Tucumán: Isabel Perón no será citada como testigo en el juicio por el Operativo Independencia

A pesar de haber firmado el decreto que da inicio al Operativo Independencia, la expresidenta no será citada a testificar en el juicio que se inicia el 5 de mayo.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) de Tucumán resolvió no citar a declarar como testigo a María Estela Martínez de Perón, conocida como Isabel, en el marco del juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el Operativo Independencia.

Los jueces Gabriel Casas y Carlos Jiménez Montilla, titulares del TOF, fundamentan su resolución señalando que la ex presidenta, quién firmó el decreto que da inicio al operativo, tiene el derecho a no declarar contra sí misma. "El Tribunal considera que en un análisis estricto que permita garantizar el derecho a no declarar contra sí mismo, es decir, a no auto incriminarse, de plena vigencia en nuestro sistema penal, resulta inadmisible y notoriamente improcedente, la prueba de testigo a cargo de personas que se encuentran imputadas o investigadas como intervinientes en los mismos hechos delictivos en causas comunes o en general en delitos de lesa humanidad que se habrían cometido en nuestro país (…). De tal manera, al ser público y notorio que Estela Martínez de Perón se encuentra denunciada e investigada por una supuesta intervención en aquel tipo de delitos, no corresponde su comparecencia como testigo", indica la resolución.

A un mes y medio del comienzo del juicio, la Cámara Federal de Casación Penal aún debe pronunciarse sobre si la ex presidenta será citada a declaración indagatoria como imputada. El pedido de que se la indague fue formulado en abril de 2014 por los fiscales Pablo Camuña y Patricio Rovira a raíz de que Isabel tuvo "una complicidad por omisión, ya que no hizo aquello a lo que estaba obligada", en los delitos investigados.

El juicio tiene como fecha el 5 de mayo y se encuentran imputados Roberto “El Tuerto” Albornoz, Jorge Capitán, Néstor Castelli, Luis De Cándido, Enrique Del Pino, Carlos Delia Larroca, José Figueroa, Ramón Jodar, Jorge Lazarte, Pedro Rojas, Miguel Moreno, Francisco Camilo Orce, Alfredo Svendsen, Pedro Rojas y Ricardo Sánchez. Mario Benjamín Menéndez también estaba imputado pero murió en septiembre.

La responsabilidad política y el inicio del genocidio

El 5 de febrero de 1975 –a través del decreto N° (secreto) 261, o 265 según el Boletín Oficial– el gobierno de Martínez de Perón dio inicio al Operativo Independencia con el objetivo de instar al Ejército a “ejecutar las operaciones Militares que sean necesarias a efectos neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán”.

Cuatro días después, Tucumán fue ocupada militarmente por el Ejército y otras fuerzas. Concretamente intervinieron la V Brigada de Infantería de Monte (3.500 hombres), los Regimientos 19 de Infantería (Tucumán), 20 de Infantería de Montaña (Jujuy) y 28 de Infantería de Monte (Tartagal, Salta); el Grupo de Artillería de Montaña 5, Compañías Comando de Ingenieros, de Comunicaciones, de Sanidad, pertenecientes a la V Brigada; tres escuadrones de Gendarmería, tres Compañías de Policía Federal, y fuerzas provinciales. Al frente de este despliegue estaba el comandante de la V Brigada, el general Acdel Vilas.

El gobierno de Isabel necesitaba una demostración de fuerzas ante el movimiento obrero, que con sus huelgas desafiaba al Pacto Social instaurado por Perón, y acudió al Ejército para reforzar la represión, mientras paralelamente actuaba la Triple A. Con el Operativo Independencia en marcha, la represión sobre la guerrilla, impulsada en la provincia por el PRT-ERP, se extendió a los pueblos y colonias con el objetivo de disciplinar a la clase obrera (una manera también de aislar a la guerrilla).

“Cuando se firma el Operativo Independencia, estábamos convocando a una acción más enérgica y más comprometida de las Fuerzas Armadas frente a la subversión, porque no se estaban comprometiendo en la lucha antisubversiva”, afirmó Antonio Cafiero, uno de los protagonistas, en la biografía sobre Isabel que realizó María Sáenz Quesada.

La “acción más enérgica y más comprometida” se basó en los métodos tomados de las experiencias del imperialismo yanqui en Vietnam y del imperialismo francés en Argelia. Grupos de tareas irrumpían en domicilios, lugares de trabajo y estudio para secuestrar a los “objetivos” señalados anteriormente con ayuda de las patronales, burocracias sindicales o la propia inteligencia militar. A la desaparición forzosa se sumaba la tortura como método para obtener “información” sobre otros “objetivos”. Con el Operativo Independencia también se instalaran los primeros Centros Clandestinos de Detención como “La Escuelita de Famaillá”, que funcionará desde febrero de 1975.

