Carlos Rosenkrantz, el nuevo cortesano elegido por Macri

Su experiencia en la defensa de corporaciones y sus posiciones sobre las leyes de impunidad y el derecho a huelga fundamentan la elección de Cambiemos para encumbrarlo en la Corte Suprema.

Carlos Rosenkrantz asumió ayer al mediodía su cargo en la Corte Suprema de Justicia. Finalmente el máximo tribunal cuenta con los cinco miembros que marca la ley. Al igual que Horacio Rosatti, Rosenkrantz fue designado por el presidente Macri a poco de asumir al frente del Ejecutivo nacional, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia.

Dado el rechazo que provocó la medida, el presidente envió los pliegos de ambos postulantes al Senado. La Cámara Alta los aprobó el 15 de junio pasado y con la jura de Rosenkrantz ayer se terminó de configurar la Corte delineada por el macrismo a dedo y legitimada con los votos del Frente para a Victoria.

Personal idóneo

Carlos Fernando Rosenkrantz nació el 28 de octubre de 1958. En 1983 terminó la carrera de abogacía en la Universidad de Buenos Aires. Luego hizo un Magister en Derecho y se doctoró en la Universidad de Yale. Fue Becario de la Comisión Fulbright, de la cual fue miembro durante los años 2013 a 2015. En 2016 recibió el Premio Konex a las Humanidades de la Argentina, en la disciplina "Teoría y Filosofía del Derecho".

Hasta ser designado como juez de la Corte se desempeñaba como rector de la Universidad de San Andrés. Antes fue profesor en la New York University, en la Richmond School of Law, en la Denver University, en la Universitat Pompeu Fabra, España y en la UBA.

En cuanto a su trayectoria política se puede mencionar su comienzo en la Unión Cívica Radical como miembro del grupo de trabajo de Carlos Santiago Nino. También colaboró con el Consejo para la Consolidación de la Democracia en el estudio de la reforma de la Constitución Nacional. En 1994 fue asesor de Raúl Alfonsín en la Convención Constituyente.

Al servicio de grandes clientes

Las críticas y cuestionamientos a Rosenkrantz no tienen que ver sólo con la forma en que fue designado. Tampoco con su perfil académico o idoneidad, sino con algunos aspectos de su práctica profesional concreta, con antecedentes de su rol como abogado que dan cuenta de su perfil ideológico y social.

“El 19 de agosto del 2016 el Dr. Carlos F. Rosenkrantz se desvinculó del Estudio y dejó de practicar la abogacía por haber sido designado Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. El breve texto acompañado de una foto del juez, corresponde al sitio del estudio jurídico Bouzat, Rosenkrantz & Asociados, fundado en 1990 por el flamante ministro la Corte y otros letrados.

Como miembro de este bufete de abogados de prestigio internacional Rosenkrantz fue abogado de grandes empresas y corporaciones: Cablevisión, Grupo Clarín, La Nación, La Rural, McDonald’s, YPF, América TV, Claro, Farmacity, además de la Entidad Binacional Yaciretá y de las provincias de Santa Fe y Corrientes.

En defensa de la Corpo

La relación con el Grupo Clarín es una de las cuestiones que más ruido hacen entre sus antecedentes. En 2011 fue denunciado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, que consideró que Rosenkrantz creó en noviembre del 2000 la ONG Asociación para la Defensa de la Competencia con el objetivo de defender los intereses del grupo multimediático. El hecho revestiría como “estafa procesal”.

La ONG de Bouzat y Rosenkrantz presentó un amparo para favorecer a Cablevisión (Grupo Clarín) que contrariaba una resolución de la Secretaría de Comunicaciones donde se declaraba la caducidad de la licencia para prestar servicios de internet y telecomunicaciones de Fibertel, firma denunciada en 2011 por haber sido absorbida por Cablevisión de manera irregular.

La única acción anterior de la ONG también había sido a favor de Clarín: “Asociación para la Defensa de la Competencia c/Estado Nacional, Ministerio de Economía s/acción declarativa”. Tal acción consistió en una queja por la fusión Telefónica-Telecom. Lógicamente no emitió palabra alguna respecto de otra fusión empresaria: la de Multicanal-Cablevisión que benefició a Clarín.

La ONG, que tenía la misma dirección del estudio jurídico, fue denunciada como falsa. La defensa de la competencia y del consumidor por las que supuestamente velaba la organización puesta en pie por el juez, en realidad no se dedicó a otra cosa más que a la defensa de los negocios del multimedios de Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto. Al defender su postulación en el Senado, Rosenkrantz reconoció que fue abogado del Grupo Clarín durante el proceso de fusión entre Cablevisión y Multicanal.

