Demasiados sospechosos y pocos amantes de la verdad

La muerte del fiscal especial de la causa AMIA, Alberto Nisman, alteró la habitual modorra política del mes de enero en Buenos Aires, conmocionó a la sociedad y aceleró las turbulencias, que eran previsibles en el último año del kirchnerismo en el poder.

El acontecimiento no impactó solamente en el gobierno, la oposición fragmentada, sin un rumbo definido, tampoco acierta a encontrar un lugar donde pararse frente a esta crisis. En realidad, Argentina por cualquier cimbronazo local o externo, gira en círculo y termina en un punto similar al del 2001: su clase dominante es un cambalache, tal como esa dolorosa percepción de Discepolín plasmada en un tango durante el Siglo XX. Su matriz productiva es cada vez más primaria y dependiente de los avatares del mercado mundial, los laureles que supo conquistar fueron corrompidos por los tiempos grises.

Nisman murió horas antes de fundamentar ante la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados una grave acusación contra la presidenta Cristina Fernández y otros personajes del gobierno en el marco de la investigación del atentado a la mutual judía (AMIA), ocurrido 20 años atrás.

Los atentados en la embajada de Israel (1992) y de la AMIA (1994), este último entre los mayores de la posguerra contra la comunidad judía y el más cruento registrado en el país, dispararon desde el primer instante una sucesión de disparates en la investigación, anillo al dedo para operaciones de ocultamiento. Innumerables escándalos, que a lo largo de dos décadas involucraron a la Policía Federal y la Bonaerense, a los llamados Servicios de Inteligencia, a jueces y fiscales, funcionarios de cada uno de los gobiernos y hasta bichos de todos los colores, que lucraron con el dolor de los familiares y amigos de las víctimas. Cuando la causa llegó a juicio, el Tribunal Oral la calificó de mamarracho y el juez, Juan José Galeano, fue procesado por varios delitos, entre ellos pagar un soborno de 400 mil dólares, con fondos de la SIDE, a Carlos Telleldín, el único imputado, para que dijera lo que había que decir, en consonancia con la orientación oficial.

Néstor Kirchner, en tren de emprolijar la herencia recibida, designó a Alberto Nisman al frente de una fiscalía especial, con oficinas, personal y presupuesto para una nueva investigación. Kirchner le presentó al fiscal a su hombre de confianza en la ex SIDE, ahora Secretaría de Inteligencia (SI): el ingeniero Antonio “Jaime” Stiusso, un “pesado” de las oficinas de la calle 25 de Mayo. Nisman, que fue considerado por el kirchnerismo como tropa propia, pero tomado con pinzas por sectores de la colectividad judía, fragmentada por años de frustraciones en la búsqueda de la verdad, con sus dirigentes manipulados y hasta comprados por los distintos gobiernos, apuntó su actividad hacia la llamada pista iraní. Esto es: las evidencias que probarían que el atentado a la AMIA fue obra de una rama de Hezbollah, con la participación de algunos personajes de la embajada de Irán en Buenos Aires. Esta acusación a los iraníes contaba, según fuentes judiciales, policiales, diplomáticas y hasta del propio gobierno, con pruebas contundentes, pero enfrentaba la férrea resistencia de Teherán para facilitar el testimonio de sus peones o alfiles señalados en la causa.

Luego de años de estancamiento, el canciller Héctor Timerman propone, de la noche a la mañana, un Memorándum de Entendimiento con Irán, que permitiría destrabar la negativa iraní para indagar a los imputados. El gobierno impone su mayoría automática para aprobar a libro cerrado, casi sin debate en el Congreso, el acuerdo firmado en Etiopía el 27 de enero de 2013. A duras penas superó el rechazo de la oposición en el Congreso y de la mayoría de las organizaciones de la comunidad judía. La urgencia argentina no fue correspondida por los iraníes, que no ratificaron el acuerdo sin dar explicaciones públicas, aunque trascendió que lo hacían porque no se había logrado el objetivo que pretendía Teherán que era levantar las alertas rojas de la INTERPOL, que impedían la libre circulación mundial de los acusados por Argentina como partícipes del atentado. Mientras tanto, en Buenos Aires se declaró la inconstitucionalidad del Tratado, en fallos de primera y segunda instancia, controversia que continúa en la Cámara de Casación, que debe resolver la apelación de la Cancillería. En realidad el Memorándum está muerto.

