Cambiemos: dos años de favores al sistema financiero

El gobierno de Cambiemos nos da, día a día, sobradas muestras de que es un gobierno para pocos. Es claro que la tendencia de su política está orientada a favorecer a los sectores económicos más poderosos y concentrados de la Argentina.
Las grandes corporaciones bancarias no solo se han beneficiado durante los dos años de la gestión de Macri sino que lo vienen haciendo hace más de 30 años. La denominada valorización financiera impulsada por el gobierno menemista, apoyada en las reformas financieras de la dictadura, dio forma a una corporación bancaria que obtendría una relevancia política formidable en los siguientes años. Este cambio fue fundamental para entender las políticas financieras de los siguientes gobiernos.

Durante la década kirchnerista la banca fue unos de los sectores que más ganancias obtuvo, junto con las multinacionales automotrices y el campo. Lejos estuvo ese gobierno de mitigar su influencia. Tal fue la acumulación de esos que el sistema financiero argentino trepó a los puestos más altos en el ranking de rentabilidad que elabora el FMI.

En este sentido, si vemos la evolución de los indicadores bancarios, la mayoría pegan un incremento a partir del año 2002. La Rentabilidad Neta pasa de 6,8 en 1992-2001 a 7,5 y el índice de Rentabilidad sobre Activos (ROA) pasa de 2,6 a 3,8. En el año 2014, el ROA acumulaba a agosto el 4,5 %.

Las medidas PRObanca

Con la llegada de Cambiemos al gobierno, se avizoraba que esta tendencia se acentuaría. Lo único que faltaba saber es a partir de que operatoria.
Pues bien, desde el primer semestre del 2016 el Banco Central dispuso el aumento del rendimiento de las Lebac del 28 a 38% anual, superior a cualquier expectativa inflacionaria, como estrategia para competir contra la demanda de dólares como activo de reserva y como mecanismo de absorción del excedente monetario en pos de controlar la inflación.

Claro está que esta medida de corte netamente monetarista, sumada a la contención del dólar en valores cuasi invariables (luego de la devaluación de principios de 2016) generaría un formidable negocio financiero para la banca obteniendo, sólo por esta vía, un margen ROA de alrededor del 13% en los primeros meses de la gestión PRO.

Otra de las medidas que favorecieron esta tendencia a la especulación financiera fue la derogación del decreto 616/05 que establecía requisitos de información y restricciones cuantitativas para el ingreso de capitales desde el exterior.
Esta norma obligaba, por un lado, a informar al BCRA todo ingreso y egreso de divisas o toda operación de endeudamiento de residentes que requiera un futuro pago en dólares y, por otro lado, a establecer un “encaje” o inmovilización por un año de fondos equivalente al 30% de los capitales que ingresasen desde el exterior que no fuesen para inversión productiva, deuda pública o financiamiento de importaciones.

Esta norma es importante remarcarla ya que fue un puntapié que permitió el ingreso de capitales especulativos o golondrina. De esta manera el macrismo aseguraba el negocio para estos capitales.

Y como si fuera poco, con la excusa de fomentar la competencia de uno de los sectores más cartelizados de la economía, dispuso que las entidades financiera permitan a los clientes abrir y cerrar cualquier tipo de cuenta por homebanking sin acudir a la entidad. Evitando así los controles del origen de los fondos y flexibilizando la normativa sobre lavados de activos de origen ilícito, un guiño para determinados sectores que supuestamente venían a combatir.

La desregulación del spread (es decir, la diferencia del interés que se cobra por los préstamos respecto de la que se paga por los depósitos) y de las comisiones bancarias, también fueron clave en el sentido de asegurar el éxito financiero de la banca.
Estas entidades pasaron a determinar sin ninguna restricción el monto a cobrar en estos conceptos, lo que propició una suba de comisiones en promedio del 40% para el 2016, de un 20% más a principios del corriente año y de 15% anunciado por los bancos para julio.

Siguiendo con su costumbre, durante el 2017, el gobierno siguió con esta predilección por el sistema financiero y para compensarles los 15 puntos de baja de las Lebac, decidió durante el mes de marzo, en una medida que pasó desapercibida para la opinión pública, bajarles los encajes a los bancos, es decir permitirles disminuir los fondos que obligatoriamente deben tener inutilizados, estos fondos corresponden una garantía que poseen los depositantes por sobre el banco.
Pero como siempre hay una buena excusa en el manual de la ortodoxia económica para darle sentido al efecto cascada, argumentaron que esta modificación provocaría un alza en la tasa que reciben los ahorristas por sus depósitos, así la autoridad monetaria redujo los encajes sobre depósitos a la vista al 20% desde el 22% previo, y a un 14% para los depósitos a plazo, desde el 16% anterior.

