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El narcotráfico hace estragos en nuestro país. Y no es una frase efectista, sino la más pura realidad actual. Argentina, que se consideraba lugar de tránsito hace no muchos años, ahora es parte directa de la producción y comercio de estupefacientes. Eso que tanto se temía hace sólo un par de décadas, finalmente ha sucedido.
La droga ha copado los lugares de poder más insospechados y se ha enquistado en muchas de las provincias del país, corrompiendo a la clase política vernácula.
Es evidente -duele decirlo- que no será sencillo erradicar este flagelo. Muchos políticos, en lugar de combatir el comercio de drogas, viven de él. No pocos jueces protegen el negocio y los legisladores no avanzan en una normativa que permita actuar de manera contundente. Nuestros hijos serán los que padecerán las consecuencias de esta enorme irresponsabilidad, no hay dudas de ello.
Muchos creen las drogas son un problemas de otros, que sólo debe preocuparse aquel que vende y, eventualmente, el que consume. Pero no es tan sencillo. La droga corrompe, genera violencia y deja muerte a su paso.
Los coletazos de lo antedicho es lo que hoy sucede en países como Colombia, modelo al que nos dirigimos indefectiblemente. Comienzan a aparecer en nuestro país los síntomas de lo antedicho: guerra de cárteles, enfrentamiento entre bandas y muerte a manos de sicarios.
La línea blanca
En el marco descripto, en Salta ha sucedido un hecho gravísimo, que muestra a las claras la batalla que se viene en lo que a narcotráfico respecta. El día 21 de septiembre pasado, fue asesinada de siete puñaladas una mujer llamada Liliana Ledesma en la localidad salteña de Salvador Mazza. Para los medios y la gente en general, sólo era una vendedora de huevos de 39 años, pero en realidad se trataba de una informante de gendarmería nacional en temas de drogas (1).
Lo que podría parecer un hecho policial más, no lo es, aún cuando el secretario de Seguridad de Salta, Gustavo Ferraris, sostuvo que se trató de un hecho policial que nada tiene que ver con la política.
Las palabras de Ferraris en lugar de tranquilizar, preocupan, más aún cuando, días antes de ser asesinada, Ledesma había denunciado en una entrevista radial que un diputado justicialista llamado Ernesto José Aparicio había cerrado caminos vecinales en Salvador Mazza con el objeto de liberar una zona para el tráfico de drogas.
Esta muerte no sólo fue planificada por gente involucrada al narcotráfico sino que se intentó dejar un mensaje mafioso a aquellos que tengan la mínima intención de denunciar este tema a futuro, la boca de Ledesma fue tajeada de arriba abajo, en señal de silencio.
Liliana Ledesma era viuda de Gilberto Villagómez, un ciudadano oriundo de San José de Pocitos (Bolivia) que tenía antecedentes por drogas y que apareció muerto a bordo de su automóvil acribillado a balazos en el barrio Norte de la ciudad fronteriza. A partir de ese momento, Ledesma fue convocada por la gendarmería para colaborar en temas de narcotráfico, lo cual la transformó en virtual informante de esa fuerza.
Aunque el crimen de su marido jamás fue esclarecido, en los últimos tiempos Ledesma había asegurado públicamente que el responsable de su asesinato era el anteriormente mencionado Ernesto Aparicio, el mismo que aparece ahora como sospechoso por su propio crimen.
No es menor el dato de que, horas antes de aparecer acuchillada, Ledesma haya discutido fuertemente con María Gabriela Aparicio, hermana del legislador señalado. Así, al menos, lo han sostenido los testigos del hecho, lo cual produjo que esta última fuera detenida de inmediato.
Gabriela Aparicio admitió haber estado en el lugar del hecho, pero negó estar involucrada en el crimen de Ledesma. En ese sentido, declaró a la policía que un sujeto desconocido salió de entre las sombras y acuchilló a la mujer.
Para uno de los hermanos de Liliana, Jesús Ernesto Ledesma, a Liliana la asesinaron porque protestaba contra la familia Aparicio por el corte de los caminos a nuestra finca, en la zona de Ipaguazú, 25 kilómetros al Este de Salvador Mazza, en un gesto arbitrario e incomprensible pero enmarcado en una actitud de guerra que se viene extendiendo desde hace 30 años y que toda la gente de esta zona conoce perfectamente.
Todos los caminos conducen a Aparicio.
Aparicio ¿hombre de Romero?
Ernesto Aparicio es un político justicialista, que llegó a su punto máximo cuando fue electo diputado provincial. Siempre fue una figura controversial y su actividad la desarrolló en Salvador Mazza ciudad fronteriza con Bolivia, puerta de entrada de la droga que llega del vecino país.
Según cuenta el periódico Copenoa, un día Aparicio se autopostuló para presidir la Cámara de Diputados con intenciones de desplazar al ya eterno y fiel Santiago Godoy ... Desde ese momento, quien era un diputado sin mayor trascendencia, comprendió que los pasados pueden estar quietos pero eso no implica que oportunamente pueden despertarse.
Lo que siguió fue un vendaval que tuvo su origen en Salvador Mazza y repercutió en la capital salteña: testimonios, relatos e historias que vinculaban al diputado Aparicio con el peor de los delitos e inclusive con asesinatos. Aparicio tuvo que admitir que estuvo preso por contrabando aunque pretendió minimizarlo reduciéndolo a chucherias, como algunas pilas según sus propias palabras. Jamás se atrevió a hablar de drogas.
A esta altura, muchos han comenzado a preguntarse ¿Existe alguna relación entre Aparicio y el gobernador de Salta, Juan Carlos Romero?
