Declaración. Jujuy: escandalosos juicios contravencionales contra el docente Andrés García y otros manifestantes

Compartimos declaración del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos frente a la persecución que vienen sufriendo distintos referentes sociales, sindicales, de derechos humanos y políticos en la provincia de Jujuy.

Como parte de muchos casos de juicios penales y contravencionales, desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), hemos asumido la defensa de Andrés García junto a Lorena Mamani, abogada del sindicato Cedems. Andrés es docente, prosecretario gremial de Cedems, gremio que agrupa a los profesores de nivel medio y superior de Jujuy.

Como a muchos y muchas se lo acusa de haber sido parte de los hechos ocurridos el 20 de junio en las proximidades de la Legislatura jujeña, día en que radicales y peronistas juraron la Reforma Constitucional impuesta por Gerardo Morales en medio de una fuerte represión a los manifestantes. Miguel Ángel Ramos de ATD, Ivone Aparicio de MTE, Alí Peralta de OLA, Gonzalo Maurín de Nuestra América, Romina Canchi de CTA Autónoma, son algunos de los referentes sociales y sindicales perseguidos.

Desde ya que los videos de "prueba" no muestran nada de la brutalidad policial, que incluyó, además de balas de goma, la fractura de cráneo de un manifestante que tuvo que ser intervenido de urgencia para salvar su vida. Obviamente que esto es así: las pruebas son presentadas en estos casos por la propia policía.

Además de esto, la "prueba" y acusación sobre García es por demás escandalosa. En ellas se ve un video donde a García se lo encontraría en la movilización, una foto de él allí.

Con esas "pruebas en la mano" la acusación desprende que García fue parte de los siguientes hechos: "Las personas conformaron esta reunión tumultuaria, desbordaron el cordón policial, irrumpiendo las filas de los efectivos, que se encontraban apostados en puente Gorriti y Av. Yrigoyen -Av. 19 de abril y Canónigo Gorriti, agrediéndolos con palos, piedras, bombas molotov y diversos elementos contundentes, obligando a las filas policiales a retroceder hasta calle Canónigo Gorriti altura ingreso principal de la legislatura. De esta forma, los presentes avanzaron sobre el predio, provocando en la propiedad daños y destrozos, como así también, realizaron saqueos y destrucción de vehículos, incendiándolos y realizando actos vandálicos, como así también irrumpieron en el interior de la legislatura ocasionado daños y rupturas en sus elementos e instalaciones." Insólito. Por más que no se vea nada de eso y se oculte la represión, según el Departamento Contravencional de Jujuy, García fue partícipe de todos esos hechos, incluyendo lo que el gobierno de Morales llama "intento de quemar la Legislatura". El Ejecutivo con la policía y su Departamento Contravencional son los encargados de la acusación, la prueba, luego decide el juez nombrado por el gobernador.

Ya la propia fiscalía provincial (fuero penal) cuando realizó detenciones arbitrarias de 9 personas intentó llevar adelante este absurdo, una acusación excéntrica. Imputaron a varias personas por la supuesta quema de una oficina de la Legislatura, aunque ninguna de ellas estuviera allí. Según el fiscal, el conjunto de quienes estaban en la marcha fueron "coautores" de todos los hechos, aunque no hayan tomado participación. Como si se tratara de un plan donde cada uno hizo algo para que se den hechos en los que no participaron. Aberrante.

El llamado "derecho penal de autor" no existe en nuestro país. Se persiguen y eventualmente penan hechos, actos, y no personas.

Aquí la justicia contravencional se emparenta y acusa a García y a muchos otros de todos esos hechos, sin ser parte. El colmo de esta historia "policial" es que no hay un solo identificado por lo sucedido en la Legislatura, por lo que todos son parte de un hecho anónimo. De hecho, hasta el vicegobernador declaró que no existieron "daños significativos". Esta es la Justica de Morales. Persecución y criminalización de la protesta.

Es decir, se pretende condenar a García a la pena que llegaría a los 2.5 millones de pesos y/o 80 días de trabajo comunitario basándose en una foto y un video con paneos generales de la manifestación.

Por otra parte, estamos frente a un caso de "justicia" super exprés. El viernes 4 de agosto García se notificó de la acusación. Se nos permitió como sus abogados ver la causa. Para este viernes, una semana después, se espera una audiencia, la primera, en la que tendrá derecho a defenderse, se verán las pruebas, podrán presentarse testigos y muy probablemente se fallará en el acto. Hay otros casos donde posiblemente también se actúe de esta manera, sobre todo, contravenciones relacionadas con los hechos del 20 de junio.

La Reforma de Morales y el PJ le dio rango constitucional a esta aberración llamada "Código Contravencional. En la misma, se planteó el carácter sumarísimo que podrían tener los juicios contravencionales por manifestaciones en casos de flagrancia. Esto que se pretende aquí va un paso más allá, tratándose de juicios más que sumarísimos sin flagrancia alguna.

Morales tuvo una derrota política, el repudio popular, para imponer su Reforma intenta imponer la persecución y criminalización de la protesta, con ataques como estos. No olvidemos que también volvieron los descuentos a los y las docentes, como un intento de disciplinamiento.

Es necesaria una campaña nacional contra este tipo de atropellos y juicios, totalmente inconstitucionales e ilegítimos. Los que reprimieron al pueblo ese día y el 16 y 17 en Abra Pampa y Purmamarca, donde 4 personas perdieron un ojo, siguen impunes. Los que pelearon contra una Reforma totalmente ilegítima son acusados. Al mismo tiempo, apoyamos a los y las docentes y municipales que sufrieron descuentos, que repudiamos, y a los miembros de las Comunidades Originarias que persisten la lucha por sus derechos, con una delegación en Buenos Aires que está siendo sometida al maltrato del gobierno de Larreta y al desinterés total del gobierno nacional.

Necesitamos impulsar la denuncia de este caso y de todas las personas a las que se les quiere imputar delitos con este código nefasto o con el Código Penal, hasta lograr el cierre de todas las causas y sea derogado el "Código Contravencional" nacido durante el gobierno de Fellner (PJ), utilizado por Morales. Expresa el comunicado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos de Jujuy.

Foto/Juan Burgos