Lo cierto es que pasada las primeras semanas de la reducción de los encajes bancarios, la tasa Badlar que pagan los bancos por depósitos a plazo fijo mayoristas cayó, lo que supone que el negocio salió a pedir de los bancos, porque en los primeros 5 días posteriores a la disminución de los encajes, los bancos colocaron los fondos liberados en pases pasivos, que les aseguraran una tasa del 24%.

Los “pases” son colocaciones financieras de corto plazo entre los bancos y el BCRA, cuando se trata de pases pasivos este último vende y luego recompra títulos, bonos o certificados de depósito con una determinada tasa incluida, permitiendo a las entidades tomadoras hacer frente a sus requisitos de liquidez.

Un párrafo aparte merece el denominado plan “precios transparentes’’ que venía a clarificar la situación de las compras financiadas con tarjeta de crédito y a generar una dinámica competencia entre los bancos, que llevaría a una reducción considerable de los precios al contado (20% según el ministro Cabrera) y de los costos financieros en favor de los consumidores; básicamente el sueño liberal hecho realidad.

Los hechos dicen que luego de implementada dicha medida no solo los precios al contado no se redujeron, sino que además los intereses aumentaron y en consecuencia el consumo se resintió aún más siguiendo la tendencia de los meses anteriores. Muy lejos de la caída del 20% anticipada por el gobierno, los precios de contado apenas retrocedieron un 5,13% en promedio a mediados de abril y los costos de financiación se elevaron en algunos casos hasta el 72% dependiendo el banco. Comprar en 12 cuotas, por fuera del programa "Ahora 12" implica un costo de financiación en torno al 33% mientras que hacerlo en 18 cuotas llega al 71,3%.

Como frutilla del postre para la banca nacional hace unos días trascendió la noticia de que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES tomó bonos de los tres principales bancos privados del país por $200 millones de dólares. Los bancos beneficiados con esta suma de dinero son el Banco Santander Río, el Supervielle y el BBVA Banco Francés. Las transferencias de recursos públicos se hicieron con la suscripción de Obligaciones Negociables, instrumento que tienen las entidades para financiarse.

Otra medida que no se puede pasar por alto, siguiendo con el festival de deuda, fue el reciente lanzamiento del bono emitido a 100 años, a una tasa cercana al 8%. Los bancos que fueron parte de la negociación, fueron el HSBC, el City, Santander Rio, Nomura Bank de Japón, y Luis Caputo que trabajó para la J.P. Morgan.
Pero el kirchnerismo, por ser el pagador serial de deuda, fue el que dejo el camino allanado para este nuevo ciclo de endeudamiento que propone el macrismo.

En resumen, los bancos registraron ganancias por 74.464 millones de pesos en 2016, con un alza del 24,4% con respecto al 2015. Así lo registró el mismo BCRA en su informe de bancos. Las Lebacs fueron uno de los negocios más rentables para el sistema financiero el año pasado porque, como se dijo, se pagaron tasas anualizadas de hasta 38% en pesos y, de seguir este sendero con las políticas aplicadas en lo que va del año, vamos a un 2017 de ganancias record nuevamente para dicho sector.

Es evidente que el Gobierno se financia a partir de la bicicleta financiera sin importarle las consecuencias futuras de este endeudamiento atroz que hipoteca el futuro del país, políticas que ya nos han llevado a la crisis más profunda de nuestra historia a principios de este siglo.

Fomentar la desregulación y estimulación financiera, genera que haya más ganancia para los especuladores, ganancias que históricamente nunca se “derraman” en un mejoramiento de la calidad de vida del pueblo trabajador. Sino todo lo contrario, fomentan la pérdida de puestos de trabajos a gran escala. El ejemplo más cercano es el de Pepsico, donde el Gobierno no solo avala despidos sino que también reprime a los trabajadores.

En este sentido creemos que la banca debe operar como una banca estatal única que concentre el ahorro nacional bajo el control del pueblo trabajador, para terminar con la especulación financiera, y orientando los recursos en función de las necesidades sociales, y con créditos a tasas bajas para que trabajadores, cuentapropistas, y microempresas puedan financiarse sin hipotecar su vida en el intento.