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Desde Tucumán, Schiaretti intentó despegarse del acuerdo con el FMI y defendió la gobernabilidad

Fue en el marco de la cumbre de la Zona de Integración Centro Oeste de América del Sur (Zicosur). Al mismo tiempo, sus legisladores atacaron duramente a Macri en la Legislatura provincial.

17 de mayo| Daniela Valente |

Aunque el encuentro del “peronismo federal” previsto para el martes en Buenos Aires fue cancelado, varios gobernadores de ese espacio se reunieron ayer en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Allí, además de Schiaretti y el anfitrión, Juan Manzur, estuvieron los mandatarios Juan Manuel Urtubey (Salta), Sergio Casas (La Rioja), Sergio Uñac (San Juan), Miguel Lifschitz (Santa Fe) y Domingo Peppo (Chaco). También asistieron a la cumbre gobernadores de Bolivia, Chile, Paraguay y Brasil, el embajador argentino en Chile, José Octavio Bordón y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

Según trascendidos, los gobernadores mantuvieron una reunión más informal donde se pusieron de acuerdo en respaldar el acuerdo con el FMI, pero con “la misión de defender el presupuesto de las provincias” y haciendo todo lo posible para que “sea Cambiemos el que asuma los costos políticos de un próximo ajuste”. Sobre las tarifas, los gobernadores están de acuerdo en que “la política tarifaria del Gobierno es errónea”, pero admiten que “el Parlamento no tendría que legislar” al respecto.

Fue el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, quien ofició de vocero de sus pares. En declaraciones a la prensa, destacó en primer lugar que el déficit fiscal es un problema de la Nación: “Es el Estado nacional el que tiene 6 % de déficit. Las provincias sólo el 0,5 %. Por eso, hay que reducir el déficit eliminando los privilegios que tienen la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires”, dijo. A continuación, sin pronunciarse a favor ni en contra, deslindó responsabilidades del Congreso y de las provincias respecto de las negociaciones que inició el gobierno nacional con el FMI y de las consecuencias que pueda tener un acuerdo con dicho organismo. “El Gobierno nacional tiene la responsabilidad de manejar la economía del país. Es la Nación la que decidió recurrir al FMI. Nosotros no somos parte del Gobierno, ni cogobernamos”, expresó “El acuerdo por el FMI no precisa pasar por el Congreso. El Gobierno es también responsable de las consecuencias que tenga ese acuerdo con el Fondo”, agregó.

Sin embargo, el mandatario no criticó en ningún momento la decisión del macrismo e insistió con la gobernabilidad: “Hay que cuidar la gobernabilidad, porque cada vez que hay una gran crisis en el país, los que más sufren son los pobres y la clase media. Cuidar la gobernabilidad significa brindarle a quien gobierna todos los instrumentos para poder llevar adelante su programa”, dijo.

En similares términos se expresó Juan Manuel Urtubey, quien reveló que los mandatarios intercambiaron sobre “la necesidad de poder colaborar para que el Gobierno funcione y la Argentina vaya para adelante”. “Afortunadamente no hubo una fuerte corrida y es una buena noticia. No es una buena noticia que se resuelva con una tasa al 40 %”. Sobre el “gran acuerdo” al que llamó Macri, el salteño se mostró conciliador: “Lo bueno es la diversidad, pensar distinto. Personalmente, estoy ayudando al Gobierno, a pesar de ser opositor, y voy a seguir ayudando hasta el último día”, aseguró.

La Legislatura eliminó las tasas de las facturas de servicios públicos Mientras el gobernador se encontraba en Tucumán defendiendo la gobernabilidad, la Legislatura de Córdoba aprobó la eliminación de tasas de municipios, comunas y cooperativas de servicios en las facturas de los servicios de agua y energía eléctrica. El proyecto, enviado por el Ejecutivo, es uno de los requisitos que establece el Consenso Fiscal firmado por el gobierno nacional y las provincias el año pasado y que fue ratificado por la Unicameral cordobesa junto con el presupuesto 2018.