Fue el periodista Pepe Eliaschev quién advirtió, en octubre de 2011, más de dos años antes, sobre las tratativas secretas que encaraba el canciller Timerman con Irán, lo que fue en ese momento desmentido rotundamente por el funcionario argentino.

El 12 de enero, el fiscal Nisman interrumpe sus vacaciones y regresa a Buenos Aires para formular su denuncia contra Cristina Fernández, Timerman y otros personajes vinculados al gobierno. La presentación de Nisman, unas 300 fojas (5000 horas de escuchas telefónicas), se puede leer en la web de la Suprema Corte. Hasta aquí una historia.

Crimen y política

Miguel Bonasso cuenta en su libro Lo que no dije en Recuerdo de la muerte, el final del prefecto Héctor Fevres (a) Selva. Fevres estaba procesado desde 1998 y preso en una celda VIP en la Prefectura Naval de Tigre por su destacada participación en secuestros, torturas y robo de bebés durante la dictadura militar. El temible torturador, según lo describen los sobrevivientes de la ESMA, apareció misteriosamente “suicidado”, en las vísperas de la sentencia que iba a dictar el Tribunal oral que lo juzgaba. Pocos días antes le había mostrado una carpeta a un amigo, diciéndole que ella era su seguro de vida. Todo indica que no le sirvió.

“La causa, en manos de la jueza Sandra Arroyo Salgado, no ha prosperado, como no ha prosperado ninguna investigación criminal en el Río de la Plata desde el envenenamiento de Mariano Moreno. A pesar (todo hay que decirlo) de que la doctora Salgado tiene estrechas relaciones con la SI (Secretaría de Inteligencia) y su esposo Alberto Nisman es el famoso fiscal del caso AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina), afirma Bonasso. //1//

Paradojas de la vida, hoy la jueza Arroyo Salgado está del otro lado del mostrador, querellante en la causa, demandando justicia y esclarecimiento por la muerte del padre de sus hijas. No acepta la inicial y casi infantil versión del suicidio y pide repetir la autopsia con perito de parte y nuevas pericias.

Pero a esta altura la muerte del fiscal es un terremoto político y no solamente para el cristinismo, que aparece a una simple lectura como el principal sospechoso por la muerte de Nisman, sino para todo el arco político, en un año de elecciones generales. El espanto, pareciera que los unifica en tirar palos de ciego.

El gobierno, que tiene un buen entrenamiento para tratar de alejarse de los problemas en lugar de enfrentarlos –así es como falsificó las estadísticas públicas nacionales para resolver la inflación y la pobreza– frente a este hecho, se transformó en comentarista vía redes sociales. Por una carta colgada en Facebook, la presidenta se sumó rápidamente a la tesis del suicidio de Nisman, indagando sobre los motivos psicológicos que habrían llevado al fiscal a tomar esa decisión. Todos los voceros gubernamentales y los medios kirchneristas repitieron el mismo libreto en tonos diversos. Hasta que una segunda carta, sin mediación, pasó a la teoría del asesinato de Nisman y a señalar un posible autor mediato: Stiusso, el hombre de confianza de su marido. ¿Qué cambió? ¿Avances fundamentales en la investigación? Nada de eso. En un país entrenado durante más de dos siglos en asesinatos políticos por mano propia o por motivos pasionales prefabricados, las encuestas mostraban que el 85 por ciento no creía en nada de lo que se decía y difícilmente vuelva a creer.

Los Servicios

Los servicios de inteligencia, que tienen una larga y nefasta historia en el país, nunca fueron “intervenidos” por el poder civil en 32 años. Tampoco fue reformada la policía militarizada heredada de la Dictadura (la nacional y las provinciales), que son los principales administradores del delito en el país, siempre asociados con los punteros (facilitadores políticos) de turno.

