El Gobierno y la CGT negocian un techo para la suba del salario mínimo

En 2016, el salario real cayó en promedio 6,5 %, además el 50 % de los asalariados cuenta con ingresos menores a $ 8.000 mientras que los despidos y suspensiones son cada vez más frecuentes y la desocupación crece, llegando a casi 1,5 millón de trabajadores.

El paro nacional del 6 de abril fue la respuesta a esta situación, donde se expresó la bronca contra el ajuste del Gobierno. También fue producto de la presión que ejercieron los trabajadores a sus centrales sindicales para que rompan la tregua con el Gobierno. Pero después de ese contundente pronunciamiento, la burocracia sindical mantuvo la tregua. Ahora el Gobierno y la CGT y avanzan codo a codo en un acuerdo para atacar el salario.

El trato, que ya se puso en marcha, incluye la firma de paritarias a la baja, en algunos sectores clave y extender la misma pauta salarial, tal vez apenas un poco más alta, a lo que será el Consejo del Salario, el ámbito tripartito en el que se establecerá en junio próximo la suba del salario mínimo vital y móvil, hoy en $8060.

El Ministerio de Trabajo recurrió a sindicatos aliados para fijar la pauta de referencia en torno de 20%. Ya lo consiguió con Comercio, la Uocra y los estatales de UPCN, aunque también lo pudo replicar con gremios cuyas conducciones responden al Frente Renovador, como es el caso de la federación del personal de estaciones de servicio, cuyo líder es el massista Carlos Acuña, uno de los integrantes del triunvirato de mando de la CGT. Queda en evidencia entonces, que cuando se trata de ajustar a los trabajadores para preservar las ganancias de los empresarios, no existe ningún tipo de oposición entre las fuerzas políticas patronales que en los medios de comunicación hacen demagogia para ubicarse como oposición al Gobierno de Macri.

En todos los acuerdos se incluyó una cláusula gatillo en caso de que la inflación sea mayor al porcentaje sellado. En algunos, el eventual ajuste se haría de manera automática, como acordaron los bancarios, mientras que en otros se firmó un "compromiso" para volver a negociar, como lo hicieron los mercantiles.

Además, se realizarán pagos extras por presentismo en el ámbito estatal. De esta manera, se avanza también sobre las condiciones de trabajo bajo una lógica ultra productivista, donde no se tiene en cuenta las necesidades de los trabajadores como un plan de licencias por enfermedad o para cuidar a un familiar, por ejemplo.

La definición del nuevo piso salarial es importante porque sirve como referencia para el trabajo informal y para actividades que no están sindicalizadas en jornadas laborales de ocho horas. También es una pauta para las administraciones provinciales y municipales.

En un contexto de tarifazos y donde los precios de los alimentos cada vez son más altos producto de la inflación, se vuelve imposible llegar a fin de mes con un salario de 8.000 o 9000 pesos. Por eso la propuesta de Nicolás del Caño es la única alternativa que representa los intereses del pueblo trabajador. El reparto de las horas de trabajo entre todas las manos disponibles, trabajando 6 horas por dia, 5 veces a la semana. Esta iniciativa va indisolublemente ligada a otras exigencias: que no haya reducción salarial, que nadie gane menos que lo que cuesta la canasta familiar, esto es posible atacando directamente a las ganancias multimillonarias de los empresarios. También se plantea la obligatoriedad de registración de los trabajadores, la estabilidad laboral con la incorporación a la planta permanente bajo el convenio más favorable de cada rama y que no se impongan mayores ritmos de producción.