“Aportes electorales bajo presión”: la increíble victimización de los empresarios corruptos

La defensa de Calcaterra y otros hombres de negocios. Dicen que no pagaron coimas sino que los obligaron a hacer “aportes de campaña” al FpV. ¿Qué esconde la estrategia?

Este lunes siguieron desfilando por Comodoro Py empresarios que figuran en los ya famosos “cuadernos de Centeno”. Con ellos fueron los abogados de los tradicionales buffets que defienden a los hombres de negocios, como Landaburu & Rosental.

Justamente estos fueron los que anunciaron la jugada de algunas de las defensas. Angelo Calcaterra reconoció haber hecho los pagos, pero aseguró que fueron aportes a las campañas electorales de 2013 y 2015 del FpV y que Javier Sánchez Caballero había hecho lo mismo por órdenes suyas. También que lo hizo “presionado”. Juan Carlos De Goycoechea, casualmente defendido por el mismo estudio, ensayó una excusa similar.

Lo mismo hicieron Alejandro Ivannisevich y Manuel Santos Uribelarrea, al declarar ante el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli.

Todos aseguran que Baratta, funcionario de De Vido, era quien gestionaba esos pagos.

Los argumentos muestran así la estrategia de victimización de los empresarios. "Casualmente", todos utilizan la misma.

¿Qué buscan? En primer lugar, evitar que puedan imputarlos por cohecho activo, asociación ilícita y otras figuras graves. Eso le traería beneficios en la condena: el delito de aportes ilegales tiene una pena máxima de 3 años de cárcel, el de cohecho activo podría llegar a los 6 años y prisión efectiva. Pero también en las multas: si se comprueba que fueron parte de una maniobra de lavado, la multa es de 10 veces el valor del dinero aportado.

Por su parte, este plan también es funcional al macrismo para que toda la atención se concentre sobre ex funcionarios kirchneristas, como los principales responsables. Así no solo disminuiría la responsabilidad del primo de Macri, sino también el carácter estructural de la corrupción en la obra pública, de la cual al familia presidencial sabe beneficiarse desde hace décadas.

El plan de máxima es que la acusación sea por "exacciones ilegales". Según el artículo 266 del Código Penal, podría ser condenado a 6 años el funcionario público que exigiere "una contribución, un derecho o una dádiva". Pero para los empresarios que pagaron esas coimas, no habría pena alguna.

Hugo Alconada Mon agrega una advertencia más en La Nación: "la jugada de victimizarse les ofrecería a los empresarios dos posibles beneficios adicionales. El primero, callar sobre la cartelización de la obra pública, con los consiguientes perjuicios multimillonarios para las arcas públicas, es decir, los impuestos de los contribuyentes. El segundo, acaso bloquear de algún modo las evidencias comprometedoras del Lava Jato, sobre varios de esos mismos empresarios, que llegará de Brasil tras la firma del demorado acuerdo de cooperación entre los fiscales de ambos países".

Pero la estrategia de los empresarios corruptos está en marcha. Bajo las maniobras legales quieren esconder que fueron parte de un gigantesco negociado con obras públicas pagadas con fondos del Estado. Por eso los “imputados colaboradores” repiten que fueron presionados por De Vido y Baratta para aportar a las campañas del Frente para la Victoria.

Lo cierto es que el argumento no convence ni a los periodistas de La Nación di tampoco a algunos de Clarín, que aseguran que “la explicación ’me pedían plata para la campaña’ se vuelve ridícula” (Ignacio Miri).

Hay quienes piensan que, aún así, no sería una mala opción para algunos funcionarios kirchneristas. A esta altura, un pedido de aportes de campaña parece una cuestión menor al lado del millonario sistema de corrupción que podría destaparse.

Son todas maniobras. Si las anotaciones son ciertas, se trata de negocios comunes sostenidos durante muchos años, con decenas de obras pactadas entre la patria contratista y el Estado. Como las que permitieron a Calcaterra y la empresa IECSA recibir 23.906 millones de pesos por obras durante la gestión De Vido.

Imposible creer que fueron cuestiones “de campaña”; ni que fueron “presionados” para hacer negocios millonarios. No son víctimas, son empresarios corruptos. (LID)