Bono de fin de año: una política para frenar el paro general

El alcance del bono acordado por gobierno, empresarios y burocracia sindical. La impotencia de Macri ante la escasez de inversiones. El Plan para seguir flexibilizando el trabajo.

Esta semana fue una noticia relevante el acuerdo entre el gobierno y la CGT para el pago de un bono de 2.000 pesos a fin de año, que no alcanza a cubrir la pérdida de salario real de los trabajadores. Sin embargo, los empresarios anunciaron que se negarán a pagarlo. Tampoco hay noticias sobre un bono a estatales. El interés del gobierno es frenar el paro general y reducir los acuerdos paritarios.

¿Cómo se implementará el bono? ¿Qué alcance tiene?

En primer lugar, debe aclararse que este bono tiene como sustento un compromiso de palabra político entre el gobierno, las cámaras empresarias y la CGT. Es decir, no es un decreto, y por lo tanto deja librado a la voluntad de los empresarios que lo paguen o no.

Por ejemplo, las PYMES que emplean al 51% de los trabajadores en todo el país, ya anunciaron que no lo van a pagar. Resta que empresa por empresa los trabajadores puedan acordar sumas, pero esto, en un marco de dispersión y sin paro amparado por las centrales, es muy difícil de concretar.

Asimismo, en este acuerdo el bono lo deberían pagar aquellas empresas que firmaron paritarias por menos de 38%, pero las empresas que podrían pagarlo, en su mayoría aducen los efectos propios de la recesión, la caída de ventas y producción; por lo tanto, es difícil que lo abonen. En este marco se calcula que solo un 13% de los trabajadores estarían en condiciones de recibir el bono a fin de año.

En el caso de los empleados estatales aún no hay declaraciones por parte de los funcionarios sobre si lo pagarían o no. Se escuchó la voz del gremialista Andrés Rodríguez (UPCN) quien afirmó que si lo pagarían. Sin embargo, en el caso de las provincias, la mayoría de los gobernadores (al igual que los empresarios) se previnieron y salieron al cruce del bono, afirmando que no tienen fondos. Salvo que reciban fondos extras de la Nación. .

Los gobernadores, por su parte, sean del oficialismo o del FPV, se encuentran aún en la negociación del presupuesto nacional para el año que viene. Así, dejó conocerce el rumor de que el acuerdo estaría cerrado y en el senado el FPV le votaría a favor el presupuesto al gobierno.

Pero más allá del alcance real que tenga el pago del bono efectivamente, la suma en sí es completamente limitada. Los números calculados por La Izquierda Diario que muestran que el aumento debería ser superior a los 11.000 pesos para poder cubrir en el sector privado la pérdida de los salarios este año por la inflación; y en el caso de los jubilados de más de 3.000 pesos, cuando este sector va a recibir junto a los que perciben la AUH un bono de apenas 1.000 pesos.

En este contexto el salario estaría perdiendo entre 5 y 10 puntos de poder adquisitivo, el desempleo trepó a 9,3, el trabajo negro al 33,4% (en provincias como Jujuy el 29,1%), la pobreza subió al 32,2% y hubo más de 90.000 despidos en el sector privado entre julio de 2016 y julio del año pasado según el Ministerio de Trabajo de la Nación, pese al acuerdo de no despedir que firmó Macri con empresarios luego de vetar la Ley Antidespidos.

Sin dudas se trata de una política para frenar el paro general y con la ayuda de la CGT, el gobierno pueda ganar tiempo en su estrategia de apostar a una recuperación de la economía vía el gasto público y cierta recomposición salarial en miras a octubre de 2017.

¿Cuál fue la respuesta de los empresarios ante el bono?

Si bien hubo un acompañamiento de los principales grupos empresarios a la propuesta del bono que hizo el gobierno, el motivo fue más para "una foto" y una tregua con los sindicatos, que algo que se traduzca en acciones concretas.

Ayer en una reunión del Consejo Interamericano de Comercio el mismo Macri finalizó afirmando que los empresarios deben “romperse el traste” para lograr mejoras en la competitividad y llevar a cabo las inversiones. Y luego Frigerio habló de "empresarios avivados” que provocan inflación (la baja de inflación no parece concretarse, menos aún si dan vía libre a un aumento del 7% en las naftas para noviembre).

Pese a todas las medidas que el gobierno nacional (en acuerdo con los gobernadores) a Macri no le cae muy bien que los empresarios no tomen las medidas de inversión tan anunciadas; y por el lado de sus pares empresarios siguen expectantes por una economía en recesión (3,7% fue la caída de la actividad en sep. según O. Ferreres y Asociados), el costo de financiamiento es muy elevado (y esto es por la política de tasas altas del BCRA) y también por el atraso cambiario. Ya lo dijo Rattazzi de FIAT que desean un dólar a 18 pesos este año.

El compromiso de la CGT para flexibilizar

Dentro del acuerdo, también se mecionó un compromiso de la CGT por incorporarse al Plan Productivo Nacional (PPN). Este Plan lo anunció el gobierno nacional meses atrás y consta algunos puntos que hablan de mejorar la competitividad, la productividad, la transparencia de los mercados, alientan el emprendedurismo, etc.

Como se señala en unartículo de la Revista Ideas de Izquierda de reciente salida, el problema de la baja competitividad o productividad de la economía argentina es lo que más preocupa a los empresarios y al gobierno, porque de ello depende, en gran medida, que se realicen inversiones y negocios capitalistas.

Un primer paso en este sentido fue el acuerdo con los fondos buitres como parte de la “reinserción de Argentina en el mundo”. Junto con esta medida se implementó la quita del cepo y la devaluación del 50%, la quita de retenciones a la minería y el agro, la desregularización del sector financiero, etc. un conjunto de medidas que implicó una transferencia de 25.000 millones de dólares a los sectores de la economía más concentrados.

Este plan pone el foco del problema de productividad de Argentina y en el trabajo. Nada más alejado de la realidad, cuando es la clase capitalista la responsable del atraso y la dependencia del país. A pesar de que la inversión no acompañó al crecimiento, la productividad industrial creció un 68% entre 2003 y 2014, esto fue gracias a una mayor explotación de la fuerza de trabajo.

Pese a que la productividad laboral se recuperó en los últimos años en el país, la brecha se amplió con las principales potencias que incluso experimentan muy bajos crecimiento de su productividad.

Así una propuesta concreta es el Proyecto Primer Empleo que tiene el esquema Mac Donald de sueldos de 4.500 pesos para la juventud como emblema. O la llamada “modernización” del Estado que se cobró 11.000 despidos en lo que va del año en la Administración Pública Nacional. Sobre el primero, como también en cambios en la Ley de ART, hubo tratativas con la CGT para que junto con los gobernadores del PJ se avanzará este año en las cámaras legislativas para aprobarla.

La relación del gobierno con los grupos empresarios no es del todo firme, aunque sí existe un acuerdo por sostener una política que pueda efectivamente avanzar sobre el salario y flexibilizar, aún más, las condiciones laborales.

Mientras tanto, se intenta crear un equilibrio precario entre frenar los reclamos y paros con la promesas de un Bono y la reactivación con el gasto público. Y a los empresarios, sosteniendo el dólar y el negocio financiero vía un fuerte endeudamiento en dólares y pesos. La posibilidad de pasar al ataque va a despertar la respuesta de los trabajadores en las calles, cuestión que por ahora, el gobierno y las patronales prefieren evitar, al menos hasta tener garantizado el resultado de octubre de 2017.

*Columna de Economía en Radio Universidad de la Universidad Nacional de Jujuy.