2780 imputados y solamente 750 fueron condenados en los juicios de lesa humanidad, es decir el 30%. La mitad de todos estos genocidas se encuentra en libertad y más de 500 goza de la prisión domiciliaria. Estos números reflejan los límites de la política de derechos humanos que llevó adelante el kirchnerismo.

Actualmente, de los más de 700 genocidas que están sin condena firme y pueden pedir este beneficio de “ley más benigna”, alrededor de un centenar son represores de Mendoza que podrán buscar reducir sus condenas, según informaron desde el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH).

Por otro lado, desde el MEDH agregaron que aún 27 genocidas no han recibido condena en la provincia y también están en condiciones de reclamar la aplicación del 2x1. Uno de ellos es el ex juez Otilio Romano, quien actualmente enfrenta un juicio de lesa humanidad gozando de la prisión domiciliaria. En las últimas horas, el abogado de Romano adelantó a distintos medios que pedirá la excarcelación del ex juez.

Jueces de la dictadura beneficiados por jueces de la democracia

Otilio Romano, Luis Miret, Rolando Evaristo Carrizo y Guillermo Petra Recabarren son cuatro ex magistrados de Mendoza que fueron reconocidos por sobrevivientes y familiares de detenidos desaparecidos, como responsables en la última dictadura militar.

Actualmente, se encuentran en el banquillo de los acusados, transitando el emblemático “juicio a los jueces” que se está realizando en la provincia.

Los entonces jueces, estando al tanto de las detenciones ilegales, torturas, violaciones y asesinatos cometidos en el centro de detención conocido como D2 (dependiente de la policía provincial), desestimaron sistemáticamente los recursos de habeas corpus presentados por familiares de los secuestrados. Ellos, entre otros 40 imputados, están acusados de más de un centenar de crímenes y enfrentan cargos por participación primaria en homicidios, secuestros y torturas.

2013: El ex juez Romano es extraditado de Chile

Otilio Romano comenzó a ser investigado, y fue removido, en el año 2011. A raíz de esto se escapó a Chile donde permaneció dos años prófugo. Cuando se logró su extradición, en 2013, quedó detenido con prisión preventiva en el penal de San Felipe.

Mientras estuvo en el país vecino declaró en los medios que era “un perseguido político” y que no sabía “que carajos de delitos son esos”, haciendo alusión a los delitos por los que hoy enfrenta un juicio de lesa humanidad.

Desde entonces viene reclamando el beneficio de la prisión domiciliaria que finalmente le fue otorgado en julio del año pasado.