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“Diálogo social” contra los trabajadores

Hoy comienza el “Diálogo para la producción y el trabajo”. La convocatoria fue realizada por decreto la semana pasada como parte de las maniobras para descomprimir los reclamos de la CGT y evitar el paro.

19 de octubre de 2016| Pablo Anino |

No parecía oportuno que el presidente Mauricio Macri visitara a Francisco en el Vaticano con una medida de lucha anunciada.

Al conclave que dará el puntapié inicial al “dialogo” asistirán por la CGT el triunvirato conformado por Carlos Acuña, Héctor Daer y Juan Carlos Schmid.

Por el lado empresarial participarán los representantes del G-6: Adrián Kaufmann Brea (Unión Industrial Argentina), Juan Chediak (Cámara Argentina de la Construcción), Daniel Llambías (ADEBA), Jorge Di Fiori (Cámara Argentina de Comercio), Claudio Cesario (ABA) y Luis Etchevehere (Sociedad Rural Argentina).

La Iglesia Católica también se sumaría para bendecir el “diálogo social”, algo que en realidad es reclamado hace tiempo por el Papa Francisco.

Así las cosas, la convocatoria macrista va adquiriendo carácter “ecuménico”: funcionarios del Estado, empresarios, la Iglesia y las cúpulas sindicales se sentarán a discutir cómo mejorar la productividad. En realidad se trata de un eufemismo para avanzar en el objetivo estratégico de la clase capitalista: aniquilar el valor de la fuerza de trabajo.

Por las migajas

Después de tantas amenazas de medidas de fuerza incumplidas, la CGT llega con la pólvora mojada al “diálogo social”. Macri reclamó a la cúpula sindical una actitud "prudente" e "inteligente". En la situación que se puso la CGT, el pedido del presidente es un desatino.

La semana pasada el Gobierno concedió la miseria de $ 1.000 para los jubilados que cobran la mínima y para cada grupo familiar (y no para cada hijo) que perciba la Asignación Universal por Hijo.

Además, se exime del pago de ganancias por los primeros $15.000 al medio aguinaldo de diciembre a todo trabajador que tenga un salario bruto menor de $ 55.000. Según estimaciones que publicó el diario Clarín, podría representar como máximo $ 5.250 para el bolsillo de 1,2 millones de trabajadores que estarían beneficiados por la medida.

El “esfuerzo” fiscal por todas esas concesiones podría implicar como mucho $ 13.500 millones. Según diversas estimaciones, los agronegocios habrían recibido como transferencia unos $ 120.000 millones producto de la quita de retenciones (baja en el caso de la soja) y la devaluación. La diferencia de trato es notable.

La semana pasada La Izquierda Diario estimó que en promedio los trabajadores del sector privado registrado deberían obtener un bono de $ 11.857 para compensar la pérdida salarial del año en relación a la inflación, incluyendo un proporcional por aguinaldo. Por su parte, los jubilados que cobran la mínima deberían percibir $ 3.749.

Ese reclamo debería ir acompañado por el pedido de reapertura de las paritarias porque, aun consiguiendo un bono de fin de año de ese monto, en enero el salario seguirá igual de deteriorado: hasta el mes de junio perdió más del 10 % de poder de compra y podría llegar a fin de año con una pérdida mayor al 5 % si se mantiene la desaceleración de la inflación, algo que no está para nada garantizado.

Incluso, la mayoría de los asalariados seguirá lejos de la canasta familiar, que para el mes de agosto fue estimada en $ 20.445 para un matrimonio con dos hijos, según la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires.

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Carlos Acuña anticipó que la CGT pedirá "un piso de 2.000 pesos como referencia y que cada sindicato discuta con su sector". Además, señaló que si los funcionarios "gobiernan solo para los patrones, tendrán el conflicto en la puerta".

En simultáneo, Luis Barrionuevo, el jefe político de Acuña afirmaba, parafraseándose a sí mismo, que "A este Gobierno hay que darle por lo menos dos años". Está tan claro que Cambiemos gobierna para los patrones como que la CGT está de rodillas.

Luche y vuelve

Por su parte, las dos CTA, a través de declaraciones de Pablo Micheli, rechazaron el “diálogo social” y anunciaron que llamarían a un paro y movilización junto con los descontentos de la CGT, como podrían ser los gremios de bancarios, camioneros y gráficos, y los movimientos sociales.

En este sector no apuestan a poner todas las fuerzas de la clase obrera para tirar abajo los planes del gobierno, sino que prima la intención de desarrollar una opción electoral dentro del peronismo. En particular Hugo Yasky se juega a favor del kirchnerismo, donde sueña cada vez con más fuerza la idea de Cristina Fernández candidata.

Empresarios sin freno

La UIA dio a conocer que en agosto la producción cayó 6,6 % en la comparación interanual. Los datos de consumo eléctrico de septiembre tampoco son alentadores. En Brasil el año cerraría con una recesión mayor a la prevista por los analistas. Es una mala noticia para la economía argentina.

Caídos en desuso el “segundo semestre” y la “lluvia de inversiones”, los “brotes verdes” no terminan de aparecer. No sólo eso. Cada vez hay más dudas sobre el resultado que pueda arrojar el blanqueo de capitales fugados y evadidos del fisco.

En este contexto, el gobierno apuesta a una reactivación económica de carácter electoral hacia el año que viene mediante la obra pública y el financiamiento con deuda externa, que está en una escalada inédita.

Los agentes de la reactivación son los contratistas del Estado, como el primo de Macri, Ángelo Calcaterra, que se encargará del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, y el capital financiero internacional, con un rol destacado de la J.P. Morgan. Por fuera de éstos, los empresarios siguen sin reaccionar al “sinceramiento”.

La moderación que Macri exige a los reclamos sindicales es totalmente asimétrica al desenfado que se expresa en los foros empresarios, que se han transformado en una oportunidad para dar rienda suelta a una brutal “batalla cultural” contra el movimiento obrero, como se vio en el mini Davos y el Coloquio de IDEA.

El economista Miguel Bein, asesor de Daniel Scioli durante la campaña electoral y ex funcionario de la Alianza de Fernando de la Rúa, lo expresó de manera brutal en el Coloquio de IDEA, al afirmar que "Es difícil ser competitivo si se trabaja 10 meses y se cobra 13". Para dejar claro su odio contra la clase obrera afirmó que "además tenés seis días de huelga por año que parecen un derecho".

El ausentismo, las medidas de fuerza, la indisciplina, el costo laboral, la productividad y la competitividad, se articulan en un discurso empresarial que exige atacar las condiciones de vida de los trabajadores como condición para apostar a invertir y a reactivar la economía.

El Gobierno por ahora transita por la moderación en vista de las elecciones del año próximo y porque las luchas parciales de la clase obrera y el pueblo trabajador, como se vio en el rechazo a los tarifazos, le impidió avanzar más decididamente con el ajuste.

Por el momento, el oficialismo logró canalizar la discusión por el bono de fin de año a mesas sectoriales en el marco del Plan Productivo Nacional (PPN) que busca “una transformación productiva que permita aumentar la productividad”.

El Plan del Gobierno se orienta hacia una mayor flexibilización laboral, una tortuosa transformación de sectores “poco competitivos” en los que supuestamente sobran cientos de miles de trabajadores.

Este ensayo de perspectiva estratégica se pondrá en discusión en la “mesa de diálogo”. Mientras la cúpula de la CGT va a reclamar el “bonito” de fin de año, como lo llamó despectivamente Pablo Moyano.

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