Muchos de estos CCD se instalaron en predios de antiguos ingenios azucareros, como se vio recientemente con la familia del ministro Prat Gay. Estas mismas patronales azucareras desembolsaron millones en el “Fondo Patriótico Azucarero” creado por Bussi, quién estará al frente del Operativo Independencia desde el 18 de diciembre de 1975.

Desde 1983 a la fecha, la dirigencia de los principales partidos políticos, el PJ y la UCR, han tratado de librarse de su responsabilidad alegando que el inicio de los métodos del genocidio se debió a un “malentendido” de los altos mandos militares. Sin embargo, ambos partidos dieron su respaldo para la avanzada del Ejército.

Desde el lado del peronismo, Isabel firmó el primer decreto en febrero de 1975 y el senador Ítalo Luder, entonces presidente interino, firmó los decretos 2770 al 2772 en el que se legaliza la participación de las FFAA para “aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio nacional”, a partir del 6 de octubre de 1975.

En su Diario de Campaña, Vilas –que estaba identificado como un “militar peronista”– sostiene que el verdadero punto de inicio fue en septiembre de 1974, cuando el gobierno de Isabel envío al Congreso un proyecto de ley para reprimir “los intentos de alterar o suprimir el orden institucional y la paz social de la Nación”. El proyecto fue aprobado en 48 horas por ambas cámaras y promulgado como “Ley N°20.840 de Seguridad Nacional”.

“En 1975 gobernaba en Tucumán Amado Juri, un histórico del PJ que había sido elegido gobernador en 1973. No había razones para sacarlo del cargo. Por eso el Operativo Independencia no incluyó la intervención federal”, afirma Sáenz Quesada en La Primera Presidente.

Amado Juri junto a Bussi, días previos al golpe. Archivo La Gaceta.

“Estamos cumpliendo con la consigna del General Perón de hacer la revolución en paz con la verdad, con la razón, con la justicia de nuestras realización, y no con la sangre y la violencia como pretende la subversión apátrida a la que felizmente nuestras gloriosas Fuerzas Armadas y de Seguridad están combatiendo con heroica decisión para erradicarla definitivamente de nuestro suelo”, fueron las clarificadoras palabras del entonces gobernador en enero de 1976.

Además, Isabel visitará Tucumán en abril de 1975 y pasará revista de las tropas junto a Vilas. “Vengo para presentar mis respetos a quienes ofrendan sus vidas para la tranquilidad de los argentinos. Hoy vengo aquí a rendir mi tributo al Ejército argentino. El ejército es hijo del pueblo y lo será siempre”, declaró en su paso por Santa Lucía. En agosto, con el consejo de Luder y Cafiero, nombrará a Videla como nuevo comandante general del Ejército.

Isabel Perón junto a Acdel Vilas pasando revista de las tropas en Tucumán, abril de 1975.

Algunos de los que firmaron aquellos decretos, como Cafiero o Carlos Ruckauf, continuaron siendo figuras del peronismo después de 1983.

Del lado del radicalismo es tristemente célebre expresión que acuñó Ricardo Balbín: “la guerrilla fabril”. En El Dictador, una biografía sobre Videla, María Seoane y Vicente Muleiro sostienen que “a instancias de Videla y Viola, Anaya [entonces jefe del Ejército, NdR] se reunió con Balbín y con Luder para definir el apoyo del radicalismo al decreto de intervención militar en Tucumán”.

El pasado domingo, La Nación publicó algunos detalles de la vida actual de Isabel en Madrid. "De política se niega a hablar. Ya sufrió demasiado. Sólo repite que no guarda rencores. A nadie.", dice la voz de un amigo español. La intencionalidad de la nota es mostrar una anciana solitaria e indefensa, que busca el olvido. Precisamente, el olvido de la gran responsabilidad política que tuvo como presidenta de un gobierno constitucional y figura del peronismo en el “ensayo general” de la maquinaria genocida que funcionó en todo el país desde marzo del 1976.

A 40 años seguimos exigiendo juicio y castigo a todos los genocidas y a los responsables políticos y económicos del golpe genocida.

Foto de Portada: Casildo Herrera, Isabel Perón, Lorenzo Miguel y José López Rega en un acto de la CGT.