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ENTREGA Y SAQUEO: Macri y 24 gobernadores negocian el ajuste que quieren hacer pagar a millones de trabajadores

La foto del ministro del Interior Rogelio Frigerio y los ministros de Economía de las veinticuatro provincias fue difundida con entusiasmo por el oficialismo. A contrarreloj y mientras Dujovne intenta cerrar las condiciones de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno apura las conversaciones con los gobernadores para avanzar en el presupuesto de ajuste de 2019.

7 de septiembre| Juan Manuel Astiazarán |

Aunque aún no está cerrado, desde el oficialismo celebraron la reunión como un avance. Frigerio declaró que “hemos avanzado para ponernos de acuerdo en los esfuerzos que hay que hacer para mantener el equilibrio fiscal en 2019”, aunque reconoció que “quedaron algunas dudas respecto a algunos números que vamos a evacuar de manera bilateral, hablando con ellos los próximos días”. Así las cosas, este martes la reunión que encabezará Mauricio Macri con los 24 mandatarios provinciales pretende cerrar la negociación y confirmar de qué manera se repartirá el ajuste fiscal que exige el FMI.

Yo no me sentaría en tu mesa En medio de la enorme crisis económica y política, la principal preocupación del Gobierno nacional pasa por cerrar el acuerdo con los gobernadores. El plan de “déficit cero” apuesta en primer término a alcanzar un criterio común con los mandatarios provinciales, repartir los “costos” del ajuste y enviar una señal de gobernabilidad a los “mercados”.

En ese plan se encaminan la Nación y las provincias, discutiendo los términos de un ajuste que califican como “inevitable” pero que ninguno de ellos tendrá que pagar. Al igual que en diciembre, cuando 23 de los 24 gobernadores firmaron el consenso fiscal a cambio de aprobar el saqueo a los jubilados, una casta de funcionarios y mandatarios negocian el ajuste que pretenden que millones paguen con sangre sudor y lágrimas.

En aquel diciembre caliente los “gobernas” acordaron recortar los ya miserables haberes jubilatorios, desfinanciar el Anses, reducir el impuesto a los ingresos brutos y los sellos y el congelamiento del gasto en términos reales. Un año después el objetivo es un nuevo recorte de $ 400.000 millones. La extrema fragilidad en la que se encuentra el macrismo abre la posibilidad de introducir modificaciones en ese consenso fiscal, uno de los pedidos de los gobernadores peronistas como condición para acompañar el proyecto.

La estrategia del PJ de los gobernadores (y de sus representantes en el Congreso nacional) se centra en negociar en esa mesa chica cuanto sufrirán las finanzas de sus distritos para seguir asegurando la gobernabilidad de Cambiemos, mientras al mismo tiempo especulan con los fondos necesarios pensando en la renovación de sus mandatos en las elecciones del año que viene.

Un verdadero blindaje para el ajuste Durante el discurso grabado en la mañana de este lunes, Macri dedicó palabras de agradecimiento para la colaboración que el peronismo opositor viene prestando en el Congreso nacional. “Estamos avanzando muy bien con dirigentes de la oposición. Porque, les recuerdo, nunca tuvimos mayoría en el Congreso”, aclaró el presidente. En un discurso plagado de excusas y falsedades, probablemente esa haya sido la única verdad que salió de su boca.

Desde su asunción en diciembre de 2015 Cambiemos nunca tuvo mayoría parlamentaria, pero sin embargo ha logrado imponer todas las leyes de ajuste y ataque a las condiciones de vida de las grandes mayorías que se propuso. El pago a los fondos buitres, el blanqueo de capitales que premió a los fugadores y evasores, las modificaciones en la ley de ART que beneficia a las empresas a costa de la salud de los trabajadores y el recorte de las jubilaciones son sólo los ejemplos más brutales de las votaciones que fueron aprobadas gracias a los votos de integrantes de los bloques mayoritarios como el Bloque Justicialista, el Frente Renovador y el Frente para la Victoria.

“Le votamos todo” aseguró hace días nada más el gobernador sanjuanino Juan Manzur, mientras Pablo Kosiner del Bloque Justicialista aseguraba que, en momentos de crisis como el actual, el peronismo “debe ser responsable” y reclamaba “una mesa de unidad nacional”.

Pero el blindaje que el peronismo viene ofreciendo al gobierno de Cambiemos no sólo se encuentra entre los gobernadores, diputados y senadores.

Es que la radicalidad del plan de ajuste del Gobierno y el FMI contrasta con la tibia respuesta que hasta ahora han dado las conducciones sindicales, incluidas las kirchneristas.

Si hay un factor que conspira contra una respuesta a la altura del ataque en curso es la estrategia que sostienen estos sectores que apuestan todas sus fuerzas pensando en el 2019. Desde la actual conducción de la CGT, que se dará el lujo de esperar hasta el 25 de septiembre para realizar un paro nacional, pasando por el nuevo Frente Sindical para el Modelo Nacional que integran Moyano y la Corriente Federal junto al derechista Ricardo Pignanelli de Smata, o las distintas conducciones de las CTA que encabezan Pablo Michelli, Cachorro Godoy y Hugo Yasky, que viene de protagonizar un verdadero bochorno en las elecciones fraudulentas de este jueves.

El caso de algunos sindicatos en las últimas semanas es sintomático. En el subte la dirección K del sindicato firmó un acuerdo a espaldas de los trabajadores que es un grave ataque a las condiciones laborales y el derecho de huelga. En telefónicos, la conducción de Foetra permitió la extensión de la jornada laboral en beneficio de Telecom/Cablevisión, para alegría del Grupo Clarín. Y por si fuera poco, en los últimos días la conducción K de la Conadu se prepara para aceptar la miserable propuesta del Gobierno, resignándose a quedar 20 puntos por debajo de la inflación en un momento donde el conflicto educativo va en ascenso en todo el país con toma de establecimientos, asambleas interestudiantiles y movilizaciones masivas.

El saqueo es ahora, la lucha también La enorme crisis nacional está lejos de ser una crisis pasajera. Como ya se ha dicho, el saqueo es comparable con los grandes saqueos nacionales que se produjeron en 1976, en 1989 o en el 2001. Frente al verdadero plan de guerra declarado contra el pueblo trabajador, las medidas que no se tomen ahora para enfrentarlo terminarán fortaleciendo a la derecha.

Mientras algunos sectores proponen “esperar hasta 2019” el plan de ajuste que negocian Macri y los gobernadores consiste en mayores ataques contra la educación, la salud, las condiciones laborales y las jubilaciones.

Por eso, ante la radicalidad del ataque en curso es necesario una respuesta a la altura de las circunstancias, contra los que quieren imponer la resignación y el escepticismo. El ejemplo del movimiento de mujeres, la lucha que los jóvenes vienen desplegando en todo el país con el conflicto educativo y la pelea de trabajadores como los del Astillero Río Santiago que votaron realizar una jornada nacional de lucha para este miércoles 12 de septiembre muestran que hay otro camino. Hay que pelear por imponer un paro nacional activo, que sea el comienzo de un verdadero plan de lucha y que se prepare para derrotar en las calles el ajuste que una casta de gobernantes, funcionarios y un puñado de empresarios negocian en una mesa chica y pretenden que paguen los millones que día a día mueven la economía del país.

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