A partir de datos de la AFIP, la Justicia cordobesa investiga a un grupo económico por comercializar marginalmente unas 650.000 toneladas de soja y maíz, equivalente a 430 millones de pesos.
Las operaciones se extendían desde la zona centro y sur de Córdoba hasta Mendoza, debido a las exportaciones que el grupo realizaba a Chile.
A partir de las pruebas aportadas por el organismo, la Justicia Federal de Villa María libró 16 órdenes de detención, que se suman a 8 detenciones previas.
El grupo económico investigado adquirió plantas de acopio, 70 camiones y autos importados, que fueron registrados a nombre de empresas fantasmas y personas insolventes.
Una investigación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dejó al descubierto las maniobras realizadas por un grupo económico para comercializar en negro desde Córdoba unas 650.000 toneladas de soja y maíz, lo que representa un monto de operaciones marginales de aproximadamente 430 millones de pesos.
A partir de los datos aportados por la AFIP, la Justicia Federal de Villa María libró 16 órdenes de detención contra profesionales involucrados en las operaciones investigadas, entre otras personas. A esta decisión judicial se le suman otras ocho detenciones producidas el año pasado en el marco de la misma causa.
La investigación apunta a un importante grupo de empresas y profesionales cuya base de operaciones es la zona centro y sur de Córdoba, y que se extiende a Mendoza, con motivo de las exportaciones que el mismo grupo realiza hacia Chile.
El grupo económico investigado registró un importante y llamativo crecimiento patrimonial en los últimos años, con la incorporación de dos plantas de acopio y procesamiento de soja y maíz, dos grandes granjas destinadas a la cría de aves, una flota de 70 camiones destinados a la logística de cabotaje e internacional y autos importados en los que se movilizan los empresarios. Estos bienes fueron registrados a nombre de sociedades fantasmas cuyos integrantes son personas insolventes que no pueden justificar la adquisición de semejante patrimonio. Con esta maniobra se buscó generar el ocultamiento al fisco de los verdaderos operadores del mercado.
Tras la denuncia de la AFIP, el Juzgado Federal de la ciudad de Villa María, a cargo del Dr. Mario E. Garzón, ordenó a fines del año pasado una serie de allanamientos en los que el organismo fiscal secuestró 100 cajas de documentación probatoria de los hechos investigados. Las órdenes de detención ahora libradas se basan en el análisis de estas pruebas.
Las investigaciones de los agentes de la AFIP se realizaron en las ciudades de Córdoba, Mendoza, Rio Cuarto, Villa María y Rio Tercero. Según informo la ofician de prensa de la AFIP, en la gacetilla N ° 2898
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