A pedir de los poderosos: ya es ley la figura del arrepentido para casos de corrupción

Ayer la mitad de la Cámara de Diputados convirtió en ley la incorporación de la figura del “arrepentido” al Código Procesal Penal para casos de corrupción. La iniciativa del Gobierno de Mauricio Macri, que contó con los votos de toda la coalición Cambiemos, del Frente Renovador y parte del peronismo, ya había sido votada por la Cámara Baja. Pero al haber vuelto del Senado con modificaciones, debió ser nuevamente votada.

De un total de 257 diputadas y diputados que componen el cuerpo, levantaron la mano 137. Pero como eran los únicos presentes, ayer los medios hablaron de un voto unánime. Lo curioso (o no tanto) es que parte de las ausencias se debían a la adhesión a la jornada nacional contra la violencia de género y los femicidios que, horas después, llenaría las calles de las ciudades más importantes del país.

Vale recordar que la primera votación en Diputados se dio en medio del avance de causas judiciales contra exfuncionarios del gobierno kirchnerista. Fue en junio cuando Diputados aprobó la iniciativa del oficialismo. Eran los días, precisamente, en que se encontró a José López (mano derecha de Julio De vido) arrojando bolsos llenos de dólares y euros por el tapial de un convento de General Rodríguez. En septiembre vendría la votación en Senadores, donde se incorporaron modificaciones que obligaron a una nueva votación ayer en la Cámara Baja.

Satisfacción garantizada

Exultantes por haber llegado al puerto deseado, varios diputados y diputadas de los partidos tradicionales salieron a mostrar su alegría. El radical Luis Petri dijo con gesto adusto que uno de los compromisos de Cambiemos “en la campaña electoral era la lucha contra el crimen organizado” y que, en ese sentido, la figura del arrepentido dota “al Poder Judicial de herramientas que permitan juzgar a las cabezas”.

La diputada massista Mónica Litza agregó que “este Congreso está trabajando mucho y muy bien”, mostrando su satisfacción por haber logrado hacer equipo con el macrismo en esta instancia.

Con esa labor parlamentaria mancomunada entre radicales, peronistas y “cívicos” de diverso todo pelaje, se le dio forma a una serie de artículos a pedir de boca de no pocos tránsfugas y malandras de guante blanco.

Por ejemplo, si alguien como José López decide “cantar” y decir con certeza de dónde provinieron los fajos de billetes que quiso esconder en los aposentos de la Hermana Alba, podría ganarse una reducción fenomenal de la pena que le cabría si la figura del arrepentido no existiera. Tanto que se lo podría condenar por una simple “tentativa” de corrupción, como si nada de lo sucedido hubiera sido cierto.

Eso sí, a los “López” o “Fariñas” que estén dispuestos a pactar con fiscales y jueces se les pedirá que la información que den sea fidedigna, precisa y ayude a evitar nuevos casos de corrupción o bien a desentrañar los hechos investigados. Aunque parezca un chiste, así está expresado en la letra de la norma votada ayer.

La figura del “arrepentido” ya está contemplada en el Código Procesal Penal, pero sólo podía ser activada para quienes estuvieran imputados por delitos como privación ilegítima de la libertad, trata de personas, secuestros, lavado de dinero, terrorismo y narcotráfico.

Cambiar algo para que nada cambie

A finales de junio, cuando se trató la primera versión de esta ley, la diputada nacional Myriam Bregman (PTS-Frente de Izquierda) sostuvo en el recinto que “está claro que el escándalo de José López apuró el tratamiento de estos proyectos, a tal punto que llevó al atropello absoluto de cualquier debate serio que se merezca una ley”.

Cuatro meses después, frente a la nueva votación, la diputada reiteró los conceptos por los que había rechazado el proyecto en aquella oportunidad. De hecho la semana pasada presentó un dictamen propio ante las comisiones de Legislación Penal y de Seguridad Interior, donde fundamentó su rechazo a la norma.

Entre los considerandos Bregman citó “un estudio realizado en 2014 por el Centro de Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce)”, según el cuál en Argentina “hay abiertas unas 750 causas por corrupción que implican directamente a funcionarios y exfuncionarios políticos de los distintos gobiernos constitucionales, desde 1986 a la fecha, y en las que se investiga el robo al Estado de más de $ 10 mil millones. El mismo Centro reveló que, en promedio, cada causa lleva unos... ¡14 años de duración!, mientras que los condenados son un puñado de personas y a quienes han pasado por la cárcel efectiva sobran para contarlos los dedos de una mano”.

“Claramente, estamos hablando de la impunidad del poder”, sentenció Bregman.

En la sesión de junio la diputada del PTS manifestó su negativa “a que nos vengan con el cuentito del arrepentido. Si quieren investigar hagan auditorías, abran todos los libros de contabilidad de las empresas que están ligadas a la obra pública. Que sean investigadas con representantes elegidos por los trabajadores y las universidades públicas. Ellos seguro que van a saber investigar y saber toda la corrupción que hay ligada a la obra pública en la Argentina”. Obviamente, nada de eso hay en el articulado que ayer se convirtió en ley.

En esta nueva instancia la referente del Frente de Izquierda manifestó que la incorporación del “arrepentido” para casos de corrupción “intenta basarse en un profundo rechazo popular” a la “apropiación de los fondos públicos, las fortunas hechas a fuerza del narcotráfico y la trata de personas, que indefectiblemente quedan impunes mientras sus protagonistas viven en los mejores barrios privados”. Pero como esos delitos son protagonizados por capitalistas protegidos, por miembros de los poderes del Estado y por integrantes de las fuerzas de seguridad, para la referente de la izquierda “la promesa del arrepentido” lejos de ser un aporte a terminar con la corrupción terminará sirviendo para que caigan, en todo caso, los “perejiles” y sigan salvándose las cabezas del gran delito.