El Ministerio Público y los ciudadanos merecen respeto

Ante las versiones periodísticas que afirman que se producirían cambios en las cúpulas del Poder Judicial y del Ministerio Público de nuestra provincia, involucrando la designación del actual Secretario de Seguridad Dr. Gustavo Adolfo Ferraris como Procurador General, vengo a manifestar mi profundo desagrado por una iniciativa que socava el prestigio del cargo cuya supuesta vacante se pretende cubrir y provoca estrépito institucional inusitado.

Es de público conocimiento que las políticas de seguridad del Gobierno Provincial no pueden calificarse sino como un fracaso durante los tres períodos en que se han gestado y aplicado, involucrando la criminalización de la protesta social, detenciones arbitrarias al compás de figuras inconstitucionales como la “averiguación de antecedentes”, excesos policiales en los centros de detención y la impunidad para quienes interpretan que la eficacia investigativa se compadece con
los apremios.

Ni las importantes partidas presupuestarias que se han destinado para construir la nueva alcaldía, ni la reforma del Código Procesal Penal, ni la creación de las figuras del Juez de Detenidos y Garantías y el Fiscal de Causas Policiales y Penitenciarias han logrado erradicar de la fuerza policial la proclividad al abuso.

Está claro que tales reformas se produjeron como reacción conveniente tras la queja ciudadana sobre incontables casos que determinaron muertes, privaciones injustas de libertad o torturas durante este gobierno y no con la espontaneidad que exige la responsable asimilación de una realidad preocupante.

Frente a la inercia que ha derechizado la seguridad -de la cual el Gobernador Juan Carlos Romero y el Dr. Gustavo Ferraris se erigen como máximos responsables- se advierte como incompatible que a la cabeza del lugar que debiera ser la última reserva para las libertades y garantías individuales, cual es el Ministerio Público, nos dispongamos a insertar por la ventana de las conveniencias políticas a improvisados funcionarios de perfil fascista.

Esta pretensión violenta el principio de la carrera judicial considerando que existen numerosos magistrados con prestigio, temple y solvencia moral suficientes para garantizar a los salteños un derrotero institucional que se compadezca con lo que ordena la Carta Magna y reinstaure en la magistratura el principio constitucional de acceso por idoneidad.

*Secretario del Comité Central de la Unión Cívica Radical