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Hallaron los restos de un obrero de Siderca-Techint, secuestrado y desaparecido en 1975

En la misma semana que identifican los restos de Armando Rodi, la Corte Suprema absolvió a la empresa en una causa por la desaparición de otro obrero de la misma planta. Una evidencia más de la complicidad de Techint con la represión desde el Gobierno de Isabel Perón hasta la dictadura.

15 de mayo| Rosa D´Alesio |

Armando era trabajador metalúrgico en Dálmine Siderca. El 13 de diciembre de 1975 fue secuestrado en su domicilio, en la Ciudad de Campana. Sus restos fueron identificados recientemente por la labor del Equipo Argentino de Antropología Forense. Armando Rodi lo desaparecieron bajo el gobierno de Isabel Perón que desde febrero de ese año había convalidado la intervención de las FFAA para la represión interna, que luego se generalizó con el golpe cívico-militar.

Otro obrero de esa misma planta fue secuestrado-desaparecido el 5 de mayo de 1977. Enrique Ingenieros trabajaba en Dálmine Siderca y fue secuestrado en la oficina de la compañía. Su mujer Irma María Pompa estaba embarazada de tres meses y fue secuestrada en su casa. Desde entonces el matrimonio está desaparecido y nunca se supo qué pasó con el bebé de ambos.

María Gimena Ingenieros, hija de Enrique e Irma María, tenía un año cuando sus padres desaparecieron; en 2008 inició una causa en el fuero laboral. Desde que inició el reclamo consiguió fallos favorables, pero Techint apeló hasta llegar a la Corte Suprema, que en la reunión de acuerdos terminó absolviendo al gigante de acero, conducido por la familia Rocca.

El pasado 7 de mayo, el Equipo Argentino de Antropología Forense daba a conocer los resultados de la identidad de los restos hallados en el cementerio de la localidad de San Andrés de Giles. Ese mismos día la Corte Suprema de Justicia debía resolver sobre el caso Ingenieros, pero quedó trabado por discrepancia entre los supremos. Dos días después se conoció el fallo de la Corte a favor del Grupo Techint.

Armando, obrero de Siderca

Armando Rodi fue secuestrado, desaparecido y asesinado por las fuerzas represivas por su condición de militante político y sindical. Los resultados de los forenses indican que fue asesinado con heridas de balas y que luego sus restos fueron incinerados y trasladados el Cementerio de San Andrés de Giles (Provincia de Buenos Aires).

La desaparición de Armando se dio a partir de la Directiva 1/75 y bajo la órbita del Ejército y del Consejo de Defensa. Esa Directiva instrumentó la represión sistemática sobre opositores al régimen de Isabel Martínez de Perón y de Jorge Rafael Videla como jefe del Ejército (que recién era designado en su cargo).

La identificación de los restos del obrero metalúrgico, que además de trabajar en Siderca, tenía una activa militancia en la fábrica, muestra que el Grupo Techint es responsable directo de su secuestro.

Dálmine-Siderca fue una de las empresas con mayor responsabilidad en la represión a trabajadores desde antes del golpe cívico-militar. El primer ciclo represivo se produjo en marzo de 1975, en el mismo momento -no casualmente- en que se desató el brutal operativo militar en la cercana ciudad de Villa Constitución; dejando en claro la acción coordinada de las grandes empresas, las fuerzas represivas y el gobierno en el cinturón industrial norte. En este marco es que desaparecen al obrero Armando Rodi.

Enrique Ingenieros, la lucha de su hija

El técnico dibujante fue secuestrado del interior de la fábrica en 1977. En 2008, su hija inició una demanda contra la empresa en el fuero laboral por considerar que la empresa fue cómplice y permitió el operativo en el que desaparecieron a su padre.

Su reclamo estaba amparado por el artículo 1 de la ley 9688 de accidentes de trabajo, dictada en 1915: “Todo empleador será responsable de los accidentes ocurridos a sus empleados u obreros durante el tiempo de prestación de los servicios, ya sea por el hecho o en ocasión del trabajo o por caso fortuito o fuerza mayor inherente al mismo”, dice la ley que aún está vigente.

Su planteo fue considerado prescripto en primera instancia, pero luego la sala V de la Cámara de Apelaciones del Trabajo determinó que la demandante aún tiene derecho a percibir la indemnización porque el caso es un delito de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptible.

En 2015 la Sala V de la Cámara de Apelaciones del Trabajo obligaba al Grupo Techint a pagar la indemnización. En 2017 la Justicia ratificó el fallo a favor de la familia de Ingenieros. El procurador fiscal ante la Corte Suprema, Víctor Abramovich, ratificó el fallo que había condenado a Techint al pago de una indemnización por el secuestro de un empleado de ese grupo siderúrgico en su lugar de trabajo durante la última dictadura militar, que derivó en una desaparición forzada.

"Las acciones civiles derivadas de delitos de lesa humanidad son imprescriptibles", apuntó Abramovich en un dictamen publicado en la web del Ministerio Público Fiscal. Así, consideró "aplicable" el artículo 2.561 del nuevo Código Civil y Comercial que dispone que "las acciones civiles derivadas de delitos de lesa humanidad son imprescriptibles" al argumentar que el secuestro de la víctima ocurrió en el lugar de trabajo y por tanto bajo "responsabilidad del empleador".

La causa pasó por distintas instancias judiciales, donde los fallos eran favorables a la familia del obrero desaparecido. Pero todos esos fueron apelados por el Grupo Techint, hasta que llegó a la máxima instancia. Finalmente la Corte Suprema de Justicia dejó impune a los Rocca.

El voto de la mayoría fue firmado por los magistrados Elena Highton, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz (presidente). En minoría quedaron Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti.

Las apelaciones de la empresa, conducida por la familia Rocca, no guarda relación con la indemnización que corresponde pagar a la hija de Ingenieros, lo que le interesa al Grupo Techint, es que no se lo juzgue por su actuación durante la última dictadura militar.

Prueba de esto es que este año, el juzgado federal de Campana, recibió denuncias por asesinatos y desapariciones de trabajadores de la empresa, varios de ellos delegados, producidos desde fines de 1975. Por esos años la empresa invirtió en comisarías donde funcionaron centros clandestinos de detención. Se calcula que hubo más de diez en la zona de Campana y Zárate. Entre ellos prevalece el Club Deportivo Dálmine que los Rocca tutelaron y financiaron para poner a disposición de los militares, a la vez les cedieron el uso del puerto de la compañía para embarcar detenidos y el edificio Catalinas que Techint tiene en el barrio porteño de Retiro.

En Dálmine-Siderca 80 de estos trabajadores y trabajadoras resultaron víctimas de crímenes de lesa humanidad, 39 están desaparecidas, 7 fueron asesinadas, 34 son sobrevivientes. En otra de las plantas de Techint, Propulsora en Ensenada, hubo 19 desaparecidos entre trabajadores y ex-trabajadores, 3 asesinados durante el golpe, al menos 11 detenidos o presos que luego fueron liberados y 4 lograron exiliarse.

El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, no hace más que legitimar estos crímenes.

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