CONTRARREFORMAS: Claves del desfinanciamiento de ANSES

El conjunto de medidas anunciadas por el gobierno tienen un impacto corrosivo sobre los recursos de la ANSES. Punto por punto, cuáles son esas reformas y qué impacto tienen.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es el organismo que administra y asigna los recursos a distintos beneficios como jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, Asignaciones Universales por Hijo (AUH), seguros de desempleo,etc. Los últimos anuncios del gobierno tienden a un feroz desfinanciamiento que los pone en peligro y amenaza con futuros recortes (no tan lejanos).

Según distintos estudios, la pérdida de recursos podría serentre $115.000 millones a $220.000 millones en el año 2018 y sería creciente en el tiempo.

Algunas claves de las medidas y sus principales impactos:

• Eliminación del 20% del Impuesto a las Ganancias con destino a ANSES: la propuesta de eliminar el artículo 104 de la ley del impuesto a las Ganancias significa que el 100% de lo recaudado pasaría a ser coparticipable con las provincias, mientras que actualmente a este organismo le corresponde el 20% de la recaudación del impuesto. Esto implica una pérdida de $126 mil millones para la ANSES en el año 2018 según el Proyecto de Presupuesto 2018. La fundación ITE-Abdala calcula que este impacto, compensado parcialmente con la reasignación del impuesto al cheque (Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios) y al mismo tiempo considerando la posibilidad de que lo abonado por este impuesto pueda ser utilizado como "pago a cuenta" del impuesto a las ganancias, podría hacer perder entre $169.000 y $220.000 millones a la ANSES. Para ello el gobierno deberá conseguir aprobar la reforma tributaria.

• Reducción de contribuciones patronales: El proyecto de "blanqueo laboral" o más comúnmente conocida como "reforma laboral" incluye una unificación de alícuotas de contribuciones patronales al 19% (bajando de 21% para los empleadores más grandes) y un mínimo no imponible que será de $2.300 en 2018 y creciente a $11.500 en 2022, todo ajustado por inflación. Esto implica una reducción efectiva del 41% de las contribuciones patronales, que supera el 50% para empleadores de servicios y sectores de bajos salarios. El desfinanciamiento el año entrante sería de $42.915 millones según el Centro CEPA, y hacia 2022 alcanzaría a $140.000 millones (a valores actuales).

• Un "blanqueo laboral" que legaliza el empleo en negro y los bajos salarios: La condonación de deudas a los empleadores que mantuvieron en negro durante años a los trabajadores, que pasarían a estar registrados, no significará una mejora de los ingresos de la AFIP, no sólo porque se perdona la deuda, sino porque se trata justamente de bajos salarios que serán alcanzandos por el "mínimo no imponible".

• Eliminación del tope de aportes personales y del haber máximo: En diez años todas las jubilaciones estarán liberadas, sin tope, esto significa que un porcentaje reducido de altos gerentes podrá acceder a jubilaciones de privilegio, mientras que para una mayoría trabajadora los haberes serán a la baja. Así también, el impacto en el mediano plazo es negativo para la ANSES.

Se pretende que el desfinanciamiento autoimpuesto para engrosar las ganancias capitalistas sea pagado con la plata de los jubilados y el esfuerzo de los trabajadores. Estas son las siguientes medidas de ajuste propuestas:

• Cambios en la fórmula de la Movilidad Jubilatoria: El gobierno propone atar las jubilaciones y los distintos beneficios a la evolución de la inflación, en lugar de utilizar los salarios o la recaudación de ANSES. Esta medida, que puede sonar progresiva para evitar la pérdida del valor real de las jubilaciones, en realidad está pensada para frenar las subas de los haberes y de todos los beneficios que se ajustan con la Movilidad, reduciendo así el Gasto. Esto es así porque el gobierno se asegura que las jubilaciones nunca van a ganar en términos reales, es decir, nunca irán por encima de la inflación. Para ello el ejecutivo deberá redactar una nueva ley y conseguir su aprobación en el Congreso. Se calcula que esta medida podría significar un "ahorro" para el gobierno de $100.000 millones en jubilaciones y casi $150.000 si se incluye AUH y el resto de los beneficios, todo a costa de menores ingresos para los jubilados y las familias de trabajadores.

• Reforma del sistema jubilatorio: Esta reforma está prevista en la ley de "Reparación Histórica" en un plazo de tres años desde su sanción en julio de 2016. Las intenciones del gobierno formuladas en distintas declaraciones apuntan a un incremento de la edad jubilatoria (en forma gradual, para que sea "pasable") a 65 años para las mujeres y 67 años para los varones, cambios en el cálculo del haber que reducen el salario de referencia, la posibilidad de agregar una jubilación "proporcional" a los años aportados, y la eliminación de la moratoria, ya prevista en la Reparación Histórica, a cambio de una Pensión que es un 20% inferior a la ya baja jubilación mínima (hoy en $7.245). También se prevé la privatización de algunas funciones del Sistema, como un "aporte voluntario" por el trabajador.

Estas medidas deben ponderarse con la situación de emergencia que ya presenta el sistema previsional, la ANSES y el PAMI, es decir, la Seguridad Social de conjunto, con una mayoría de jubilados que gana la mínima y se encuentra en situación de pobreza. Lejos de revertirlo, la Reparación Histórica abrió el camino para liquidar la Caja de los jubilados. (LID)