Borrar las huellas del saqueo, El símbolo y el moño de la impunidad

No es una cuestión de ideología, criterio, o método de cómo se debe administrar una cuestión pública como es la guarda o resguardo de la documentación patrimonio del Estado Provincial. Si es más eficaz la lógica perversa del mercado o el autoritarismo del dirigismo. Tampoco es sensación, sino literalmente evidencia de la cultura del vandalismo y la prepotencia de los violentos. O sencillamente una pretendida “legitimación” de la impunidad, ante una sociedad virtualmente perezosa y adormecida. Con intenciones fundacionales para futuras depredaciones. Un retrato social de la exuberancia de la cleptocracia serial vernácula. Sí, se trata simplemente de borrar el abominable y desvergonzado rastro o huellas del saqueo que se realizó y se sigue llevando adelante, en la década infame, en la Administración Pública de la Provincia de Salta, por una conocida y emblemática facción de funcionarios bandidos o una asociación ilícita. Toda una trama de cambiar las bases del sistema institucional republicano por un sistema corporativo o cartelizado.

Pero según el Ministro Javier David, éste es “el orden que tiene Salta”. El precandidato a Gobernador Marcelo López Arias, aduce que, los salteños tenemos un “Gobernador de lujo”. Los ideólogos de “Romero conducción”, sostienen que: “Juan C. Romero dio a Salta una nueva forma de gobierno, anclado en una nueva propuesta de orden, trabajo y producción”. La Senadora Nacional, Sonia Escudero, entre otros conceptos, refiriéndose al gobierno nacional, afirma: “...la ‘división de poderes’ (Ejecutivo, Legislativo, Judicial, que juntos constituyen el ‘gobierno’), es una garantía imprescindible para que ninguna de sus partes ni cualquiera de sus miembros tuviera las ‘manos libres’ para manejar a discreción el dinero público”. Después continua: “El dinero de la gente que recauda el Estado es la base del poder político y el elemento que más controles exige para que nadie sospeche que es utilizado arbitrariamente, a favor o en contra de propios y ajenos”. ¿Senadora, le cabe el sayo a la Provincia de Salta? Ahora, el otro insustancial precandidato a gobernador, Walter Wayar, manifiesta que somos: “gente enemiga del progreso”. Desde esa óptica, nosotros los “cavernícolas, retrógrados, reaccionarios”, aún en esa hipótesis, tenemos la absoluta convicción de un planteo taxativamente ajustado a derecho. Eso, es la democracia. Eso, forma parte de nuestro sustento ideológico-doctrinario. Wayar o el Gobierno tienen la obligación de explicarle a la sociedad, cual es el respaldo constitucional y legal que se argumenta para “generar competitividad con los documentos del Estado”.

Así, además del flagelo de la ilegalidad, o incontrastable delito constitucional que significa “trasladar” o “llevar” documentación pública de la Administración Pública Provincial a Empresas privadas -Archivos de Salta S.A. y Plumada S.A.-, primero sin instrumento legal alguno, tampoco sin clasificación o inventario, después, mediante el hecho ilícito consumado, por el Decreto Nº 1.583/06 en detrimento y literal transgresión al mandato Constitucional de la Provincia y a las Leyes Nº 7.092 y 6.649; no debe olvidarse otro eslabón maquiavélico, concordante y funcional con ésta situación: desde el inicio del año 2.004 hasta la fecha -virtualmente tres (3) años-, la registración de la contabilidad de la hacienda pública provincial se hace a través de una “Ley de Administración Financiera literalmente trucha”. Que se inicia en la gestión Ministerial de Fernando Yarade.

Esta conducta deliberadamente delictiva hasta ahora impune, además de los negociados dirigidos, significa y se demuestra que intentan literalmente borrar toda evidencia del saqueo del Estado Provincial, y que, no precisamente condice con lo que pregonan los correveidiles. E incluso la supuesta oposición, ¿manifestó o asumió una posición convincente, sustentable sobre el particular? ¿Este estatus quo, mínimamente no es motivo de una valoración de un posible juicio político al gobernador? Más allá de las responsabilidades administrativas, civiles y penales.

Así, en la década lúgubre de la gestión del romerismo, uno de los singulares postulados para desprenderse o “apoderarse” de las Empresas estatales era que de esa forma se evitaba la injerencia del tráfico de influencias de la política. Entonces de ese modo se incentivaría el incremento de la eficacia, calidad del servicio y la eliminación de la corrupción. Así, depredaron o se “apoderaron” del Banco Provincia de Salta, Dirección de Energía, Banco de Préstamos y Asistencia Social, AGAS, Obras Sanitarias, etc.

