Fuerte rechazo a la reforma previsional

El jueves pasado Cambiemos junto al jefe del bloque PJ-FpV, Miguel Pichetto acordaron un acuerdo que significa un ataque a los jubilados. Tras el pacto, se firmó dictamen favorable al proyecto de ley de reforma previsional que envió el Ejecutivo al Congreso.

La reforma del Gobierno propone elevar la edad jubilatoria a 70 años, de manera optativa y el nuevo índice de movilidad previsional, que podríamos denominar fórmula Pichetto, sólo aumentará en $ 60 la jubilación mínima con respecto al borrador original del Cambiemos. De prosperar el proyecto en el Senado, la jubilación mínima en marzo de 2018 sólo subirá $ 430.

Varios especialistas, abogados cuestionaron la reforma previsional.

Voces críticas

El Defensor del Pueblo de la Tercera Edad, Eugenio Semino en diálogo con radio Provincia afirmó que "los jubilados vienen perdiendo por goleada histórica", y que "nunca hubo una recomposición del haber (jubilatorio)" sino "medidas parciales con poco rigor técnico".

Semino señaló que "estamos debatiendo sobre falacias que plantea el propio Estado como ocurrió con otros gobiernos”.

El abogado Christian D’Alessandro, especializado en temas previsionales y asesor de la diputada del Frente Renovador, Mirtha Tundis, denunció en Página 12 “en la práctica el jubilado pierde por donde se lo mire. El sueldo del jubilado debe guardar estricta proporción a su haber en actividad, es decir, debe haber una sustitución del haber que le permita mantener su mismo nivel de vida a su vejez. Este proyecto, de aprobarse, bajará aún más ese nivel de sustitución y ante una injusticia generada el jubilado afectado podrá sin más recurrir a los tribunales disparando una nueva ola de litigiosidad, cosa que el actual gobierno intentó poner fin en la ley de Reparación Histórica. Eso es grave”.

Edgardo Civit Evans, presidente de la Federación de Jubilados de Mendoza, declaró a Radio Jornada que “la reforma previsional es un adefesio jurídico porque violenta el derecho a una jubilación digna y móvil y que actualmente se aplica dos veces al año”.

Miguel Ángel Fernández Pastor, especialista en materia previsional, advirtió en una nota publicada en Página 12 que “el plan de ajuste del sistema previsional que se inició con la Ley de Reparación Histórica, y que continúa con el anuncio presidencial de la eliminación de la ley de movilidad jubilatoria, seguirá con la disminución paulatina de la tasa de sustitución (es la relación entre lo que percibe una persona al momento de jubilarse y lo que ganaba cuando era trabajador activo) , para llegar al final del trayecto a la capitalización individual ansiada por el mercado financiero. Pero, para ello, era necesario “generar una crisis del sistema”, en eso está el gobierno y a eso se refieren las declaraciones del presidente cuando dice “…las cuenta de ANSES no dan más…””.

La fórmula maldita

Los especialistas alertaron también sobre el cambio de fórmula para estimar las jubilaciones que presionarán a la baja los ya magros haberes.

Evans afirmó que “el índice está vigente porque la ley nueva no ha salido y el Gobierno arrogándose facultades que no les corresponde y violando promesas, presenta una reforma que básicamente tiende a no otorgarles unos $ 100.000 millones porque del 12,1 % que nos tocaría en marzo, se baja al 5,5 %”.

Un documento realizado por el director del Instituto de Estudios sobre Estado y Participación (IDEP-ATE), Horacio Fernández y el ex diputado Claudio Lozano advirtió que la actualización trimestral que se acordó en el dictamen “atrasa un semestre, condenando a las jubilaciones a retrasarse sistemáticamente en seis meses respecto a la evolución de los precios”.

Semino criticó para la actualización de haberes el uso del índice de precios al consumidor, que calcula la suba de precios de una canasta de bienes porque no refleja el consumo de los jubilados.

El defensor de la Tercera Edad explicó a Página 12 que “por dar un solo ejemplo, los medicamentos para patologías crónicas subieron en 2015 y 2016 un 170 %, la inflación a nivel general de ese período fue un 70 %. Algo similar pasa con alimentos hiposódicos e hipocalóricos, que están fuera de precios cuidados”.

Guillermo Jauregui, especialista en el tema, advierte en una nota publicada en Clarín por Ismael Bermúdez que lo crítico no es únicamente los índices de actualización sino que se sustituye de manera retroactiva un índice semestral que se iba a aplicar en marzo por otro solo trimestral. Por este motivo y ya devengado el segundo semestre, Jauregui afirma que “se reemplaza retroactivamente una fórmula de movilidad que se encuentra vigente por otra que no solo reemplaza el aumento combinado de salarios y recursos tributarios destinados a la Seguridad Social por el Índice de Precios Minoristas sino que cercena un período semestral de referencia (julio/diciembre 2017), ya devengado, por uno trimestral (Julio/septiembre de 2017)”.

Miguel Ángel Fernández Pastor publicó en Página 12 que en el dictamen aprobado se estableció el cambio de fórmula donde la movilidad se determinará en un 70 % por el índice de precios al consumidor estimado por el Indec y el 30 % restante por el coeficiente de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). El abogado sostuvo que “esta nueva fórmula es más perjudicial para los beneficiarios que la anterior. Un ejemplo vale más que mil palabras, en los 21 primeros meses de este gobierno el RIPTE creció el 59,08 % mientras que en el mismo período la inflación alcanzó el 71,30 %”.

El ataque de Cambiemos a los jubilados comenzó con la falsa “reparación histórica”, ahora quieren avanzar y degradar aún más las condiciones de vida de los más vulnerables, fijando jubilaciones de hambre y erosionando los recursos de la Anses que afectará a los trabajadores actuales que algún día puedan jubilarse. La oposición patronal en el Congreso fue cómplice y les allanó el camino. Hay que rechazar la reforma jubilatoria. (LID)