Diputados. Se viene la votación en particular de la Ley ómnibus: puntos que siguen en discusión y los que se mantienen

Este martes a partir de las 14 horas está convocada la sesión para continuar con la votación en particular de artículo por artículo, y habrá nuevas protestas frente al Congreso por la tarde. ¿Qué puntos siguen en discusión entre el gobierno y los dialoguistas? ¿Qué temas quedaron en la ley ómnibus?

Luego de la aprobación en general de la ley ómnibus el pasado viernes con 144 votos a favor y 109 en contra, este martes La Libertad Avanza pretende continuar con el tratamiento en particular. A pesar sesionar durante 4 días, el gobierno todavía no se puede llevar la media sanción, para eso necesita que se vote artículo por artículo. La Cámara de Diputados retomará el tratamiento a partir de las 14 horas de este martes, producto de que seguían trabados algunos artículos en la negociación entre el gobierno y los bloques colaboracionistas como informamos tras la votación en general.

La sesión estará atravesada por una tensión permanente. El oficialismo no solo necesita 129 diputados y diputados dando el quórum para que pueda comenzar, sino que tiene que mantener ese número durante toda la discusión en particular. Si en algún momento el tablero marca 128, la sesión cae. Un requisito que meterá más presión al gobierno en la negociación con los bloques dialoguistas y gobernadores que siguen pujando en varios artículos. La Libertad Avanza cuenta con apenas 40 bancas propias, y tiene como aliados más firmes al PRO y otros ex Juntos por el Cambio con los que llega como máximo al número de 82. Si el quórum se logra y se sostiene será por la ayuda de los demás bloques que vienen protagonizando las negociaciones para que el gobierno se pueda llevar alguna ley. Los 47 legisladores que le faltan para sostener el “número mágico”, pueden ser aportados por quienes ya la acompañaron en general: UCR (32), Hacemos de Pichetto (18), Innovación Federal (9), los tucumanos ex Unión por la Patria (3), y un santacruceño.

Afuera del Congreso habrá nuevas protestas convocadas desde asambleas barriales y organizaciones sociales, sindicales y políticas. Desde las 18 horas habrá un cacerolazo y una caravana que volverá a expresar el rechazo a esta ley. Será la quinta jornada de movilizaciones, en medio de denuncias a Patricia Bullrich por los megaoperativos con fuerzas federales que violan normas internacionales en materia de Derechos Humanos.

Los puntos que se siguen negociando

El gobierno tiene varios flancos abiertos en la negociación infinita con los bloques dialoguistas y algunos gobernadores. Los puntos en disputa son:

Facultades delegadas: está entre los primeros artículos (del 1 al 4) y será el primero en debatirse. De las 11 áreas que pedía originalmente Javier Milei, en el dictamen quedaron 9. Pero ese no será el número final. El “preacuerdo” que se alcanzó con los dialoguistas la semana pasada incluía la delegación de facultades en 6 materias: económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa hasta el 31 de diciembre de 2024 (prorrogable por 1 año más). No puede descartarse que se achique más. La delegación en seguridad generó dudas en algunos bloques tras la represión comandada por Patricia Bullirch la semana pasada. Los cordobeses del bloque de Pichetto a su vez amenazan con votarle solo la delegación en materia administrativa, financiera y económica. En su caso puede estar sujeto a si se termina saldando su reclamo para quedarse con recursos de los ahorros de los jubilados (el Fondo de Garantía de Sustentabilidad). En Innovación Federal (de los gobernadores de Salta, Misiones, Rio Negro y Neuquén) coinciden con los cordobeses por otros motivos. Temen verse perjudicados con la quita de subsidios si Milei tiene plenos poderes en materia energética y tarifaria, ya que el poder ejecutivo tendría vía libre para reasignar partidas y "meter mano" en fideicomisos.

Las y los diputados del Frente de Izquierda que rechazan la totalidad del proyecto, alertaron que todo lo no que salga en la ley, Milei podrá hacerlo si le dan la delegación de facultades. Por ejemplo la que es en materia económica, es tan amplia que podría ser utilizada en gobernar por decretos delegados en muchos aspectos: liberar más el mercado, mayor apertura para el saqueo, poniendo todas las herramientas al servicio del poder económico más concentrado.

