Jujuy: Gerardo Morales ordena aumentar el presupuesto para beneficiar a la casta política

El gobernador logró aumentar el presupuesto en $5000 millones para financiar la burocracia judicial y administrativa. Siguen los privilegios a la casta política-judicial.

El jueves 21 la Legislatura aprobó el proyecto que envió el Poder Ejecutivo de la provincia para solicitar una modificación de la Ley de Presupuesto N° 5877 aprobada a fines de 2015 por las bancadas del FpV-PJ y la UCR junto a sus actuales socios electorales del FPJ. Estas fuerzas políticas volvieron a apoyar la iniciativa del ejecutivo en materia presupuestaria, en cambio el Fuyo votó en contra.

El monto que se había previsto en dicha Ley contemplaba gastos cercanos a los 24 mil millones y recursos por 23 mil millones, por lo que ahora el déficit aumenta en función de mayores gastos que surgen a partir de la votación realizada.

El requerimiento del gobernador Gerardo Morales de aumentar el presupuesto en más de 5000 millones de pesos, se debe a que no se tuvieron en cuenta los aumentos salariales de este año y la modificación que se hizo de la estructura del Estado, en la Justicia y en los nuevos Ministerios. Pese a que el jefe de la bancada radical, Alberto Bernis, aseguró en aquella oportunidad, según consta en la versión taquigráfica de la sesión, que la nueva estructura del Estado Provincial no reportaría mayores gastos y que en el presupuesto 2016 estarían incluidas las partidas correspondientes

En el caso de los salarios de los empleados públicos el Gobierno otorgó un aumento del 22 % muy por debajo de la inflación acumulada en los últimos meses que ronda entre el 20 y el 27 por ciento si se calcula desde enero o desde octubre respectivamente. A su vez el salario mínimo se fijó en 7.600 pesos.

En su argumentación en el proyecto de Ley no se explicita el aumento final que se quiere dar a los salarios como tampoco que se fije un mínimo acorde a la canasta familiar hoy cerca a los 19.000 pesos. Por el contrario por cómo viene tomando el gobierno las paritarias hasta el momento, todo indicaría que los montos de los salarios no tendrían grandes cambios.

Por su parte, en el bloque del FpV-PJ que votó la modificatoria, hubo diputados que cuestionaron el origen del financiamiento del mayor gasto, como también pusieron en dudas que el presupuesto propuesto por el gobierno de Fellner y aprobado por la UCR en 2015, no contemplase el incremento salarial ya otorgado por el gobernador Morales. Aunque ninguno exige un aumento de emergencia del salario mínimo ni reaccionan frente a los más de 2000 empleados públicos despedidos en toda la provincia o exigen un aumento del presupuesto para la salud o la educación. Mucho menos cuestionan las dietas de privilegio de los funcionarios que ellos también comparten. En esa misma sesión aprobaron el reparto de cargos a los que accedió el FPV-PJ en la Defensoría del Pueblo (Ricardo Pierazzoli ex Ministro de Hacienda), Fiscalía Anticorrupción (Juan Manuel Soler ex concejal) y Susepu (Héctor Pérez).

Cambios en el endeudamiento

El proyecto de Ley de modificatoria del presupuesto habilita a través de su Artículo 7 a contraer deudas con organismos internacionales de crédito o la emisión de bonos provinciales en el exterior como forma de financiar el nuevo déficit. Un cambio respecto de la gestión anterior que orientó el endeudamiento con la Nación y en este caso se alinea con la orientación del Gobierno Nacional que alienta el endeudamiento de las provincias con el exterior como se vió estas semanas en las tratativas del gobernador del FpV-PJ Urtubey (Salta) en su visita a Nueva York.

Un dato llamativo surge de observar en este rubro del presupuesto una disminución de los fondos destinados a los pagos de la deuda pública que en el presupuesto previo (Ley 5877) eran de 473.562.531 a 13.301.953 en el presupuesto modificado. ¿Será parte del nuevo endeudamiento con el exterior que se habilitó?

Más privilegios para la casta política y judicial

Lo cierto es que el líder provincial de “Cambia Jujuy” apenas asumió la gobernación se dedicó a inflar la casta política estatal. Se aumentó el número de miembros del Superior Tribunal de Justicia de 5 a 9, logrando una mayoría automática que nada tiene que envidiar a la tristemente célebre mayoría automática menemista, se crearon fiscalías y todo lo que pueda garantizar una justicia funcional en la que se pueda criminalizar la protestasocial y limitar a la mínima expresión cualquier voz opositora.

De igual manera se amplió el número de ministerios de 8 a 13 por medio de la Ley 5875 también a pedido de Gerardo Morales. En ella se establece la creación de los Ministerios de Seguridad, Trabajo y Empleo, Ambiente y Cultura y Turismo, entre otros. Tras esta “modernización” del organigrama del gobierno se crearon en consecuencia una gran cantidad de cargos jerárquicos que, sumados a los que ya existían, da un total de 670 funcionarios. Estos surgen de los cargos de jueces, secretarios, directores y jefes. Se trata de 414 cargos en el Superior Tribunal de Justicia, 102 en el Centro Judicial de San Pedro, 23 en el Ministerio Público de Defensa, 128 en el Ministerio Público de la Acusación, 3 Oficina de Anticorrupción.

Funcionarios que por cierto cobran dietas de privilegio como el mismo Gerardo Morales que cobra 198.000 pesos al mes y avaló un aumento del 40 por ciento a las dietas de todos los funcionarios públicos a partir de marzo. Una medida que muestra en falta ante su promesa de campaña cuando habló de austeridad y a favor de combatir los privilegios de la casta política. ¿Será por eso que el recibo de sueldo de Morales del mes de marzo no se encuentra publicado?

Una vez más el gobernador muestra que sus prioridades nada tienen que ver con las necesidades del pueblo trabajador. Mientras habla de “ñoquis” y despiden a miles de trabajadores del Estado, pide más dinero para aumentar los privilegios de la casta política y judicial. Si hay plata esta tiene que ser destinada a un aumento de emergencia del salario acorde a la inflación y una suba del mínimo al valor de la canasta familiar. Esta es la propuesta del Frente de Izquierda que además sostiene que todos los funcionarios ganen igual que una maestra y que se prohíban los despidos por dos años como propuso recientemente su referente Alejandro Vilca a los legisladores de la UCR.