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La obediencia de Fernández ante los empresarios: cuando manda el dogma capitalista

Este jueves el presidente y el gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, se reunieron con Nardelli, dueño de la agroexportadora Vicentin. El lunes el Gobierno anunció que intervendría la empresa que debe $1400 millones y cuyo principal acreedor es el Banco Nación. También anunció que enviaría un proyecto de ley de “expropiación” al Congreso para quedarse con los activos de la empresa. Las patronales agrarias y mediáticas, así como algunos barrios caceroleros, pusieron el grito en el cielo. Incluso el mismo Perotti se espantó ante la posibilidad de la "expropiación".

12 de junio

Vicentin hizo un negocio escandaloso durante el Gobierno de Cambiemos, con préstamos y líneas de crédito increíbles a través del Banco Nación. La canilla de dólares del Estado estaba totalmente abierta para esta empresa, sin ningún tipo de control. Favor con favor se paga: Vicentin fue un generoso aportante de la campaña de Macri. Ahora resulta que Vicentin no puede devolver esa plata. Lo loco es que es una de las principales empresas que controlan el monopolio privado del comercio exterior, es decir el mecanismo por el que se realizan las importaciones y las exportaciones del país.

Vicentin tomó deuda en dólares, pero también liquidó los granos de esa cosecha en dólares, entonces no se entiende cómo puede ser que no tenga el dinero para devolverlo. El Gobierno salió a hablar de expropiación y generó un cambio de agenda en el marco de una negociación con la empresa, que le viene pidiendo que se haga cargo de su deuda desde hace meses. Sin embargo, ante el enojo patronal que generó la palabra “expropiación”, salió a aclarar que una decisión de este tipo sería una medida excepcional y que se trataba más bien de un “rescate” de esta empresa “quebrada”, sin siquiera investigar seriamente todas las irregularidades que hay detrás de esta estafa.

Al cierre de esta edición nos enterábamos, gracias a las declaraciones de Perotti, que el Gobierno espera una “oferta superadora a la expropiación” por parte de la empresa. Parece que el Frente de Todos no está dispuesto a concretar el amague. Parece que se mantiene fiel al estilo reculador en chancletas que lo ha caracterizado desde el inicio de la gestión de esta crisis, ante los patrones que en aras de la defensa de su propiedad, son los que verdaderamente mandan.

¿Las clínicas privadas o los usuarios de los hospitales públicos?
Desde que comenzó la pandemia, en el marco de una catarata de medidas pro empresarias, el Gobierno ha amagado con tomar medidas que podrían interpretarse como tendientes a afectar de alguna manera, aunque muy limitadamente, la propiedad privada capitalista. En todas las oportunidades no pasó de una mera declaración y se mostró totalmente servil ante los regaños de las patronales, la oposición de derecha y de sus voceros mediáticos.

La primera reculada en chancletas del Gobierno, tuvo lugar ante el debate sobre la declaración de utilidad pública del sistema de salud privado y su unificación con el sistema estatal. Resulta lógico, ante una crisis como la actual, poner a disposición de atender a la pandemia todos los recursos disponibles de manera centralizada y coordinada. Garantizar que no sobren respiradores y camas por un lado, mientras faltan por el otro. De acuerdo a las denuncias que llegan a este diario, la consecuencia es el que sector más desabastecido, es el público. Esto redunda en que los y las más pobres, quienes no pueden pagar una prepaga, quienes no tienen obra social porque no trabajan de manera registrada, tienen menos chances de recibir una atención adecuada. Además, en un alto porcentaje de personal de salud contagiado.

Ante la crisis evidente e innegable del sistema público, por el que ningún gobierno puede lavarse las manos, el ministro de Salud Ginés González García atinó a sugerir que se unifique el sistema sanitario bajo control estatal, al comienzo de la crisis. “Empresarios de la salud privada mantuvieron este mediodía una reunión con el ministro Ginés González García. Al finalizar, se confirmó que los dueños mandan: el gobierno finalmente no concretará ningún tipo de centralización de la salud a nivel nacional. Ni por DNU ni bajo ninguna otra modalidad.” Así lo informó La Izquierda Diario.

¿Multimillonarios o los más precarios?
El IFE de 10 mil pesos dejó afuera a millones que lo pidieron y no pudieron acceder por distintos motivos: porque son migrantes, porque viven bajo el mismo techo que otra persona que lo recibe o porque cobran algo aunque sea una miseria. Esto es lo que el Gobierno estuvo dispuesto a hacer ante la emergencia de aquellos sectores que, producto de la propia precariedad laboral a la que son sometidos por el Estado y las empresas, se quedaron sin ingresos de un día para el otro o sufrieron tremendos descuentos en sus salarios.

