Apunten y disparen contra la protesta

Resoluciones para “combatir el terrorismo”; la creación de un presunto enemigo mapuche alentada desde el Estado y un aparato mediático al servicio de agitar la criminalización de la protesta. Después del triunfo electoral, cambiemos busca terminar con el “gradualismo” en seguridad.

Durante el fin de semana, los diarios alineados con el gobierno nacional, centralmente La Nación y Clarín, desplegaron en sus páginas una gran cantidad de notas en las que se alienta una política cada vez más represiva, y violenta, para criminalizar aún más la protesta social.

“Ante una amenaza terrorista como la que enfrenta la República Argentina en el sur de su territorio por las operaciones de la autodenominada Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), se pueden adoptar ciertas acciones con la pretensión de contenerla o neutralizarla”, así comienza una nota en Infobae del domingo 3 de diciembre, que continúa con un relato digno de novelista de ciencia ficción. A la saga le fueron, este mismo fin de semana, los medios hegemónicos como Clarín y La Nación que agitaron con más fuerza el fantasma de un cada vez más irreal RAM. La apelación a ese presunto grupo radicalizado o terrorista es utilizada para desplegar un discurso y una política brutal contra el pueblo mapuche, que justifica y avala el asesinato a manos de fuerzas de seguridad, como el crimen del joven Rafael Nahuel, a manos del grupo Albatros de Prefectura. Aunque hay prefectos que están en la mira de la justicia, ninguno fue imputado aún.

El objetivo es construir un enemigo que justifique y legitime la represión, machacando con el uso del término “violencia” o “violentos” para describir a mapuches, o a cualquiera que defienda o luche por defender algún derecho. Las fuentes, por cierto, son blogs de dudosa procedencia.

Lo que ningún funcionario del gobierno ni las empresas periodísticas pudo hacer es dar al menos una mínima prueba de que ese relato tiene algo que ver con la realidad. Nadie se atribuyó atentados y no hay miembro de la comunidad mapuche que se reivindique de esa organización.

Sin embargo, eso no importa. “Miente, miente, algo quedará”, reza la tristemente célebre sentencia, y parece ser el modo en el que el gobierno, junto a los trolls y sus medios aplaudidores crean ese enemigo fantasmal. Jorge Lanata viene siendo uno de los abanderados de esta cruzada. De mayor gravedad es sin dudas la construcción que hace el propio gobierno, encabezado estos días por la vicepresidenta Gabriela Michetti, que con un derroche de bajo nivel espeluznante, dijo entre otras cosas que “el Gobierno Nacional está preocupado por la violencia que ejerce en el sur del país el grupo denominado Resistencia Ancestral Mapuche (RAM)" y que "algunos actos parecen terrorismo".

Lo paradójico en términos de violencia, es que ésta es central y mayoritariamente ejercida por el Estado. Tanto en la represión por parte de Gendarmería del 1 de agosto en la Pu Lof de Cushamen, luego de la que Santiago Maldonado desaparece y muere, como en el Lago Mascardi donde fue asesinado por Prefectura Rafael Nahuel, existe una enorme cantidad de pruebas de la violencia estatal: videos, testimonios, audios, además claro está de las propias víctimas, de la violencia extrema y asesina de Prefectura y Gendarmería. Sin embargo, la construcción de ese enemigo es lo que permite que los crímenes de estado sean, en primera instancia, justificados.

Las plumas dominicales se afilaron para salir a apoyar y propagandizar estas medidas. Así fue como entre otras notas, La Nación titula “Un cambio cultural en las Fuerzas de Seguridad” donde da cuenta de que el discurso de la ministra Bullrich es el del gobierno y que “el Presidente la respalda absolutamente”. Este medio relata un diálogo que circuló durante toda la semana: "¿Cómo que en medio del operativo llamaron para ver si podían usar sus armas? ¡Esto no pasa en ningún lugar del mundo!", cuentan que interrumpió Macri a Bullrich cuando intentaba explicar lo ocurrido en el operativo en Villa Mascardi, en el que asesinaron Rafael Nahuel. "¡Esa locura, nunca más!", sentenció el presidente.

Recordémosle al Presidente que todavía rige el protocolo de intervención en protestas sociales en las que se prohíbe expresamente el uso de armas letales. El mensaje de la cúpula estatal es gravísimo: avalan y alientan la represión a sangre y fuego. Aunque haya muertos.

El Ministerio de Seguridad comunicó la existencia de cambios en el protocolo a través de una resolución que jamás fue publicada en el Boletín Oficial, por lo tanto el protocolo se encuentra en un limbo, y la actuación del gobierno, a través del Ministerio de Seguridad, en la absoluta ilegalidad.

