Lesa humanidad. Balance negativo: más genocidas en sus casas, lentitud en las causas y menos detenciones

El último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH) arroja datos que no son alentadores sobre la situación de los procesos por delitos de lesa humanidad en nuestro país. El 77% se encuentra con arresto domiciliario. A su vez, son 1506 las personas que permanecen en libertad, más del doble de las detenidas en diversas condiciones, incluyendo las prisiones domiciliarias.

Los datos indican, recogiendo los informes desde 2006 –año en que se retoman los juicios luego de anuladas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final- que se dictaron 294 sentencias por parte de tribunales de las diferentes jurisdicciones federales, con un total de 1117 personas condenadas y 168 que resultaron absueltas. El estudio da cuenta de que son 3640 personas investigadas, de las cuales casi un tercio (1036) falleció.

Un número irrisorio si tomamos como parámetro la existencia de al menos 800 centros clandestinos de detención y exterminio (CCDyE) en el país reconocidos por el Estado: apenas un poco más de 1 represor por CCDyE fue condenado, a casi 40 años de la caída de la dictadura.

Pero otro dato expresa aún más la impunidad que persiste: del universo total de personas bajo investigación en curso, son 1506 las que permanecen en libertad, más del doble de las detenidas en diversas condiciones, incluyendo las prisiones domiciliarias.

Con respecto a esto último, hay 717 represores detenidos, el 77% se encuentra con arresto domiciliario; sólo el 30% de ellos cuenta con dispositivo de monitoreo electrónico.

La procuraduría especializada advierte que continúan las demoras en las etapas recursivas, instancia en la que se presentan las infinitas apelaciones. En ese sentido, tomando las 294 causas en las que los jueces se expidieron, un 62% de ellas posee alguna instancia recursiva pendiente (ante la Cámara Federal de Casación o ante la Corte Suprema) para al menos una de las personas sentenciadas en cada caso. Dicho de otra manera, sólo el 38% de las causas tiene condena firme, según los datos recogidos hasta el 5 de diciembre de 2022.

A su vez, destaca el informe que, en relación con las personas juzgadas, se observa que continúa la tendencia en baja del número de detenidas, consolidándose el arresto domiciliario como la modalidad de encierro predominante desde el año 2016.

“Las demoras siguen siendo una traba en el proceso de juzgamiento", indica la fiscal federal María Ángeles Ramos, a cargo de la Procuraduría. Agrega que “las demoras persisten, con algunos avances, en la faz recursiva contra las sentencias definitivas dictadas por los tribunales federales de todo el país”. En síntesis, las causas se eternizan y no llegan a una condena firme debido a las innumerables apelaciones por parte de los defensores de los genocidas.

Carlos “Sueco” Lordkipanidse, sobreviviente de la dictadura, referente del Encuentro Militante Cachito Fukman y del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, dialogó con La Izquierda Diario y expresó “su absoluto repudio a esta situación que se viene manifestando en los últimos tiempos”. Agregó que “hace 40 años luchamos por, a través de la memoria la verdad y la búsqueda de justicia, llevar al lugar que les corresponde, que es la cárcel común a los responsables directos políticos y materiales de lo que se conoce como el genocidio argentino; mi condición de sobreviviente de la ESMA me hace ver con mucha preocupación todos los índices que muestran a la baja la situación de las condenas a los represores genocidas”.

Desde el inicio de los juicios, los organismos de derechos humanos que conforman la querella de Justicia Ya y el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, entre otros la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), el Encuentro Militante Cachito Fukman, insisten en que los juicios deben organizarse por circuito represivo (y no por centro clandestino de detención y exterminio) y “que todos y cada uno de los represores fueran condenados por los delitos cometidos por todos y cada uno de nuestros compañeros, y vemos hoy en día como eso no se ha concretado”, destaca el “Sueco”. Trae a la memoria los y las compañeras sobrevivientes que fallecieron y lucharon hasta el último de sus días por ese objetivo, haciendo un esfuerzo sobrehumano en aportar pruebas innumerables veces: Mario Enrique Fukman, Víctor Basterra, Mario Villani, Andrea Bello, Lázaro Gladstein [todos sobrevivientes de la ESMA NdeR] y tantos otros, además de nuestra querida compañera Adriana Calvo".

El caso paradigmático del desmembramiento de las causas es el de la Megacausa Esma que ya va por el tramo VI, en el que fue juzgado recientemente –y condenado a 15 años- un solo represor, Mario “Churrasco” Sandoval, por un solo caso, el secuestro, la tortura y desaparición de Hernán Abriata.