Mientras administra esta miseria para los y las más pobres, el Gobierno viene amagando largamente con un proyecto de impuesto a las grandes fortunas. Distintos funcionarios han salido a anunciar que un proyecto de tales características se presentaría. Nunca se supo exactamente en qué consistiría la medida, aunque algunos salieron a aclarar que no sería un impuesto, sino un tributo por única vez. Según una investigación de La Izquierda Diario, aplicando un impuesto del 3 % a la riqueza de los grandes multimillonarios, terratenientes y a la banca privada, se puede garantizar un ingreso de cuarentena de $ 30.000 para 7 millones de personas durante dos meses. El único proyecto presentado efectivamente en el Congreso, que se propone avanzar con una medida elemental como esta, es el proyecto del Frente de Izquierda. Tanto el Frente de Todos como Cambiemos, se han negado a debatirlo.

¿Especuladores o jubilados?
Épica fue la reculada del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en la negociación de la deuda bonaerense con el fondo buitre Fidelity. En febrero había amenazado con no pagar un vencimiento de deuda por 250 millones de dólares. Después de hacerse el duro con la negociación, terminó cediendo una a una a todas las presiones de los bonistas y poniendo peso por peso. Después de decir que la provincia no podía pagar más, hasta hoy no para de aflojar y darles todo lo que quieren, con plata del pueblo bonaerense. Al igual que el Gobierno nacional, el provincial ha mantenido esa conducta de pagadores a rajatabla, aún en tiempos de pandemia y de crisis socio sanitaria.

Si antes de la pandemia ya resultaba una locura pagar la deuda externa ilegal, ilegítima y fraudulenta, seguir avalando esta estafa sobre la miseria y el virus que avanza, es directamente criminal. Destinar todos esos recursos a convalidar el saqueo histórico de la deuda, que dio un salto enorme durante la gestión macrista, es una política que va directamente en contra de fortalecer la salud pública, en contra de la asistencia alimentaria, en contra de la infraestructura para que a la gente no le falte agua. Desde que empezó la cuarentena el Gobierno ha pagado 570 millones de dólares en concepto de deuda y aún le resta encarar la negociación con el FMI.

Los bolsillos de los especuladores de la deuda han sido tan privilegiados como las abultadas ganancias de los banqueros. A ellos no se les ha tocado un solo peso, mientras el ajuste recae por ejemplo, sobre jubilados y jubiladas. El Gobierno sigue aumentando por decreto las jubilaciones, luego de haber suspendido la movilidad, pagándoles de esta manera menos de lo que les hubiera correspondido. Esto es nada más y nada menos que un ajuste, una medida de disciplina fiscal como las que piden el FMI y los especuladores de la deuda. Sin piedad para los jubilados, ni siquiera en la pandemia.

Sus viejas ideas capitalistas y su dogma
Los negociados con el Estado, conjunto de instituciones administrado por los sucesivos gobiernos a su servicio, es otra vía que encuentran las grandes empresas para sacar una tajada más a la clase trabajadora. Junto a las suspensiones, los despidos, las rebajas de salario, acuden a todo tipo de negocio y maniobra con el Estado para abultar sus bolsillos. No les tiembla el pulso para hacer cualquier cosa ilegal, como quedó en evidencia con denuncias de corrupción que involucran a grandes empresarios como Paolo Rocca, no solo en Argentina sino en el mundo. Recordemos causa cuadernos y Odebrecht.

Pero esta impunidad tampoco les alcanza: cada exención impositiva, cada subsidio que va a parar a las empresas, cada beneficio que les da el Gobierno con leyes y decretos, es otra manera que encuentran para quedarse con la riqueza que genera la clase trabajadora en blanco, la más precaria e incluso los sectores que no tienen empleo, mediante impuestos y tarifas. Incluso en tiempos como estos, incluso durante la pandemia. McDonald’s recibiendo subsidios mediante el plan de Asistencia al Trabajo y la Producción, emitiendo recibos de sueldo de cero pesos gracias a esta gran gesta estadista de Alberto Fernández, es el más claro ejemplo de este parasitismo.

Ante el amague de expropiación, los sectores que reaccionaron escandalizados por esta palabra, encontraron en Alberto Fernández un primer gesto tranquilizador: “No me da vergüenza decir que soy un capitalista” les dijo. La consecuencia de esta confesa pertenencia de clase, como bien se demuestra en este historial de amagues, es que el Gobierno jamás afectará seriamente la propiedad capitalista porque respeta su principal dogma: que sus ganancias valen más que nuestras vidas. Por más que prometan muchas cosas en campaña, como gobiernos capitalistas solo vienen a gestionar el Estado bajo esta premisa.

La misma realidad está demostrando que la única forma de responder a las acuciantes necesidades de las mayorías, es afectando las ganancias de los empresarios. El solo hecho de que el Gobierno haya tenido que amagar, ir y venir con esta idea, demuestra lo urgente que se torna esta perspectiva. Sectores afines al Gobierno critican a la izquierda por sus ideas demodé y dogmáticas. Tenemos una noticia para decirles: las ideas capitalistas de las que se jacta representar el presidente son mucho más viejas que las nuestras. Ante una crisis como la actual, el Gobierno hace carne el dogma capitalista mientras les dice a millones que solo se puede optar entre más muertos o más pobres. (LID) Por Juana Galarraga

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