No se trata de sutilezas administrativas-jurídicas, que se diga: hecha la ley, hecha la trampa. No, la esencia y principal preocupación, es hacer desaparecer pruebas a través de artilugios groseros de nulidad absoluta. A cualquier precio los depredadores quieren borrar los rastros, concluyente o irrebatible documentación pública que compromete la responsabilidad del saqueo de la cosa pública.

Y así, entre otras, pueden ocurrir situaciones como estas:
Que no se encuentre evidencias o pruebas de cuanto fue el costo, por ejemplo, de la plaza o especie de pequeña rotonda que está frente a la Casa de Gobierno en el Grand Bourg. Incluso, sugerimos hacer una especie de consulta de los medios de difusión independientes a la opinión pública, según el sentido común de los ciudadanos, ¿Cuánto cree o considera que costó esa pequeña obra pública?

O particularmente en la Dirección General de Rentas, entre otras, pueden ocurrir circunstancias como estas:
Un buen contribuyente que está pagando regular y normalmente, que cumple con su responsabilidad y obligación tributaria, en un determinado momento pide un Certificado de libre deuda. Y en la cuenta del sistema informático del órgano recaudador provincial no tiene registrado todos los montos abonados, puede ocurrir que le reclamen de nuevo el pago por los periodos que no figuran abonados, incluso judicialmente. Porque la Dirección, ya no dispondría de esa documentación y el contribuyente no puede acreditar los comprobantes de pagos. Así puede darse el caso que, el contribuyente pueda perder bienes materiales o darse el caso que hasta le pueda rematar lo más elemental, como es la vivienda familiar.

La otra gran incógnita o la pregunta del millón para los ciudadanos salteños, es, quienes están detrás de la firma Plumada S.A. Si así fuera, más allá de los nombres que aparecen formalmente como integrantes o titulares de la firma, quienes son los individuos de carne y hueso que serían también dueños de acciones de la persona jurídica Plumada S.A. ¿Porqué el esmero y la participación directa dando indicaciones para retirar la documentación del Estado de parte de Yarade? ¿En éste caso, qué injerencia institucional competente en la materia tiene un Senador en el área del Poder Ejecutivo? ¿El Gobernador Romero, es permisivo, connivente? Quien ahora se definió como un “administrador moderno”. También advierte: “Quien me suceda gobernará con un programa consensuado”. Significará no destapar la olla? Y además, está escandalizado al sostener que en los barrios de la periferia salteña: “...Falta que la gente tome conciencia que las cosas públicas son de ellos. Hemos hecho 30 canchas chicas de fútbol en los barrios. No existe ninguna. No tenían que pagar nada. Podían jugar de noche y no pagar la luz, pero se vandalizan (sic). Roban en las escuelas las computadoras que utilizan los chicos de ese barrio. Es increíble. No hay conciencia. Podría construir un centro deportivo, pero dígame quien lo cuidará”. Y finalmente aduce: “Hay muchos lugares recreativos pero vandalizados porque la gente no percibe que lo público es de todos”.

Además este mismo sistema -guarda de la documentación-, también se estaría proyectando o elaborando para llevarlo a la práctica en los Municipios del Interior de la Provincia. También se implementaría la tercerización o privatización del Subprograma Auditoria Fiscal, es decir la actividad que hoy desarrollan los inspectores fiscales de la Dirección General de Rentas de la Provincia. Dicha actividad sería llevada adelante por una Empresa o Consultora privada que se haría cargo de ese control fiscal a los contribuyentes. La misma estaría relacionada con el Estudio Contable del moderno edificio de calle España Nº 19 del actual Senador provincial por Capital, Fernando Yarade.

Así, humildemente decimos que no podrán silenciarnos, aún cuando siguen los llamados telefónicos intimidatorios a la hija de Ibarra o la presencia amedrentadora de policías en autos no oficiales en adyacencias de su domicilio. Así, hacemos público nuestro repudio a esa muestra de significativa cobardía y responsabilidad de nuestra integridad física al devaluado Gobierno de Juan Carlos Romero.

Y ahora -además de conocer cuales son los fundamentos del Fiscal de Estado de la Provincia, Rodolfo J. Urtubey y cuándo llegó el expediente de nuestra denuncia ante la Fiscalía de Estado a la Fiscal Penal-, a esperar lo que resuelva las “Instituciones Republicanas” de la justicia. Es decir, cuales son los sólidos argumentos constitucionales y legales que fundamentarán para resolver -en el sentido que fuere- el primer paso en el tema, la Fiscal Penal Nº 2, Dra, María Inés Loyola, y el Juez, José María Alvarado Sol