Cárceles en Argentina: Más motines y muertos

El 4 de noviembre de 2007 se desataba un motín en la Unidad
Penitenciaria N° 1 de Santiago del Estero, cárcel con capacidad para
200 reclusos donde convivían, en condiciones extremas de
hacinamiento, más de 460 presos, la mayoría de ellos sin condena
firme. La protesta tenía como ejes la aceleración de las causas de
los detenidos, mejoras en la alimentación y en el trato a las
visitas, y derivó en una quema de colchones en el pabellón 2. Como
en Magdalena, mientras los agentes del servicio penitenciario
provincial reprimían y dejaban encerrados a los presos, 34 de ellos
murieron por inhalación de los gases que se desprendían de los
colchones.

En las inmediaciones del penal, los familiares que se
acercaban en busca de información fueron reprimidos con gases, palos
y balas de goma por el Grupo Especial para Tareas y Operaciones de
Alto Riesgo (GETOAR), de Infantería, de la División Canes y de
distintas comisarías apostados allí para que no se altere el
sacrosanto "orden".

Desde el gobierno provincial se argumentó que el motín se originó
tras un intento de fuga alertado por los penitenciarios y que los
presos, enfurecidos, "prendieron fuego todo a su paso, cayendo ellos
mismos en una trampa mortal", según las declaraciones del juez
Ramón Tarchini. Los familiares de las víctimas denunciaron que fue
el propio SPP quién tras una violenta requisa mandó a los presos del
pabellón 2 a los baños e iniciaron el fuego que ocasionó las muertes.

Desde entonces, se produjeron en la Unidad Penitenciaria N° 1
distintos motines menores provocados por el incumplimiento de las
mejoras en las condiciones de detención. El 5 de diciembre, un
recluso prendió fuego su colchón (que no han sido cambiados por
ignífugos, pese a la reciente masacre) y diez de sus compañeros de
pabellón debieron ser hospitalizados por principio de asfixia. El 12
de diciembre dos reclusos con prisión preventiva amenazaron con
arrojarse al vacío desde el techo del penal si sus causas no eran
debidamente analizadas por las autoridades judiciales.

El pasado 4 de enero, al cumplirse dos meses de la masacre, los
familiares de las 34 víctimas realizaron una marcha exigiendo
justicia y fueron provocados por policías que se desplazaban en un
móvil. Los entredichos terminaron en represión, con mujeres heridas
por golpes de culata en el pecho, palos y balas de goma.

Más recientemente, el 8 de enero, otro motín terminó con doce presos
heridos, dos de ellos en muy grave estado por la inhalación (otra
vez) de los gases que se desprendieron de los colchones. El
subsecretario de Justicia de la provincia, Ramiro Santillán,
desfachatadamente, declaró ante los medios de comunicación que "se
trató de un hecho aislado".

A dos meses de la masacre de la UP N°1 de Santiago del Estero, la
justicia provincial procesó a cuatro directivos del penal y a 12
guardiacárceles por "homicidio culposo", es decir por negligencia, a
pesar de que se comprobó que los candados del pabellón 2 no fueron
abiertos para evitar las muertes, y por "abandono de persona seguido
de muerte". Los imputados, como suele suceder cuando se trata de
funcionarios políticos o policiales, se encuentran en libertad.

Por otra parte, el 7 de enero en el penal de la localidad
santafecina de Las Flores, Claudio Díaz, de 22 años, confinado en
un "buzón", murió como consecuencia de las quemaduras que le
afectaron el 90% del cuerpo tras una quema de colchones para
protestar por las condiciones de detención que sufren cotidianamente
los privados de la libertad. En el mismo penal, también en celdas de
castigo, Gustavo Vallejo, de 20 años, sufrió quemaduras y un
cuadro de intoxicación por monóxido de carbono, y se encuentra
internado en un hospital de la capital provincial. Desde el penal,
la versión oficial sostiene que Díaz se envolvió con su colchón, se
prendió fuego, que los penitenciarios no pudieron hacer nada para
evitar las graves quemaduras y que la investigación -que
seguramente determinará que se trató de un suicidio- estará a cargo
de la sección Homicidios de la policía provincial.

Once días después de la masacre de Santiago del Estero, Néstor
Kirchner dijo, durante el último tramo de la demolición de la cárcel
de Caseros -inaugurada en 1979 por Videla-, que "el mejoramiento
profundo del sistema penitenciario argentino" es una de las
asignaturas pendientes que le legará al gobierno de su esposa
Cristina Fernández. Seguramente, al finalizar el mandato de
Kristina, la situación en las cárceles de todo el país seguirá
siendo una "asignatura pendiente" que deberá resolver, como siempre,
el próximo gobierno.