Bullrich propone leyes más duras contra la protesta social y que las FF.AA. actúen en seguridad interior

El Gobierno usa demagógicamente la crisis narco en Rosario para fortalecer un esquema represivo que, entre otras cosas, se usará para perseguir y reprimir a quienes salgan a luchar contra el ajuste. Al mismo tiempo, buscan frenar los delitos violentos con medidas más punitivas y rebalsando las cárceles, lo que no afecta el fondo de la cuestión en términos de crimen organizado pero sí busca "contener" la crisis social que crece por el ajuste, la inflación y la pobreza.

El Gobierno pretende avanzar en un paquete de leyes destinados a fortalecer los mecanismos represivos contra la protesta social. Al mismo tiempo, intenta relegitimar a las Fuerzas Armadas, buscando la aprobación de una norma que habilite su intervención en seguridad interior. Todo eso a pocos días del 24 de Marzo.

Lo anunciaron Patricia Bullrich y Luis Petri en conferencia de prensa. La ministra de Seguridad y su par de defensa informaron, entre otras cosas, que propondrán al Congreso un proyecto que modifique la Ley 24.059 de Seguridad Interior y habilite el accionar de las Fuerzas Armadas en situaciones que sean consideradas como “actos de terrorismo”.

De esta forma las Fuerzas Armadas quedarían habilitadas a “patrullar, controlar a las personas y vehículos, realizar tareas de prevención de delitos, aprehender en flagrancia”. Esto implica volver hacia atrás en la historia: habilitarles un poder que esas mismas fuerzas usaron a lo largo del siglo XX para intervenir políticamente mediante golpes de Estado. El ejemplo más brutal fue el del genocidio que inició en 1976, pero no fue el único.

¿Los bloques colaboracionistas van a apoyar esta reaccionaria modificación? ¿Los gobernadores peronistas, radicales o macristas aceptarán darle más poder a las Fuerzas Armadas si el Gobierno nacional les da más recursos? No cabe otra cosa que repudiar este intento, anunciado a pocos días del 24 del Marzo. Una provocación.

El fundamento para esta propuesta es la crisis narco que atraviesa la ciudad de Rosario. Crisis que el Gobierno nacional -con apoyo de los gobiernos provinciales- pretende resolver militarizando la región. Una receta que ya fracasó no solo en la misma ciudad sino, también, a nivel internacional, en países como Ecuador o México.

En segundo lugar, Bullrich anunció un proyecto de Ley Antimafias, que se emparenta con la más que cuestionada figura de Asociación Ilícita. La ministra dijo que, con esta modificación “el hecho individual no es lo que determina la pena, sino aquellos que participan de una determinada organización y son parte de distintos tipos de delitos encadenados para el objetivo que tiene esa organización criminal”.

El rango de delitos es tan amplio que podría incluir cualquier tipo de protesta llevada adelante por organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos o sindicales. La ministra se refirió a cuestiones como privación ilegítima de la libertad, intimidación pública, terrorismo, coacción, infundir temor a las autoridades y quebrar su voluntad”. Con esa vara, cualquier manifestación contra una política o una medida de un Gobierno se convertiría en un acto a ser incluido dentro de esa normativa.

Bullrich también anunció un proyecto para perseguir la “Reiterancia” de delitos. Esto implicaría una modificación en el Código Penal. En su discurso reivindicó el uso de esa figura legal en Mendoza. En esa provincia se utiliza para perseguir a las organizaciones sociales, sindicales y políticas. Usando esa figura se llevaron adelante detenciones arbitrarias contra dirigentes de muchas de esas organizaciones.

Bullrich volvió a la carga con cuestiones que integraban la derrotada Ley Ómnibus. Por un lado, las modificaciones del artículo 194 del Código Penal, buscando imponer penas más duras a quienes organicen manifestaciones y cortes de calles. Por el otro, la sanción como delito de quienes realicen bloqueos en industrias, comercios y empresas. Se trata, en ambos casos, de ataques directos al derecho a manifestarse.

A eso sumó la propuesta de modificar las normas que rigen la llamada legítima defensa en cumplimento del deber. Es decir, habilitar a los efectivos policiales y represivos a actuar con completa impunidad contra quienes consideren. Una suerte de vía libre al gatillo fácil y la arbitrariedad policial. A eso añadió que se estudiará una ley que “proteja” a los policías de los manifestantes. “Hoy, le pegan con una piedra a un policía y es como si nada. Bien, esto se termina. A partir de ahora se plantearán penas más concretas con quienes atenten contra la autoridad porque en cada manifestación tenemos entre cinco y seis heridos. Ahora va a pasar algo con eso”, afirmó en tono violento.

El Gobierno usa demagógicamente la crisis narco en Rosario para darle más poder a las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad Federales y a todas las Policías. Las necesita para avanzar en un ajuste salvaje que se implementa contra el pueblo pobre, la clase trabajadora y las clases medias arruinadas. Un ajuste que se hace al servicio del Fondo Monetario Internacional y de los intereses del gran empresariado. (LID)