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Ley ómnibus. Ataque a los jubilados: el ajuste será de 0,9 % del PBI, el doble de lo anunciado por Caputo y Milei

De acuerdo a estimaciones de la consultora PxQ, con los cambios en la fórmula de movilidad en la ley ómnibus, el gasto en jubilaciones se reduciría 0,9 % del PBI en 2024, más del doble de lo previsto por Caputo. Así, mantendrán el ajuste fiscal de 5 puntos del PBI prometido al FMI y los acreedores externos.

24 de enero

La plata de los jubilados y jubiladas son nuevamente la prenda de negociación entre el gobierno de Milei, los gobernadores y la "oposición dialogista" (el PRO, UCR y el bloque de Pichetto), en donde los únicos que pierden son los primeros.

El Gobierno busca modificar la fórmula de movilidad previsional justo después de haber dado un ajuste en shock en el primer trimestre del año gracias a la inflación, que implicará la rebaja de entre 20 % y 25% del poder de compra de los haberes hacia marzo.

Pero además, una vez después de haber licuado las jubilaciones, en los cambios propuestos en la "ley ómnibus" proponen que a partir de abril los haberes comiencen a actualizarse de acuerdo a la inflación mensual, lo cual hará que queden "atadas a la inflación" que según el propio gobierno comenzará a descender, y así, no puedan en ningún momento recuperar esa pérdida.

Cuando Javier Milei y Luis Caputo expresan en ley ómnibus que: "así se les garantiza a los jubilados que mantengan su poder adquisitivo" les faltó decir "en la miseria".

La consultora PxQ, dirigida por Álvares Agis, estimó que, con una caída proyectada del 3% de la actividad en 2024, el gasto en jubilaciones se reduciría 0,9% del PBI, más el doble de lo previsto por Caputo en su esquema al asumir que confesaba un recorte de 0,4 % del PBI.

Por último, cabe agregar la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, que los gobernadores están entregando a cambio de sanear sus deudas con Nación y percibir pagos en concepto de "deudas previsionales" de Nación con las 13 provincias que no transfirieron sus cajas de empleados públicos. El Fondo debiese usarse para pagar aumentos a los jubilados y jubiladas que vienen perdiendo gran parte de su poder de compra, y no para pagar la deuda externa.

En qué consiste el nuevo robo a los jubilados

En marzo el Gobierno entonces otorgará el aumento previsto en la fórmula vigente de movilidad previsional, que se rige en partes iguales por la evolución de los salarios y por la recaudación tributaria de Anses. Esto daría aproximadamente un aumento de entre 30% y 35%.

Pero gracias a la devaluación de Caputo que subió el tipo de cambio oficial un 118%, la liberación de los precios y tarifas y la espiral inflacionaria desatada por el Gobierno, por sobre la inflación ya alta que dejó el Frente de Todos, los precios habrán aumentado en el mismo período entre un 75-80%. De esta forma, en el primer trimestre del año las jubilaciones quedarán muy por detrás de la inflación, lo que implicará una verdadera licuación del poder de compra de alrededor de un 25%.

En el caso de la jubilación mínima, esa pérdida, sumada a lo que se ajustó con el gobierno de Macri y el Frente de Todos, implicará un poder de compra de casi a la mitad de lo que compraba en 2015 (-45%). En lugar de unos $210 mil pesos debería percibir en marzo cerca de $380 mil.

Para jubilaciones que no cobran bono y están un poco por encima de la mínima, la pérdida acumulada desde 2015 podría llegar hasta casi el 65% de su poder de compra. Esto es, percibirán apenas un tercio de lo que recibían 8 años atrás.

A todo esto debe agregarse que el gobierno propone que a partir de abril 2024, la fórmula sea reemplazada por actualización mensual por IPC, comenzando con el último disponible. De esta forma, saltean la inflación de enero (como si nunca hubiese existido) y aplican el IPC sobre jubilaciones ya muy devaluadas. Lo que se agrava porque no aclaran si continuarán con los bonos que paliaron muy parcialmente el derrumbe de los haberes.

La intención es precisamente la contraria a recomponer: es atacar otra vez a jubiladas y jubilados para obtener un recorte fiscal a la medida del ajuste que exige el FMI y los acreedores de la deuda externa. (LID)

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