la joven de 22 años apareció muerta al costado de la ruta provincial 341, trece días después. El viernes el fiscal Diego Ávila pidió la elevación a juicio de la causa. Está imputado un electricista por privación ilegítima de la libertad seguida de muerte. También están acusados de encubrimiento el ex ministro de Seguridad provincial y tres jefes de la policía. “Ellos manejaban la seguridad de Tucumán y son los responsables de que no se sepa quién mató a Paulina”, dijo a Cosecha Roja Alberto Lebbos, el papá.
Cuando Alberto supo que Paulina no había llegado a destino salió a la calle a buscarla: recorrió las casas de las amigas y hospitales. En el camino se cruzó con los jefes policiales de la zona que estaban en medio de un operativo por el clásico: ese domingo jugaban San Martín vs Atlético. Cuando les contó lo que pasaba se desentendieron y lo mandaron a hacer la denuncia a la Regional Capital. La primera medida relevante fue el allanamiento en la casa de César Soto (el novio de Paulina): no encontraron nada sospechoso. El 2 de marzo los compañeros de la facultad y los familiares de la joven marcharon por primera vez. No había rastros de Paulina.
El 11 de marzo dos hermanos que andaban a caballo a la vera de la ruta, a 30 kilómetros de la capital, encontraron un cuerpo: estaba descompuesto, tenía heridas de arma blanca, quemaduras de cigarrillos y agujeros en el cuero cabelludo. El hallazgo fue cerca del mediodía pero el fiscal a cargo avisó después de las seis de la tarde. Alberto pudo llegar a reconocerlo después de las siete: “En ese tiempo limpiaron y desmalezaron el lugar. Las pruebas que rodeaban al cuerpo se perdieron para siempre. La policía sacó fotos que se perdieron y alteraron por completo la escena del crimen”.
El padre y el novio de Paulina se convirtieron en querellantes pero no les dejaron acceder a la causa durante siete años bajo la excusa del “secreto de sumario”. En el medio, renunció el ministro de Seguridad y el fiscal cambió dos veces. El 5 de junio de 2013 se hizo cargo de la causa un nuevo fiscal, Diego López Ávila. Veinte días después el papá de Paulina declaró por primera vez ante Ávila y denunció a “los hijos del poder”. Según Alberto, a Paulina la llevaron a una fiesta en la que estaba el hijo del Gobernador y el del secretario privado. Los acusó de ser los responsables en la muerte. Era una de las hipótesis que manejaba la Justicia.
A fin de 2013 ya había cuatro detenidos: los ex comisarios Nicolás Barrera y Héctor Brito, y Maximiliano Gallardo y Luis Gómez (usaron el celular de Paulina el día que desapareció). También condenaron a tres ex policías de la comisaría de Raco (Enrique Antonio García, Manuel Exequiel Yapura y Roberto Oscar Lencina) por encubrimiento. Habían hecho un informe sobre el rastrillaje que hicieron buscando el cuerpo pero personal de la Dirección de Vialidad Provincial desmintieron la versión y había lugares en donde nunca habían estado. Uno de ellos, era donde apareció el cuerpo.
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Cuando mataron a Paulina, cursaba tercer año de la carrera de Comunicación Social en la Universidad Nacional de Tucumán. Quería ser periodista. Tenía una hija de 5 años con César Soto. Se habían conocido a fines de los noventa en la escuela de comercio Nº1. Cuando ella quedó embarazada los padres no la dejaron ir a vivir con él, no se llevaban bien. El día que Paulina desapareció la nena estaba con los abuelos y, según el diario La Gaceta, nunca volvió a ver a Soto. Hoy la tenencia está a cargo de una hermana de Paulina.
Alberto marchó cada martes pidiendo justicia por Paulina: fueron más de 400 movilizaciones. La de este aniversario empezó ayer en la Facultad de Filosofía y Letras (en donde estudiaba): los amigos, docentes y estudiantes la homenajearon inaugurando una placa en su memoria. Hoy a la mañana hubo un acto en la plazoleta donde la vieron por vida la última vez y, a la tarde, hubo una movilización e intervenciones artísticas: lectura de poesía, una exposición audiovisual, danza, serigrafía y bandas de música.
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