El ajuste es para los trabajadores, no para los funcionarios

Desde que asumió la administración de Jujuy, el CPN Gerardo Morales y su equipo ministerial, llegaron con un discurso de transparencia y gobierno abierto. No hacen falta datos estadísticos para darse cuenta que poco y nada duró el mismo. Apenas iniciaron sus funciones se vió un crecimiento meteórico de los organigramas de los ministerios y además de las creaciones de otros, con pocos o nulos argumentos. Este irracional crecimiento fue puesto al descubierto con datos oficiales, en el año 2017, por la Secretaria General de los Organismos de Control (APOC), la CPN Susana Ustarez. En las declaraciones aportadas por la dirigente afirmaba que la planta de funcionarios del gobierno había crecido en un número cercano al 60% respecto al dejado por la administración Fellner, que ya contaba con un número excesivo de directores, secretarios de estado y subsecretarios. Todos ellos con sueldos varias veces superiores a la media del salario provincial.

Hace un par días, en conferencia de prensa, ante la pregunta de una cronista sobre el decreto presidencial de establecer la prohibición de que los ministros tengan parientes nombrados en sus dependencias o algunas otras del estado y ante la invitación del primer mandatario nacional a que las provincias se sumen a la iniciativa, el Gobernador de la provincia fue claro y tajante, “vamos a revisar la estructura de los organismos de los ministerios, en eso podemos aportar…”. Está a las claras que la pregunta incomodó y mucho y que poco se quiere hacer respecto a los prerrogativas de los funcionarios y sus familias.

Es innegable que el gobierno del Cambio, el que hizo una bandera de la “transparencia” en sus consignas de campaña, se acostumbró rápidamente a los privilegios que gozan sus dirigentes y sus clanes y que la decisión política de recortarlos no está entre sus objetivos y menos en sus prioridades. Así tenemos una larga lista de funcionarios, miembros de las familias tradicionales del bipartidismo jujeño, ocupando espacios de poder por el sólo hecho de portar un “ilustre” apellido y sin dar cuenta de su idoneidad para el cargo.

Solamente para ejemplificar podemos citar a Gerardo Morales y sus hijos, hermanos y hermana, Osvaldo Cuellar (cuñado de G.M.) en la legislatura, Néstor Navarro (primo de G.M.) en Seguridad y otros más, como Julian Morales en Secretaria de Cultura.

La Ministra de Desarrollo Humano Ada Galfré, nombró a su hija, Soledad Sapag en la Secretaria de Paridad de Género.

El Secretario de Gobierno, Raúl García Goyena ( el que tenía “arrodillados a los medios” con la pauta oficial ocupando el cargo de Secretario de Comunicación, del cual tuvo que renunciar por su sinceridad mediática), acomodó a su hija, Belén García Goyena, como Directora Provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Humano; como Coordinador de Agencia de Valles Ministerio de la Producción, a Diego Alberto García Goyena; en la Secretaria de Innovación y Calidad Educativa, a su otra hija, Natalia García Goyena.

El Ministro de Trabajo, Jorge Cabana Fusz tiene a su hijo trabajando como Coordinador General en el Ministerio de Trabajo, Fabricio Cabana Fusz, también a su esposa Agustina Mulqui y su cuñada Lucía Mulqui, todos en el ministerio que preside.

El clan Giubergia es otra de las eternas familias privilegiadas. Miguel A Guibergia dejó su heredero en un cargo en el Ministerio de Trabajo, el que dejó para asumir como Concejal de San Salvador,, no sin antes hacer nombrar a su mujer como jefa de asesores. También tenemos otro Giubergia el Ministerio de la Producción y en la Dirección de Desarrollo Ganadero, Javier Aníbal Giubergia.

Es innegable que este gobernador y sus funcionarios vinieron a recrear y profundizar una práctica inmoral y corrupta que padecimos los jujeños con los gobiernos peronistas durante todos sus mandatos, desde la vuelta a la democracia hasta diciembre de 2015. Gozan de sueldos de privilegio y no se plantean ni por un instante dejar su posición de bienestar y acomodo en sintonía con el esfuerzo y ajuste que reclaman a todo el pueblo trabajador y a los sectores más empobrecidos.

Así como lo manifestara ayer en un comunicado mi compañero Alejandro Vilca, si le piden sacrificios y austeridad al pueblo trabajador, que todo funcionario, legislador y juez cobre como un trabajador. Basta de sueldos exorbitantes y del privilegio de seguir incrementando sus ingresos nombrando a sus familiares en cargos del gobierno.