Desde el retorno al Estado de Derecho en 1983 hasta ahora, cada gobierno siguió el mismo protocolo. Raúl Alfonsín, modificó la cúpula de la SIDE, echó un millar de agentes y puso en su lugar a partidarios. Los cesanteados se dedicaron a sabotear al gobierno y los ingresados fueron asimilados a los procedimientos de la agencia, espiar a propios y extraños, pagar periodistas, conspirar con los Carapintadas y tareas diversas. Carlos Menem, echó a algunos de los radicales e incorporó a los suyos, entre ellos reingresaron varios de los desplazados por Alfonsín. Más tarde tuvo que hacer otra limpieza, por el levantamiento de Mohamed Alí Seineldín en diciembre de 1990. Fernando de la Rúa dio de baja a 903 servicios y puso los suyos; en el comando de la SIDE a su amigo el banquero Santibáñez. Conocemos el final: le “batieron” los millones que salieron para el pago de los sobornos al Senado. Y así en lo sucesivo. Un tema sobre el que se ha escrito mucho, hay basura pero también trabajos serios y documentados.

Para Rolando Astarita no tiene sentido proponer el desmantelamiento de los Servicios, porque son inherentes a la estructura del Estado en el capitalismo, entonces habría que convivir con ellos hasta el final. Sin embargo, quienes pensamos que no hay barreras infranqueables entre reforma y revolución, la cuestión de la democratización policial y de las fuerzas de seguridad, es una tarea urgente, por lo que se podrían discutir algunas medidas (hay buenos especialistas en el país y mundialmente, a ellos nos remitimos, entre los que se destacan los trabajos de Alberto Binder y su equipo). Pero lo principal es la decisión política de controlar y aplicar las leyes.

Sin embargo, para la mayoría de las fuerzas políticas sólo caben las consignas abstractas. Peor aún: los que, por las preferencias electorales, podrían gobernar en el próximo período sólo aspiran a la continuidad de la actual estructura, con los maquillajes de siempre. Junto al clientelismo, los servicios constituyen la garantía de la “gobernabilidad”. Se trata de repetir el viejo cuento: cambiar los mandos, un “Jaime” amigo, poner un poco de soldados propios y la rueda de la fortuna comienza a producir para el debutante. Porque en definitiva piensan que la herramienta sirve y concretamente los fondos reservados, que no necesitan justificarse en la contabilidad pública, son una caja a disposición del presidente de la República para hacer política o acrecentar su patrimonio. Pagan por ello, habitualmente, un precio demasiado caro. Cuando hay una fisura interna, le pisan un callo a algún pesado, salta la liebre. Y las preciadas carpetas con la vida y obra de los otros (enemigos, adversarios y hasta allegados) comienzan a circular con mi propia vida, la de mi familia y las cuentas y todas las propiedades compradas con la mordida.

Por ello no está en los programas políticos poner fin al presidencialismo monárquico (que es uno de los grandes males de este país desde que existe el Estado) y luchar por una verdadera república parlamentaria, tirando a la basura de la historia la herencia impostada de la primera Constitución y copia de la de Estados Unidos.

El entusiasta kirchnerista de la primera hora, Gustavo Béliz, ministro de Justicia y Seguridad, denunció públicamente a Stiusso porque, según dijo, interfería en su gestión. Muchos hablaban ya de Stiusso pero muy pocos habían visto su cara. Gracias a Béliz conocimos su foto, pero el ministro salió catapultado del gabinete y del entorno kirchnerista, refugiándose en Estados Unidos, con un proceso penal aquí por revelar la identidad de un “inteligente”. Tuvo suerte de no quedar suicidado, pues como es un católico de misa diaria, nadie, pero nadie podría creerlo.

Hoy el prófugo es Stiusso y como en las películas, puede ser uno de los próximos suicidados o infartados. Sabe demasiado, por ello una multitud de celebridades políticas y empresarias entran en pánico del sólo pensar que sea llamado a declarar en la causa Nisman y se presente.