A principios de año, el Ente Regulador de los Servicios Públicos (Ersep) había emitido una resolución en este sentido, pero algunas municipalidades, cooperativas y empresas, con diversas objeciones administrativas y con presentaciones en la Justicia (incluso hay casos que llegaron al Tribunal Superior de Justicia), lograron frenar su aplicación.

En ese momento, la respuesta de los intendentes radicales fue que estaban de acuerdo con quitar las tasas de las facturas de servicios si la Provincia les coparticipaba el dinero que empezó a percibir del Fondo del Conurbano Bonaerense a partir del Consenso Fiscal. A principios de este mes, el intendente de Córdoba, Ramón Mestre (UCR), y el de Oliva, Oscar Tamis (PRO), directamente demandaron a la Provincia por $ 450 millones que plantean deberían haber recibido de esa coparticipación en el primer trimestre del año.

La ley aprobada ayer apunta a desarmar esa estrategia de judicialización, al mismo tiempo que configura un gesto demagógico por parte del gobierno al producir una falsa rebaja de las tarifas de servicios, ya que de ninguna manera se prohíbe el cobro de las tasas e impuestos que antes se incluían en la factura.

Chicanas y demagogia La sesión fue fructífera en pases de factura y chicanas varias, incluyendo cuestionamientos al mismo Macri. Desde Unión por Córdoba apuntaron directamente contra el presidente por haber “elevado el precio del megavatio de $ 32 a $ 1082, transformando servicios que son un derecho en cuestiones de privilegio”, según dijo el legislador Daniel Passerini. “Hoy estamos en un momento complejo de la Argentina por las pésimas decisiones políticas y económicas que viene adoptando el gobierno nacional, la inflación, la devaluación, y lamentablemente los objetivos de pobreza cero o que los trabajadores no iban a pagar impuestos a las ganancias no se consiguieron”, recordó.

Carlos Gutiérrez, presidente de bloque de UPC, aseguró al cerrar el debate que “el gobierno nacional, que es el único responsable, va a tener que enviar muchos proyectos de ley que van a dar cuenta de las negociaciones que mantiene con el FMI, que vendrá con las facturas que ya le conocemos al fondo y se van a tener que poner de acuerdo, porque el reflejo de esas leyes llegará a esta legislatura, como llegaron otras como el Consenso Fiscal. Hay que ponerse de acuerdo por los difíciles momentos que vendrán”. Una forma sutil de decir “nos van a necesitar para aprobar el ajuste”.

Aunque, si se habla de demagogia, la respuesta de Cambiemos superó todas las expectativas. El interbloque presentó un despacho de minoría para que se elimine Ingresos Brutos de las tarifas de servicios públicos. En realidad, la defensa del proyecto quedó en manos de la UCR y el Frente Cívico, ya que ninguno de los tres representantes del PRO asistió a la sesión.

Orlando Arduh, jefe de la bancada de la UCR, planteó en la sesión que no votarían el proyecto del oficialismo “porque no nos parece bien que autoricen al Ersep a que dé las tasas al municipio, o no”. “Si quieren tener baja de tarifas, que saquen los Ingresos Brutos y autoricen a los municipios a que paguen la energía al mismo costo que paga Epec a Camessa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico)”, sugirió.

Laura Vilches, legisladora del PTS-FIT, rechazó el proyecto del oficialismo por considerarlo “puro maquillaje”. “La población no está preocupada por cómo se facturan las tarifas de servicios sino por los montos altísimos de las mismas. La salida tampoco es congelarlas por un tiempo ni retrotraerlas a los montos del año pasado, convalidando los aumentos previos. La única salida de fondo para las tarifas y para los servicios públicos es la nacionalización y estatización integral de las empresas privatizadas de servicios públicos y de transporte, sin pago, para ponerlas a funcionar bajo control y gestión de trabajadores y organizaciones de usuarios”. (LID)

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