Privatizaciones: será el segundo tema con polémicas (a partir del artículo 7). Los dialoguistas vienen de ofrecerle una alternativa al gobierno para que pueda llevarse algún paquete de empresas públicas sujetas a privatización reviviendo lo peor de la legislación menemista que las remató y prácticamente regaló a empresarios privados. Como explicamos el pasado jueves, en vez de que se voten en un único paquete, las desdoblaron en 4 artículos y anexos al solo efecto de facilitar que algo salga de las 30 empresas públicas que se mantienen para ser privatizadas. Sin embargo, en el bloque de la UCR no termina de conformar la nueva división que se negoció, por lo que continúan evaluando alternativas. Este lunes Myriam Bregman de la izquierda denunció que “Son paquetes "a la carta", sin otro criterio más que el de conseguir los votos cruzados para aprobarlas con distintas mayorías. Unos votarán unas y se harán los opositores en otras. Una estafa”. Otro punto que negocian los bloques dialoguistas es incorporar otros mecanismos de control del Congreso. Del bloque de Pichetto sostienen que sea la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones (de la ley del menemismo), y desde la UCR proponen incorporar a la Auditoría General de la Nación. Cabe aclarar que ambas propuestas se refieren a “controles” del Congreso que no serán vinculantes. Es decir, las y los legisladores podrán opinar o sugerir, pero el Poder Ejecutivo podría avanzar de todas formas en las privatizaciones de aprobarse estos artículos.

Las empresas públicas sujetas a privatización que desdoblaron en 4 anexos a propuesta de los dialoguistas la semana pasada
Las empresas públicas sujetas a privatización que desdoblaron en 4 anexos a propuesta de los dialoguistas la semana pasada
Movilidad Jubilatoria: si bien el gobierno tuvo que eliminar los dos artículos donde el proyecto planteaba una nueva movilidad cuestionada por significar un nuevo robo a los jubilados, el tema puede volver a aparecer. La Coalición Cívica adelantó que va a proponer que se vote, pero con otra propuesta de movilidad. Desde la izquierda, Nicolás del Caño que viene denunciando que Milei profundizó la enorme pérdida del poder adquisitivo de las y los jubilados, propone como medida de emergencia que se recompongan tomando como referencia el costo de la Canasta Básica de los Jubilados y se actualicen de acuerdo a la inflación, entre otras medidas.

Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS): son los ahorros de los jubilados, y el proyecto de Milei insiste en transferir una parte (los títulos de deuda) al Tesoro Nacional, para que el ministro Caputo pueda liquidarlos. Aunque el texto final no habla expresamente de liquidar las acciones que tiene el FGS, el gobierno podría basarse en normas anteriores para también liquidarlas. Es decir, para hacer caja y hacerse de dólares. Los bloques dialoguistas no rechazan de plano esta propuesta, pero sí negocian al máximo para quedarse con una tajada. Es el reclamo que encabeza el gobernador cordobés Llaryora, que tensó la negociación con el gobierno para reformularlo y que se beneficien especialmente las cajas previsionales de Córdoba y Santa Fe, y algunas más de provincias gobernadas por Juntos por el Cambio. Esta es la caja que están disputando sobre todo los cordobeses, y para presionar al gobierno amenazan con coparticipar el impuesto PAIS con las provincias en la sesión si no es atendido su pedido. Este será otro de los debates centrales en la votación particular, y los cordobeses aseguran contar con los votos para coparticiparlo incluyendo algunos de la bancada de Unión por la Patria. De conseguir lo que piden del FGS, se patearía el debate sobre este impuesto, que ha multiplicado su recaudación, para un eventual pacto fiscal.

Deuda: El gobierno propuso originalmente modificar la Ley de Administración Financiera, para poder renegociar deuda sin tener que mejorar las condiciones de la original y sin pasar por el Congreso. Como contamos el jueves, la UCR proponía aclarar que, para los caso de deuda que entre en default, sí tenga pasar por el Congreso. Los radicales habían hecho una nueva redacción con funcionarios del Ministerio de Economía la semana pasada. Pero finalmente el cambio fue vetado por el Poder Ejecutivo. Hay una posibilidad, si la UCR rechaza este artículo, de que se caiga del proyecto este punto. El gobierno también quiere que se derogue un artículo de la Ley de Sostenibilidad de la Deuda para tener que evitar una ley del Congreso en caso de querer tomar nueva deuda con acreedores privados.

Seguridad: Aunque el oficialismo retiró unos pocos artículos de este capítulo, mantiene otros que tendrán grave impacto en la protesta social y el gatillo fácil. Hay planteos de algunos bloques para retirar los que legalizan “la doctrina Chocobar”: la licencia para matar por la espalda bajo el paraguas de “legítima defensa”. Además, el gobierno mantiene una modificación al Código Penal para penar con entre 1 y 4 años de prisión a quienes sean parte de la protesta social (dejaría de ser excarcelable). Tras las represiones de Patricia Bullrich que incluyeron disparos a los ojos a quienes estaban sobre la vereda, periodistas heridos, y detenidos (incluida una militante de la UCR), se incrementaron las dudas de varios bloques para acompañarlo.

