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Caso Vicentin: ¿por qué el comercio exterior no se puede dejar en manos privadas?

El Gobierno anunció la intervención de la empresa Vicentin e ingresará por el Senado el proyecto de ley de expropiación.

10 de junio

La noticia abre varios interrogantes sobre la posibilidad que tenga la empresa de funcionar una vez que haya pasado la expropiación, quién hará el aporte, qué pasará con la estafa que hizo Vicentin y si se trata de una medida qué permite regular una rama del comercio exterior.

La oposición patronal y varios empresarios cuestionaron la medida por la intromisión estatal en la empresa. Poco se dice de la estafa que cometieron los empresarios Gustavo Nardelli y Alberto Padoan.

Un debate que abre el caso Vicentin es si el comercio exterior tiene que estar en manos privadas. La izquierda plantea el monopolio estatal del comercio exterior como parte de un conjunto de medidas para evitar que se profundice la decadencia nacional.

Más deuda

El borrador del proyecto de expropiación establece en el artículo 3 que “la suma que eventualmente deba abonarse en cumplimiento del proceso expropiatorio será pagada -hasta el monto correspondiente-, con la deuda Vicentin registre ante el Banco Nación y la AFIP”.

El presidente sostuvo en una entrevista en Radio con Vos que la resolución de intervenir la cerealera representa "un enorme esfuerzo del tesoro nacional".

Además, en el artículo 3 se autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, a contraer en el mercado local o internacional, “empréstitos y/o emitir títulos de deuda pública y/o monedas complementarias a fin de abonar los saldos correspondiente al proceso expropiatorio, si los hubiere”.

La agroexportadora obtuvo un endeudamiento millonario a través del Banco Nación en la era de Macri, luego se puso bajo investigación al exdirector de dicha entidad, Javier González Fraga y a los empresarios Gustavo Nardelli y Alberto Padoan por el manejo fraudulento. A pesar de estos hechos, el Gobierno avala la estafa de la empresa con recursos del Estado y autoriza a endeudarse para concretar la expropiación. Es decir, más deuda que pagará el pueblo trabajador.

Hay investigaciones que sostienen que la empresa tuvo una política de lavado de dinero y fuga de capitales. ¿Por qué la empresa no cubre sus deudas con dichos fondos que ocultan en paraísos fiscales? De eso no dice nada el borrador del proyecto que ingresaría a la Cámara Alta e incluso el Gobierno podría indemnizar a los fugadores. No hay que olvidar que en el caso de YPF se premió a los vaciadores de Repsol con la entrega de bonos por más de 5.000 millones de dólares como indemnización.

El tema no se termina acá. En el caso de que la expropiación se concrete, un interrogante es con qué recursos operará la empresa. El periodista Jairo Straccia en Radio con Vos advirtió que Vicentin necesita para funcionar tres o cuatro inyecciones al año de 200 millones de dólares de capital de trabajo. ¿Serán fondos privados los que hagan ese aporte? Luego de la nacionalización parcial de YPF vino el pacto con Chevron para extraer hidrocarburos en Vaca Muerta, un acuerdo que incluyó cláusulas secretas, empresas offshore, y beneficios para las petroleras.

Nacionalización del comercio exterior

La falta de dólares es un problema recurrente en los países atrasados y dependientes como Argentina. En la actualidad el comercio exterior está en manos privadas. Pocas empresas concentran entre la mitad y dos tercios de las exportaciones del país, entre las que se encuentran petroleras, mineras, cereales, empresas agroindustriales, automotrices, industria, aluminio, y otras.

El agro representa un sector importante del comercio exterior. De la campaña 2018-2019 el 91 % de las exportaciones se concentraron en sólo diez grandes empresas, entre las que se encontraba Vicentin. De esas compañías hay cuatro de capital nacional y seis de capital extranjero.

La concentración se observa en el conjunto de las exportaciones argentinas. Con el desarrollo de las cadenas de valor globales, las multinacionales realizan un comercio administrado entre sus filiales. Así, a través de los precios de transferencia pueden subir los costos en las jurisdicciones de alta tributación y transferir ganancias a las casas matrices vía guaridas fiscales. También con los créditos entre las filiales ocultan el giro de utilidades hacia países con menos presión impositiva para pagar menos impuestos, como detalla Esteban Mercatante en el libro “Salir del fondo” (se recomienda su lectura para profundizar sobre el tema). La práctica de Vicentin no es un caso aislado.

La privatización del comercio exterior se profundizó desde los 90 y muchas empresas controlan sus propios puertos como Bunge, Cargill, AGD, Vicentin, y otras. Cargill tiene incluso una flota propia.

Una medida elemental para no quedar en manos de los intereses imperialistas y las turbulencias económicas sería quitar el control del comercio exterior a este grupo reducido de capitalistas.

Incluso hubo gobiernos burgueses que ante el apriete imperialista tuvieron que avanzar hacia la nacionalización del comercio exterior. Fue el caso del primer gobierno de Perón con el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI), que dejó al desnudo que las medidas quedan en la nada si no son parte de un plan de conjunto para atacar las raíces de la dependencia.

El IAPI tuvo funciones financieras, de regulación del mercado interno, comerciales entre otras. La nacionalización del comercio exterior le permitió al Estado controlar los dólares de las exportaciones agropecuarias y quedarse con la renta agraria. Pero en 1949 “pasaron cosas”, la situación internacional cambió y cayeron los precios. El IAPI cambió sus operaciones ante la presión de las patronales agrarias y empezó a otorgar subsidios. El déficit fue aumentando y avanzó la privatización hasta que se liquidó con el gobierno de facto de la fusiladora cuando ya tenía un papel secundario. Como afirma Esteban Mercantante “esto demuestra que cualquier nacionalización del comercio exterior debe ir acompañada de un avance sobre la gran propiedad terrateniente y los entramados del agropower”.

El monopolio del comercio exterior permitiría administrar los dólares que provienen de las exportaciones en función de las necesidades del pueblo trabajador y no que lo decidan los exportadores que especulan con un tipo de cambio más alto para liquidar.

Esta medida junto al establecimiento de la propiedad pública de los sectores productivos más importantes, que en la actualidad sus dueños son empresas imperialistas o grandes grupos nacionales, para que sean gestionados por los trabajadores permitiría establecer las prioridades de las importaciones o lo que se pueda sustituir por producción local. Este es el debate que es esencial abrir. Vicentin es sólo un ínfima parte del entramado del comercio exterior y no puede seguir quedando en pocas manos.

La empresa lejos de ser un caso testigo en el sector será un nuevo caso testimonial. Para terminar con la fuerte concentración de las empresas agroexportadoras hacen faltas medidas de fondo. (LID) Por Mónica Arancibia

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