De acuerdo a las fuentes de Bonasso, “Jaime” es agente de la CIA. Es posible, pero también que esté vinculado a varias centrales de inteligencia, todos estos nefastos personajes terminan siendo promiscuos. De todas maneras puede que protejan a un cuadro importante, es un mal ejemplo abandonarlo. Puede suceder todo lo contrario, como muestran algunas historias. La periodista mexicana Anabela Hernández, en su notable investigación sobre Los señores del narco, revela con documentos, que el ex presidente mexicano Luis Echeverría (uno de los principales responsables de la matanza de Tlatelolco en 1968) y el legendario Don Fernando Gutiérrez Barrio (jefe de la inteligencia durante todo el reinado del PRI) eran los principales agentes con que contaba la CIA en México y actores fundamentales del gigantesco operativo para el financiamiento de operaciones no autorizadas por el Congreso de EE.UU. con fondos del narcotráfico. O sea, los prolegómenos de la tragedia que hoy sufren los mexicanos. Gutiérrez Barrio, que tantos secretos atesoraba, murió súbitamente poco tiempo después de que el candidato del PAN, Vicente Fox, desplazó al PRI, que había gobernado a México durante siete décadas.

El plus de maldad para los argentinos es que no hay una sola y omnipotente central de Inteligencia. Ejército, Marina y Aeronáutica, tienen su propio departamento y su correspondiente presupuesto, al mismo tiempo que las otras fuerzas nacionales y provinciales tienen su parte. Sin contabilizar los cuentapropistas (agencias de seguridad, rastreos satelitales, etc.) financiados por los grupos económicos locales y foráneos. Vale recordar que ni durante el terror de la dictadura militar constituyeron un mando único, todos mataban y robaban, pero con autonomía funcional. Hay numerosos casos, ya en tiempos democráticos que prueban que ese aparato sigue funcionando, con el agravante de que este gobierno ha dotado al Ejército, al mando del genocida teniente general César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani de recursos inéditos para operaciones de Inteligencia. Tras el desplazamiento de Stiusso, sus amigos señalan a Milani como el verdadero hombre fuerte del SI en la actualidad y heredero de sus carpetas y operaciones ilegales.

Durante los 30 años de vigencia del Estado de Derecho, se aprobaron varias leyes de contenido democrático, que ponen límites al funcionamiento de los militares, las fuerzas de seguridad y los llamados servicios. La Ley de Defensa, Ley de Seguridad Interior y Ley de Inteligencia Nacional, constituyeron pasos positivos para desmantelar la trágicamente famosa doctrina de la seguridad nacional. Las FFAA sólo están para defender la soberanía nacional, no pueden intervenir en seguridad interior, ni en la lucha contra los narcos o el crimen organizado; la policía o los servicios no pueden espiar a los ciudadanos sin orden judicial, etc. etc. Sin embargo, la ausencia de la clase política en este campo es alarmante. La Comisión Bicameral del Congreso, encargada por la Ley de controlar a los servicios de inteligencia, sólo funcionó durante el período parlamentario de 2004, en el resto de sus 13 años de vida no elaboró un solo dictamen.

A su vez en los últimos años se registraron innumerables episodios de espionaje, infiltraciones de organizaciones sociales y políticas, seguimientos ilegales fehacientemente documentados y probados, con participación de distintas fuerzas de seguridad (Proyecto X de Gendarmería, proceso al almirante Godoy por actividades de la Marina. El jefe de gobierno de Buenos Aires, Mauricio Macri, está procesado porque lo primero que se le ocurrió como gobernante es montar su propio aparato de inteligencia, a cargo de Jorge “Fino” Palacios, un “capo” de la Policía Federal envuelto en las “irregularidades” de la causa AMIA. Una vez más se pone de manifiesto la hipocresía de la mayoría de los políticos argentinos: proclamas contra los Servicios, pero cada uno quiere tener su Stiusso propio. La presidenta para sacarse de encima a Stiusso y su banda, armó la banda de Milani.