En defensa de carne podrida

Otra de las grandes corporaciones que contó con el patrocinio del nuevo miembro de la Corte Suprema es la multinacional McDonald’s. El juez intervino en la causa por la venta de comida en mal estado que produjo la intoxicación de niños en 2002 bajo el gobierno de Aníbal Ibarra.

La directora de Higiene y Seguridad Alimentaria del Gobierno porteño, Marta Barrios, confirmó la existencia de bacterias "escherichia coli" en hamburguesas de carne y pollo incautadas en locales de McDonald’s. Sin embargo, gracias al accionar del eximio letrado, la multinacional estadounidense salió ilesa en la justicia.

En este caso Rosenkrantz contó con ayuda de uno de sus socios. El entonces secretario de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Agustín Zbar, fue uno de los fundadores de su estudio jurídico. Zbar frenó la denuncia por contaminación iniciada y posteriormente tuvo que renunciar cuando se supo que era socio de Rosenkrantz, defensor de McDonald´s. Luego se supo también que Guillermina Rosenkrantz, hermana de Carlos, fue designada por Zbar en su planta de gabinete.

“Bouzat, Rosenkrantz & Asociados (Nombre del bufete desde que se retiró Zbar, antes se denominaba Bouzat, Rosenkrantz & Zbar, NdR) fue fundado por los doctores Gabriel Bouzat y Carlos Rosenkrantz en el año 1990. Los socios fundadores se han desempeñado en distintos cargos de responsabilidad en el sector público, lo que les ha otorgado una amplia experiencia en procedimientos y reclamos administrativos ante dependencias nacionales, provinciales y municipales”. Con razón el sitio web del estudio se jacta de que sus abogados tengan experiencia en la función pública. Sin dudas, tal como el caso de McDonald’s demuestra, esos antecedentes les otorgan un plus en las posibilidades la defensa de corporaciones con el que no cualquiera cuenta.

En defensa de la impunidad, contra los DDHH y la protesta

Rosenkrantz y Rosatti fueron impugnados por diversos organismos, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que preside Horacio Verbitsky. Entre los argumentos para su rechazo se encuentran sus posiciones totalmente retrógradas respecto a cuestiones como el aborto, el derecho a huelga y el juicio y castigo a los genocidas.

Rosenkrantz generó rechazo a partir de sus posiciones vertidas en un artículo publicado en una revista en el año 2007, Advertencias a un internacionalista (o los problemas de Simón y Mazzeo). Allí abordó los fallos de los casos Simón y Mazzeo y relativizó los fundamentos para declarar la nulidad de la Ley de Obediencia Debida y de Punto Final sobre delitos de lesa humanidad. Según él, el derecho internacional de los derechos humanos carece del mismo “estatus valorativo” de “nuestro derecho”. Estos fallos, por tanto, se basaban en la importación apresurada de jurisprudencia extranjera. Según denunció el CELS, “estas posiciones teóricas se contraponen con la vigencia efectiva y el desarrollo progresivo de los derechos humanos”.

Por otro lado, el magistrado sostuvo que los derechos económicos y sociales como salud, vivienda, educación, no son exigibles ante los tribunales. Opina que tales derechos no deberían estar constitucionalizados ya que "los tribunales carecen del equipamiento institucional necesario para tratar con problemas de tan largo alcance y tanta dimensión como el problema de la pobreza en una sociedad".

Por otro lado Carlos Rosenkrantz cree que "una protesta que incluya un corte (de calle, ruta, etc.) configura un delito". "En la Argentina, al menos del modo en que yo lo veo, piquetear una ruta o autopista es un delito", afirma en un artículo titulado La pobreza, la ley y la constitución. El juez niega que este tipo de protesta esté protegido por la libertad de expresión. En otras declaraciones afirmó que “la pobreza no es relevante y no puede ser usada como una razón para explicar y justificar la violación de los derechos consecuencia de la regulación del derecho privado”.

Un juez bravo

No hace falta reflexionar mucho para comprender por qué los grandes medios como Clarín y La Nación, festejaron con tanta alegría su jura y ensalzaron tanto al juez Rosenkrantz. “‘¡Bravo!’, se escuchó repetidas veces desde el público”, detalla el gran diario argentino en una nota de la edición online de la tarde de ayer, sobre las intimidades de la ceremonia.

“¡Bravo!” gritaron también los patrones precarizadores de multinacionales como McDonald´s, por el ascenso de uno de los suyos. “¡Bravo!”, gritaron las empresas por la jura de un magistrado que parece responder a la solicitud del presidente, de tirar la balanza más a favor de las patronales en vez de los trabajadores. “¡Bravo!” gritó lógicamente Clarín que no para de recibir favores y buenas señales del oficialismo.

Los trabajadores, las mujeres y la juventud, por su parte, tienen por delante otro gran enemigo declarado.