Domiciliarias e “impunidad biológica”

La diputada porteña por el PTS en el Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad (FIT-U) y referente del CeProDH, Alejandrina Barry habló con este diario y señaló que dado que “seguimos teniendo un proceso de juicios lentos y eso implica que se produzca lo que llamamos impunidad biológica: los genocidas fallecen impunes en libertad antes de llegar a ser juzgados”.

Durante el año en curso fallecieron sin condena 63 personas investigadas por crímenes de lesa humanidad y en lo que va desde 2006 decíamos más arriba que muerieron 1036. De ese universo, 249 (23%) fallecieron previo a que la sentencia se encuentre firme y en el caso de los/as absueltos/as fueron 24 (14%).

A propósito del caso antes mencionado, el “Sueco”, señaló a La Izquierda Diario un elemento más que conforma el entramado de impunidad, las prisiones domiciliarias: “Con profundo desagrado vemos que hasta el último de los de los condenados en la causa ESMA, Mario ’Churrasco’ Sandoval, una vez finalizado el juicio, fue trasladado a la prisión de lujo de Campo de Mayo y por eso quiero manifestar mi más absoluto repudio a esta situación.”

En este aspecto, el informe refiere que, de los 717 represores detenidos, el 77% se encuentra con arresto domiciliario; sólo el 30% de ellos cuenta con dispositivo de monitoreo electrónico. Solo el 15% (108 personas) están alojadas en dependencias de los Servicios Penitenciarios Nacional y provinciales. Son 60 los represores que se encuentran detenidos en dependencias de fuerzas armadas o de seguridad, o en el Hospital Miltiar. De ellas, 53 lo hacen en la Unidad N°34 del Servicio Penitenciario Federal con sede en la guarnición militar de Campo de Mayo.

Por caso, Teresa Laborde Calvo, la hija de Adriana denunció cuando declaró como querellante en la causa de las “Brigadas” que integraban el Circuito Camps en la provincia de Buenos Aires, el paradigmático caso del medico de la Bonaerense Antonio Bergés presenciaba el juicio desde la comodidad de su casa. "Nací desaparecida en un traslado, en el asiento de atrás de un Falcon. Llegué en el cruce de Alpargatas, no tuvieron la deferencia de desatarle las manos, así que quedé colgando.Cuando llegamos al Pozo de Banfield, Bergés le sacó la placenta a golpes, la hicieron subir por escalera y a mí me dejaron en una mesada fría. Ella ya contó las cosas tremendas que le hicieron, me parece inadmisible que ese señor esté sentado ahí en su casa", relató crudamente durante su declaración.

Pero otro dato expresa aún más la impunidad que persiste: del universo total de personas bajo investigación en curso, son 1506 las que permanecen en libertad, más del doble de las detenidas en diversas condiciones, inclyendo las detenciones domiciliarias .

La urgencia de la apertura de los archivos

Con respecto a la pata civil de la dictadura, Alejandrina Barry, que es hija de desaparecidos, y querellante en la causa contra Editorial Atlántida por su apropiación y haberla usado para una campaña propaganda ideológica contra sus propios padres desaparecidos, dice que su caso “es uno de tantos en los que el Poder Judicial no ha querido meterse jamás con los civiles, pero esto podría ser distinto para los sobrevivientes tienen que una y otra vez aportar las pruebas si se abrieran los archivos de la dictadura, que nos permitiría también encontrar a todos los nietos apropiados con mucha más celeridad, y conocer a todos los represores y dónde están los cuerpos de los desaparecidos. Las madres de Plaza de Mayo, muchas de ellas están muriendo sin saber dónde están los restos de sus hijos. Creemos que esta es una responsabilidad absolutamente política de los distintos gobiernos que se han negado a tomar esta medida elemental para que realmente podamos avanzar en el proceso de memoria, verdad y justicia”.

En el mismo sentido, Lordkipanidse nos dice que “no queda ninguna duda acerca de que acá de lo que se trata es de un nuevo pacto de impunidad que necesariamente requiere de un respaldo político para que esto ocurra más allá de que responsable directo es el poder ejecutivo. Desde hace ya varios años lo que se observa es una innumerable cantidad de prisiones domiciliarias concedidas de excarcelaciones de sentencias de impunidad”.

“El tiempo pasa y se lleva a nuestros compañeros y los genocidas mueren en la impunidad. Esta impunidad biológica –remarca- que hemos denunciado desde un principio a la que evidentemente tendía el sistema político y judicial, se está haciendo efectiva. Hago un llamado a que pongamos el máximo de los esfuerzos para tratar de revertir esta situación lamentable”.

Hacemos nuestro este llamado, y a seguir en las calles levantando las banderas de cárcel común y efectiva a los genocidas, junto a la exigencia de apertura de los archivos de la dictadura cívico-militar-eclesiástica. (LID) Por Gloria Pagés