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EL VERSO DE LAS MEDIDAS “SOCIALES” La devolución del IVA apenas compensaría el golpe al bolsillo de abril

En medio de un fuerte deterioro al bolsillo de los trabajadores, y especialmente de los más pobres, que es resultado directo de las medidas del gobierno en los últimos meses, el bloque de Cambiemos presentó en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, un proyecto que se debatirá este miércoles. En el, pretende reducir la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA). La medida se presenta como un beneficio compensatorio ante la brutal pérdida del poder adquisitivo de los últimos meses. Sin embargo, se trata de una medida de dudoso efecto. Que además contribuye a acrecentar el negocio de los bancos y favorecer a las grandes cadenas de supermercados, a las que podría volcarse parte de las compras que se hacen hoy en canales informales.

17 de mayo de 2016| Victoria Sánchez |

¿En qué consiste la devolución del IVA?

El Impuesto al Valor Agregado (IVA), fue sancionado en el país en 1983 bajo la presidencia del radical Raúl Alfonsín. A ese momento solo existían antecedentes de gravámenes similares en la región en Brasil y Uruguay. Actualmente es un impuesto que grava los consumos básicos como alimentos, bebidas, y servicios como luz y el agua con una alícuota del 21 %. Algunos productos de la canasta como harina, panadería, frutas, arroz, verduras y carnes vacunas pagan actualmente una alícuota reducida del 10,5 %.

El sistema tributario argentino, es reconocido por su alto nivel de regresividad, ya que los ingresos del fisco gravan proporcionalmente más a los sectores de ingresos medios y bajos que a los de mayores ingresos.

El proyecto presentado por el oficialismo tiene como beneficiarios a jubilados y pensionados que reciben el haber mínimo, beneficiarios de la AUH, a la asignación por embarazo y quienes cobren pensiones no retributivas, alcanzando aproximadamente a 8.300.000 personas. Define que se deberá reducir el IVA un 15 %, y que la devolución máxima tendrá un tope de $300 por mes. Para considerar las actualizaciones del tope el proyecto de Cambiemos define que se deberá esperar hasta enero del 2017, fecha en la que se contará con la canasta básica elaborada por el INDEC, y a partir de su relevamiento dos veces al año se actualizará.

Para poder acceder al beneficio se deberá operar en comercios que cuenten con medios electrónicos de pago (tarjetas de débito, crédito o prepagas), y la devolución se hará vía transferencia bancaria a la cuenta del titular de la tarjeta usada. A su vez, a pedido del Frente Renovador y Progresistas se incorporó la realización de “campañas de educación financiera” para que las personas incorporen el uso de medios electrónicos a sus hábitos.

El proyecto del oficialismo prevé la devolución de sumas fijas los primeros meses, “hasta que la gente se acostumbre a usar esos medios” según Luciano Laspina del PRO. El cronograma de devolución será el siguiente: $300 en dos pagos el primer mes (en las primeras dos compras); el segundo mes cuatro cuotas de $75 (en las primeras 4 compras) y el tercer mes 6 cuotas de $50 (en las primeras 6 compras). El financiamiento se hará descontando los fondos de la coparticipación que reciben las provincias.

La letra chica: Una “devolución” que no compensa la pérdida de ingresos

Actualmente muchos de los artículos que componen la canasta básica están exentos del IVA o pagan una alícuota menor, por lo cual la reducción del 15 % no representa una mejora sustancial en los ingresos. Considerando la última encuesta nacional de gasto de los hogares, el 90 % del gasto de los hogares de menores ingresos se realiza en circuitos comerciales informales, que no tributan IVA ni otros impuestos.

Es por esto, que el universo al cual se pretende alcanzar se reduce aún más, ya que no solo que muchos de los artículos tienen un gravamen diferenciado, sino que hasta que no cambien el lugar en el que realizan las compras el beneficio no llegaría a ellos.

El proyecto apunta no solo a un cambio en el circuito del consumo, sino también a una bancarización compulsiva de los pequeños comercios. La implementación del posnet posee un costo de instalación de $300, así como de mantenimiento y una comisión mensual del 3 %. El proyecto presentado por el oficialismo prevé que sea el estado nacional el que los asuma.

En el caso de que el plan resulte “exitoso”, los bancos se verán beneficiados de nuevas ganancias producto de la bancarización, así como las cadenas de super e hipermercados a través del mayor flujo de consumo. Sin embargo, eso solo se dará en la medida en que el proyecto del gobierno logre hacerse efectivo. El alto nivel de consumo en medios informales, hace que lo más probable es que el consumo cambie poco y, en consecuencia la devolución de dinero termine siendo casi inexistente.

El tope de $300, a su vez muestra lo escaso del alcance de la medida. Por poner un ejemplo, en el caso de un jubilado que reciba el haber mínimo de $4959, destina el 80 % de sus ingresos en productos de la canasta básica (aproximadamente $830 mensuales). Considerando el tope de devolución mensual de $300, seguiría tributando $530, por lo que el impacto en su haber jubilatorio será solo del 6 %.

Considerando el efecto sobre los ingresos totales, sería como si en los hechos seguiría pagando una alícuota del 7,5 %. De aplicarse esta medida que es probable que sea votada positivamente en diputados, los jubilados recuperarán de su salario solo lo perdido con la inflación de abril. Similar impacto (compensación de la pérdida de poder adquisitivo del último mes o poco más), es lo que pueden esperar todos los sectores alcanzados.

La propuesta realizada por Mauricio Macri es una muestra más de que cuando el gobierno quiere tomar medidas “sociales” termina mostrando que no sabe hacer otra cosa más que gobernar para los empresarios. El proyecto de devolución del IVA a los sectores más pobres no termina sirviendo al objetivo que dice perseguir. Cualquier similitud, con el intento de subir el mínimo no imponible y que terminen pagando más personas no es pura coincidencia.

Es necesario una modificación del sistema impositivo y que dejen de ser los trabajadores los que financian al estado con los impuestos. La eliminación total del IVA en todos los artículos de la canasta familiar para los trabajadores debe venir acompañado de gravar las grandes fortunas, aumentando las alícuotas de bienes personales y la propiedad inmueble de gran tamaño. Mientras millones de trabajadores sostienen al estado con sus impuestos los jueces y curas están exentos de pagar el impuesto a las ganancias a pesar de tener ingresos altísimos, es necesario terminar con los privilegios de casta con los que cuenta este sector. Hay que afectar los intereses del agro, las mineras y petroleras deben con impuestos progresivos sobre las millonarias ganancias que reciben de explotar los recursos naturales. Más que “devolver” IVA a los sectores de más bajos ingresos es necesario elevar el ingreso, las jubilaciones mínimas, las asignaciones y el salario mínimo vital y móvil. Actualmente el 30 % de la población no llega a cubrir la canasta básica. Es necesario asegurar un ingreso familiar acorde a la canasta familiar estimada en $17.492 por los trabajadores del INDEC que enfrentaron la manipulación estadística y ahora denuncian el “default” de información.

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