Otros puntos que mantiene la ley

Educación: el proyecto contiene sobre todo un ataque al derecho a huelga, al proponer declarar la educación “servicio esencial”. De aprobarse, no significaría que el gobierno le dará más presupuesto a la educación, construirá más escuelas, bibliotecas, ni será que los docentes tengan una mayor formación o salarios acordes para brindar una educación de calidad. El congelamiento de las partidas presupuestarias educativas que ya hizo Milei son la confirmación. El objetivo detrás de declararla “servicio esencial” es para que no puedan ejercer el derecho a la huelga, obligando en esos casos a garantizar un servicio “mínimo” del 75% de la prestación normal. Sobre este apartado no hay ningún cuestionamiento de los bloques colaboracionistas.

Cultura: se mantiene todo el capítulo que ataca al cine, el teatro, la música, el fondo nacional de las artes, las bibliotecas populares, sobre todo buscando desfinanciarlos. Son muchos los artistas y colectivos que salieron a rechazarlo, y está en duda su aprobación. No tiene consenso entre gran parte de los dialoguistas, el PRO es el más abierto a avanzar en los cambios propuestos por Milei. Incluso por el rechazo de algunos integrantes de los bloques dialoguistas. El colectivo “Unidxs por la cultura” viene siendo muy activo en el rechazo, impulsando movilizaciones frente al Congreso entre otras iniciativas. El desarrollo del sector audiovisual genera 94.000 puestos de trabajo de modo directo, 174.000 puestos de trabajo indirectos y más de 365.000 en actividades inducidas.

Energía: propone el libre comercio exterior, sin importar el abastecimiento interno. De aprobarse implicaría aumentos drásticos de los precios de la energía a valores dolarizados, y un brutal golpe al bolsillo del pueblo trabajador. Modifica el régimen de regalías para nuevas concesiones, abriendo la posibilidad a que las grandes empresas directamente no paguen nada. Contiene modificaciones a la Ley de Hidrocarburos, donde hubo debate con las provincias y se realizaron cambios en las negociaciones que no alteraron los ejes centrales de la propuesta original.

Empleo público: entre algunos de sus puntos prevé el pase automático a disponibilidad de los trabajadores y trabajadores cuyos cargos fueran suprimidos por el cierre de dependencias que viene llevando adelante el gobierno. También busca prohibir que los trabajadores desarrollen cualquier actividad política en su lugar de trabajo, que podría incluir hasta la posibilidad de difundir propuestas para la elección de delegados.

Ambiente: quedaron artículos muy preocupantes, en especial los cambios que promueve el lobby minero a la Ley de Glaciares para que puedan avanzar en el saqueo en el ambiente periglacial, actualmente expresamente prohibido). El especialista en esta materia, Enrique Viale, denunció este lunes: “Se está formando en Diputados el "Bloque Barrick Gold". Diputados de todos los partidos, incluso de UxP de San Juan, que le votarán a Milei -en la Ley Omnibus- la destrucción de la Ley de Glaciares. A pedido de la transnacional minera canadiense”. Mantiene, entre otros, un cambio en la legislación de presupuesto mínimos para Control de Actividades de Quema, para autorizar a los productores a la quema incontrolada de pastizales.

Beneficios a grandes empresarios: si hay algo que no está en discusión por ninguno de los bloques dialoguistas son los artículos que favorecen al poder económico más concentrado. Entre los puntos que más defienden de lo que quedó de la iniciativa de Milei, está el llamado "blanqueo laboral" (que otorga beneficios y premios a empresas que tienen en la informalidad a las y los trabajadores, algo que colabora en desfinanciar los recursos de Anses para el pago de jubilaciones). También defienden el "régimen de incentivos a las grandes inversiones" (RIGI): con beneficios a grandes empresas por 30 años que incluye todas las facilidades para que se lleven los dólares al exterior y con impuestos tan bajos como inexistentes o irrisorios. Un posicionamiento acorde a la defensa de los grandes exportadores y cerealeras (sacando la suba de retenciones), e intentando hasta el final que vuelvan a la ley algunos puntos del capítulo fiscal como el blanqueo de capitales. (LID) Por Jesica Calcagno