¿Combate al narcotráfico? El caso del intendente de Cambiemos imputado en Paraná

En mayo del año pasado apareció una avioneta con 317 kilos de marihuana en un campo de Colonia Avellaneda, localidad vecina a Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos. La investigación que se inició en aquel momento, hoy implica una crisis institucional de envergadura en la localidad, que salpica al intendente y funcionarios municipales.

El intendente paranaense de Cambiemos, Sergio Varisco (57), irrumpió en una sesión del Concejo Deliberante de este lunes, mientras hablaba David Cáceres, edil de la oposición (FPV). La sesión se levantó ante la intromisión.

Por los hechos, la Secretaría de Información Pública del municipio emitió un comunicado en el que indica que “Varisco ratificó lo dicho ante el Juzgado y los medios periodísticos, en referencia a que ‘ni yo ni ninguno de mis funcionarios integró ni integra ninguna red de narcotraficantes, tan es así que he pedido la ampliación de la declaración indagatoria, donde valga la redundancia, voy a ampliar y aportar elementos que esclarezcan la búsqueda de la verdad’".

El intendente se defiende. El lunes 4 fue indagado por el juez federal Leonardo Ríos, que lo acusa de tener vínculos con una banda narco. “No formo parte de ninguna banda”, aseguró ante la justicia. Después de esta indagatoria que según él mismo pidió ampliar, Varisco fue imputado como "financiador del transporte y comercialización de estupefacientes" pero quedó en libertad. Debe firmar todos los viernes un libro de la Justicia Federal y no puede salir de la provincia sin avisar. La ampliación de la indagatoria tendrá lugar este jueves.

Otros dos funcionarios quedaron detenidos: el concejal oficialista Pablo Hernández y la subsecretaria de Seguridad, Griselda Bordeira. Según el sitio Análisis Digital, la acusación sostiene que el intendente, Hernández y Bordeira adquirieron al menos seis ladrillos de cocaína por la que pagaron entre 150.000 y 165.000 pesos por cada uno, para su comercialización.

El caso
El juez Ríos lleva la causa que se inició con el hallazgo de la avioneta, por la que está implicado Daniel "Tavi" Celis. El hombre es acusado de liderar la banda que contrabandeó la droga, junto a otros sospechosos. Celis se encuentra detenido desde 2016, reconocido como partícipe de un asalto cometido a la familia Tulián.

Tras el análisis de los teléfonos y otros elementos que se le secuestraron, a comienzos de mayo el juez ordenó allanar la Municipalidad de Paraná, el Concejo Deliberante y los domicilios de Varisco, su madre y otros funcionarios. A raíz de esto Ríos citó a declarar al intendente y a los detenidos, Hernández y Bordeira.

La investigación busca determinar si hubo un nexo entre al menos un concejal con el detenido Celis. Se cree que Celis manejaba el negocio del narcotráfico en Paraná desde la cárcel a través de su esposa, Luciana Lemos, apresada en casa de la capital.

En los teléfonos analizados habría conversaciones que vinculan al intendente y los funcionarios con la banda narco. El juez cree que Varisco aportó dinero que la organización liderada por Celis utilizaba para abastecerse y vender cocaína en barrios de la capital entrerriana y Concordia. Incluso se investiga si el municipio habría aportado a la "logística" a través de camiones de recolección.

Puro show
“La lucha contra el narcotráfico es una política de Estado y uno de los principales objetivos del Gobierno” sostuvo el presidente Macri en la presentación de un proyecto de ley en el marco del plan “Argentina sin narcotráfico”. Al evento en el Centro Cultural Kirchner (CCK) asistieron doce gobernadores y los principales referentes de la Justicia.

El objetivo del encuentro fue presentar el proyecto titulado “fortalecimiento de la Justicia Federal”, que prevé crear 94 nuevos cargos de jueces y 85 de fiscales en todo el país. "Ya no queremos un Estado socio del narcotráfico, un negocio que creció durante años a espaldas de un Estado que no hizo nada para pararlo", sostuvo el presidente.

Desde que asumió Cambiemos ha hecho de los operativos de las fuerzas de seguridad, los allanamientos y la quema de drogas, shows televisivos que intentan mostrar un gran trabajo del Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich. El combate al narcotráfico fue uno de los ejes con los que el actual oficialismo hizo campaña electoral. Sin embargo, el caso del intendente de Paraná muestra la vinculación íntima de funcionarios, jueces y fuerzas de seguridad con el narcotráfico, de la cual la actual gestión no es ajena. Este negocio ilegal no podría existir sin el entramado entre organizaciones criminales y quienes ocupan funciones públicas. A contramano de lo que afirma el presidente sobre el combate al narcotráfico como política de Estado, la realidad es que el gran delito no podría existir sin la participación de diferentes estamentos del Estado mismo.

El caso de Varisco no es el primero. En octubre del año pasado una investigación que seguía la vinculación entre un narco colombiano y un empresario inmobiliario argentino, amenazó con salpicar al intendente de Pilar, también oficialista. El empresario Corvo Dolcet, fue detenido por financiar sus proyectos de obra pública en la localidad bonaerense con plata proveniente del tráfico de drogas. El intendente Nicolás Ducoté quedó en el ojo de la tormenta porque habría impulsado una reforma del Código Urbano, para que pudieran llevarse a cabo los proyectos inmobiliarios de Dolcet en la ciudad con plata narco.

La investigación quedó ahí, luego de los anuncios espectaculares de Bullrich para las cámaras de televisión y no se siguió hasta el final de la "ruta del dinero colombiano".

A mediados del año pasado la ministra Bullrich aseguró que el narcotráfico en el país retrocedió cualitativamente. “Las bandas narco ya no son negocio en la Argentina”, dijo. ¿Para qué entonces, el anuncio de esta semana en el CCK?

Mientras la participación de funcionarios políticos como Varisco y de las fuerzas de seguridad en el gran delito se sostiene, Cambiemos pone el combate al narcotráfico como pretexto para militarizar el país y reforzar el control social. Entre tanto, no existen informes oficiales sobre la situación real en el país y la existencia de las bandas. Solo hay cifras que no se sabe de dónde surgen y montajes en los que el oficialismo se intenta mostrar batallando. Lógicamente, si Cambiemos avanzara en un “sinceramiento” de la situación del narcotráfico en Argentina, debería comenzar probablemente, por denunciar a intendentes de su propio espacio político como Ducoté o Varisco, este último con presuntas aspiraciones de candidatearse para gobernar Entre Ríos en 2019.