Aunque Romero intenta despegarse del legislador justicialista, el propio Aparicio afirma ser militante en su facción partidaria y haber trabajado con su padre, el ex gobernador Roberto Romero.
A su vez, Copenoa cuenta una curiosa anécdota que afianza esa relación: Hace un tiempo, Aparicio calificó de leonino el contrato de concesión que la provincia firmó con aguas de Salta aunque atribuyó los males de los usuarios a la letra chica del contrato y sostuvo que no se podía rescindir el mismo por que ello implicaría un juicio de la empresa con la provincia.
A muchos no les pasó desapercibido que Aparicio obviara que dicho contrato -al que el calificó de leonino-, tiene la firma del mismísimo gobernador Juan Carlos Romero y que nadie firma un contrato leonino salvo que orille la estupidez o este imbuido de intereses muy particulares y demás esta decir que nadie osaría calificar ni pensar en la máxima autoridad provincial como integrante del círculo de la estupidez.
Aparicio es un hombre de mucha fortuna en Salta y muy temido por sus opositores. Existen elocuentes sospechas sobre él por su supuesta relación con el tema droga, la cual se refuerza a través de su relación con un personaje llamado Reinaldo Castedo, alias Delfín, que estuvo vinculado a varios hechos de tráfico de drogas, uno de ellos públicamente conocido: la célecre Operación Carbón Blanco II en junio de 2005.
La mencionada fue una de las operaciones de narcotráfico más grandes que hubo en nuestro país y se realizaron detenciones en esta Capital Federal, Gran Buenos Aires, Chaco, Misiones y Valencia, España.
No casualmente, Jesús Ernesto Ledesma, hermano de la fallecida Liliana, aseguró que hay que demostrar ante la justicia la responsabilidad de Aparicio y de Reinaldo Delfín Castedo en el crimen.
Romero, el hombre
La Argentina es Estados Unidos o la Argentina es Colombia. Si es Colombia, yo me voy. Esas explosivas declaraciones fueron efectuadas por el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo el día miércoles 23 de noviembre de 1.994 refiriendose a la ley de correos que había obtenido media sanción en la Cámara de Senadores a mediados del mismo mes y que facilitaba el transporte de elementos prohibidos, como las drogas.
El proyecto, a medida de los narcotraficantes, había sido impulsado insistentemente por los senadores Eduardo Vaca y Juan Carlos Romero, lo cual generaba grandes sospechas a los organismos de lucha contra las drogas. A partir de ese momento, Romero comenzó a ser investigado por la DEA, quien presumía que el gobernador de Salta tenía estrecho vínculo con la comercialización de estupefacientes (2).
Su nombre aparecía en muchos de los escándalos de drogas vernáculos y eso irritaba los nervios de los agentes norteamericanos. Por caso, en el marco del Yomagate del año 91, Romero fue sindicado de ser una de las personas que entregaba paquetes con supuesto contenido de drogas al secretario personal de Eduardo Duhalde, Alberto Bujía que luego se comercializaban en la provincia de Buenos Aires.
Bujía afirmaba que esos paquetes eran cajas de cigarrillos importados y perfumes franceses para importantes caciques del peronismo, aunque en privado admitía que eran estupefacientes. Su extraña muerte en marzo de 1991 jamás permitirá saber la verdad.
Otra vez la pregunta ¿Existe relación entre Aparicio y el gobernador de Salta, Juan Carlos Romero?
Concluyendo
La muerte de Liliana Ledesma es el puntapié inicial de lo que se verá en los próximos meses: guerra entre bandas y más muertes ocasionadas por sicarios. Así al menos lo aseguran agentes de gendarmería y otras fuerzas que trabajan en la zona de Salvador Mazza y que hoy en día se encuentran furiosos por lo sucedido.
Ellos saben qué hay detrás de todo esto y no descansarán hasta hacer caer a ciertos personajes involucrados en el submundo de los estupefacientes. Esperan tener el respaldo necesario para avanzar.
¿Lo tendrán? Es difícil saberlo. Nadie entiende, por caso, por qué Delfín Castedo se mueve con tanta impunidad. O quién sostiene a su socio, el abogado Carlos Salvatore, un hombre que posee un patrimonio interesante (3). "Es abogado de narcotraficantes y la clave para entender todas las conexiones", aseguró esta semana un investigador a quien escribe estas líneas.
Mientras tanto, docenas de chicos mueren todos los meses a causa de los efectos de las drogas. A nadie le importa. Algún día serán sólo parte de alguna estadística, nada más.
En qué terminará todo esto es difícil saberlo. Hoy en día vienen a la cabeza de este periodista las palabras que el subcomisario Luis Weckesser le dijera hace muchísimos años: "el narcotráfico es la tercera guerra mundial". Vaya si era verdad...
(1) Esto fue confirmado por fuentes de gendarmería de Salta a quien escribe estas líneas.
(2) La DEA también sospechaba de su padre, Roberto Romero, quien había sido sindicado en distintas publicaciones como narcotraficante y lazo entre la Argentina y la mafia ítalo-yanqui. Romero padre murió en un raro accidente ocurrido en Brasil.
(3) Salvatore es flamante dueño del tradicional restaurante Katrine, en Puerto Madero, posee ocho edificios y adquirió varios campos a productores endeudados. Continua
Texto completo del articulo en archivo adjunto “DROGAS Y MUERTE EN SALTA)”
Fuentes:
El Tribuno de Salta
Colectivo periodistico NOA (Copenoa)
"La larga sombra de Yabrán", 1998 - Editorial Sudamericana
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