Incluso la ministra Patricia Bullrich se refirió a otra de las resoluciones que no ha sido publicada oficialmente, por la cual el Ministerio a su cargo les permite a las fuerzas federales ignorar las órdenes de los jueces cuando consideren que no son legales.

Claramente, con o sin resolución, el gobierno está decidido a ignorar todo viso de legalidad en su cruzada antirrepresiva.

Por su parte Clarín del sábado da cuenta, y festeja, que “el gradualismo llegó a su fin”, y señala: “Así como lograron negociar con los gobernadores para que firmaran el Pacto Fiscal y apoyaran la reforma jubilatoria, es el turno de que aplicar la ley para impedir protestas y liberar las tierras ocupadas. El Presidente ya le pidió en varias ocasiones a Horacio Rodríguez Larreta que no debe permitir que haya manifestaciones a toda hora en la Ciudad”. Agrega en una velada amenaza que la casa Rosada “sigue de cerca los movimientos de un sector del peronismo con el kirchnerismo, gremios, CTA, e incluso con algunas facciones de la izquierda dura”.

Según otra nota de La Nación del domingo titulada “El Gobierno busca que la justicia federal investigue a RAM”, se anuncia que el gobierno pretende instruir a los juzgados federales para que “los ataques que provoque la organización mapuche sean tipificados como atentado contra el orden público’"´. "Será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 8 años el que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que tuvieren por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación", señala el artículo 213 bis del código penal que menciona la nota en cuestión.

Inventar un enemigo al servicio del imperialismo

Una resolución que se conoció el pasado lunes 4 expresa un salto de extrema gravedad en materia represiva que fue rápidamente cuestionada por la legisladora porteña del PTS/FIT Myriam Bregman. Se trata de la resolución 3544/17 emanada de la Procuración General de la Nación, a cargo interinamente de Eduardo Casal, en la que se hace alusión a una presunta “grave amenaza que el terrorismo internacional representa para la paz y la seguridad de las naciones ha sufrido un notorio incremento en los últimos años”, para terminar “ordenando una estructura dedicada a facilitar y elaborar una estrategia institucional contra el extremismo violento y el terrorismo internacional”.

A partir del anuncio de esta inminente “amenaza”, el Ministerio Público Fiscal ordena la creación de una unidad especializada para “combatir el terrorismo”. En su comunicado, Casal se refiere hechos “terroristas” que no son demostrados con informes serios sino más bien es de una vaguedad que permite que términos como “extremismo violento” o “terrorismo internacional” puedan perfectamente cerrar para atacar a ese enemigo que han ido construyendo, a fuerza de represión, muerte, y mucho discurso mediático, como son la comunidad mapuche. Al respecto Myriam Bregman dijo: “Hoy cuando el ‘terrorismo’ es la RAM. Un nuevo salto en la criminalización de la protesta”.

El enemigo interno que está construyendo el gobierno es claramente para defender el derecho de los terratenientes a usurpar las tierras de la comunidad mapuche. A favor de Benetton y Lewis, pero también de los extractivistas que se llevan los recursos naturales como en Vaca Muerta. Por eso sostenemos que la construcción de un enemigo interno es a la medida de los intereses de los terratenientes, los empresarios y del imperialismo.

Buscan sentar precedentes para ir aun más allá en la represión, contra los trabajadores y todo sector popular que se movilice contra las políticas de ajuste y entrega.

Casal, que ni siquiera tiene un cargo estable en la Procuración, se pone a tono con los reclamos que el gobierno de los Estados Unidos reclaman para el país: sumisión y represión a la protesta social.

En 2011, impulsada por el kirchnerismo, se sancionó la ley antiterrorista a pedido del GAFI. En ese momento fue denunciada por la izquierda y organismos de derechos humanos como el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y el Encuentro Memoria Verdad y Justicia como parte de la legislación represiva. Luego, en 2016 “se trató la ley de reforma del Ministerio Público Fiscal y querían crear una Subprocuración contra el terrorismo. Lo denunciamos como una orden de EE. UU. y su llamada ’política antiterrorista’. Aún no consiguieron la ley y avanzan con resolución del procurador interino”, denunció Bregman. Ahora, con esta resolución, van por más.

Marchamos

El jueves 7 se realiza una nueva Marcha de la Resistencia. El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia convoca a marchar este jueves contra la represión. Tenemos que ser miles, que se convierta en una gran jornada para repudiar y decir basta a esta escalada represiva del gobierno y exigir justicia por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.