Desgraciadamente el balance de estos años es más trágico que las infiltraciones, carpetas y escuchas telefónicas; a la desaparición de Julio López, un testigo clave de los delitos de lesa humanidad de la bonaerense, se suman en esta década desapariciones inexplicables, una dolorosa lista de luchadores sociales muertos, con torturas y “suicidios” varios.

A los pasos progresistas que se iniciaron en materia de Derechos Humanos, en la legislación y en desarmar la Corte de Justicia menemista, con Néstor Kirchner, su viuda cierra el ciclo rodeada de las peores figuras del peronismo (Insfran, Gioja, Fellner) y de otros oportunistas, jueces impresentables, con el agravante de empoderar a un genocida al frente del Ejército. La ley Antiterrorista abre la ventana y la chimenea para que se metan otra vez las fuerzas de seguridad y los militares en la política interna, que fueron expulsados por las luchas democráticas. Ahora cualquier movimiento de protesta social puede ser acusado de “terrorista”.

Por un pedido de informes del partido Verde de Alemania nos enteramos de la compra por el gobierno argentino de tecnología de espionaje de última generación. ¿Para quién? Nada se informó oficialmente aquí. Lo más seguro es que sea para restaurar a la vieja dama de la doctrina de la seguridad nacional, con el nuevo disfraz nacional y popular. Por el contrario, desde la Secretaría de lucha contra la droga se advierte que los traficantes pasan sin problemas por las fronteras y no hay radares para detectar vuelos clandestinos. Desde Economía, hacen lo suyo, al prorrogar indefinidamente el jubileo para ingresar divisas y blanquearlas sin que tener que dar explicación alguna sobre su origen.

La única salida para esclarecer la llamada causa AMIA es que la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación exija la apertura de todas las carpetas en poder de los servicios de inteligencia, que se ponga en Internet la información, a la vista de la opinión pública, todas las actuaciones realizadas desde 1994, con el nombre y apellido de cada uno de los responsables.

Política exterior y la denuncia de Nisman

Con el tiempo buenos juristas podrán opinar con fundamentos sobre la denuncia de Nisman y, específicamente, su valor como prueba para las acusaciones formuladas.

Desde el punto de vista político el eje está en el malogrado Memorándum de Entendimiento con Irán. Digo malogrado pues desde el inicio la propuesta tenía tan pocas posibilidades de prosperar como la teoría de Massera y Galtieri de que se ocupaban las Islas Malvinas, luego se arreglaba una pantomima diplomática y regresaban triunfantes con el acuerdo con los británicos bajo el paraguas protector de Ronald Reagan. El canciller Héctor Timerman encaró esta negociación con la misma candidez que lo llevó a cenar con el asesino Jorge Rafael Videla, en 1976, tal vez pensando que iba a convencerlo para que vaya hacia el lado correcto. No tuvo éxito, Videla casi terminó con la vida de su padre: Jacobo Timerman.

En esta oportunidad, el pequeño Timerman quiso ser un pícaro porteño que iba a convencer a los iraníes para que entregaran a sus principales dirigentes del régimen y con eso destrabar la causa AMIA. Tal vez nunca se entere de que los Persas cargan con 2.600 años de maniobras diplomáticas.

Asombra el silencio y la falta de iniciativas de las fuerzas progresistas en los temas de política exterior. Qué lejos están de aquel Honorio Pueyrredón, jefe de la delegación argentina en la Sociedad de las Naciones, que en octubre de 1920 se plantó ante las grandes potencias vencedoras de la Gran Guerra, para defender una diplomacia de puertas abiertas, absolutamente transparente y a la luz de los pueblos, concepto que sólo León Trotsky había formulado unos meses antes en las negociaciones de paz con Alemania en Brest Litovsk.

En los próximos años vamos a estar discutiendo los acuerdos secretos y las concesiones otorgadas por este gobierno y este Canciller a China, que acomplejarían al Julio Roca (h) que firmó el pacto con Gran Bretaña por las carnes en mayo de 1933.

Nota:
1) Bonasso, Miguel. Lo que no dije en “Recuerdo de la muerte”, 2014, Buenos Aires: Sudamericana.