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Los abismos de la inequidad

En los últimos días los salteños han podido seguir con estupor en el diario El Tribuno una serie de noticias que se refieren al trágico accidente ocurrido en un alejado paraje del departamento Santa Victoria. Paso a narrar los hechos: Rodrigo Quispe, de 15 años, por pedido de su padre no asiste un día a la escuela para ayudarlo en el aporte voluntario que brinda para la construcción de un camino vecinal de alta montaña, obra emprendida por la comunidad para solucionar los problemas de crónico aislamiento de la zona. Dicha obra se está realizando con fondos provenientes de la cooperación internacional y gestionados por la Prelatura de Humahuaca. Para la voladura de rocas de gran tamaño emplean explosivos y, según sugiere la crónica del matutino, debido a la impericia o a la negligencia en el manejo de los mismos, se produce una explosión que provoca la pérdida de tres dedos en la criatura.

31 de octubre de 2006| copenoa |

Hasta aquí la síntesis del trágico hecho. La cobertura del diario, no obstante, profundiza la investigación en la elemental búsqueda de los responsables. La justicia salteña, por otra parte, ha iniciado acciones a los sacerdotes católicos Fernando Beriaín y Carlos Juan Halcón Moreno y a Ana Quispe, Fermina Martínez y Julio Martínez, dirigentes de las comunidades aborígenes kollas de Papa Chacra, La Falda, Pucallpa y Mesón que había asumido la dura tarea de administrar los recursos disponibles para la obra y el aporte voluntario que realizan los miembros de la comunidad. La justicia seguirá adelante -esperamos que de manera imparcial- y determinará las responsabilidades del caso.

Sin embargo, si nos quedamos con el relato crudo y con la cobertura del diario, estaremos abordando sólo un aspecto de la información y, creemos, de nada serviría si este hecho lamentable no se convierte en el caso testigo que nos permita desnudar una situación compleja y de profunda inequidad a la que debemos ponerle fin de una vez por todas.

El precio de la voluntad

En primer lugar, diremos que desde la década de los noventa y ante la destrucción de los organismos provinciales y nacionales que tenían responsabilidad directa sobre las obras de infraestructura y la dotación y el mantenimiento de los servicios elementales, se ha agudizado la división del país en una región densamente poblada y rica, adonde todos estos servicios han sido privatizados obteniendo las empresas una renta impresionante con el mínimo de inversión y otra región pobre, habitada mayormente por comunidades campesinas y pueblos originarios que se encuentra sumida desde entonces en el absoluto abandono oficial. Esta región por supuesto no ofrece rentabilidad y por lo tanto las empresas privadas no tienen ningún interés en proveer de servicios a sus habitantes, ni siquiera cuando la ley así lo exige, contando para ello con la complicidad o la indiferencia de los entes reguladores del estado.

Ante esta situación de abandono, las comunidades tuvieron que tomar la inicitiva y comenzaron a hacer aquello que los gobiernos no hacían y que aún hoy no hacen. Con un esfuerzo increíble en casi todo el territorio provincial -y en el nacional, por cierto, ya que la misma situación se registra a lo largo y a lo ancho del país- las únicas obras de infraestructura destinadas a los sectores pobres y alejados de las ciudades han sido realizadas por las organizaciones comunales, centros vecinales y asociaciones aborígenes. Se realizaron escuelas, redes de agua potable, albergues para niños escolares, canales de riego, puestos de salud, baños, viviendas, obras de infraestructura destinadas a la producción, salones comunitarios, mejoras de los sistemas productivos, dotación de electricidad, cocinas económicas y también puentes y obras viales, como la que hoy nos ocupa. Esta modalidad de trabajo, desde hace más de una década, decíamos, ha sido fomentada desde el estado y desde los organismos internacionales de crédito a través de la implementación de programas destinados a los más pobres, en muchas ocasiones administrados por las organizaciones populares con una eficiencia y transparencia que harían pasar vergüenza a más de un funcionario de alto nivel. Desde la época de Menem la mayoría de estos programas se implementaron -y aún se implementan- con financiamiento del Banco Mundial, el BID u otros organismos internacionales o con el apoyo de la cooperación internacional a través de ONGs u Agencias de Desarrollo pertenecientes a los gobiernos del primer mundo. Se puede decir que en Salta la gran mayoría de las obras de infraestructura y de los servicios que se han llevado a cabo durante los últimos quince años y que favorecen a los ciudadanos pobres como los de los departamentos de Santa Victoria, Iruya, Rivadavia, San Martín, San Carlos, Molinos, Cachi, e inclusive barrios de Salta capital, se realizaron por el esfuerzo solidario de los pobladores, quienes aportaron la mano de obra muchas veces con el apoyo de los municipios locales, que también se han visto en la disyuntiva de trabajar en esa misma precariedad o de parar definitivamente por falta de presupuesto para obras. Sintetizando, con las privatizaciones el estado delegó sus responsabilidades elementales, dejó un vacío enorme que ha sido reemplazado por el voluntarismo, pero entrampado en un contexto laboral de una precariedad tal que permanentemente pone en riesgo la vida de los beneficiarios.

El precio de la libertad

En segundo lugar, no podemos dejar de mencionar el contexto político local, porque entendiendo las relaciones de poder entenderemos un poco mejor los hechos que están ocurriendo. Es el Municipio de Santa Victoria Oeste un lugar alejado, adonde en dos elecciones consecutivas los pobladores de los parajes le han doblado la mano al oficialismo provincial que, disponiendo de todo el aparato y los recursos económicos, fue derrotado en las urnas por las comunidades aborígenes kollas. Sólo con la voluntad, el coraje y la organización enseñaron con su ejemplo a todos los salteños que el débil puede vencer al fuerte. Si bien lograron sacarse de encima al poder feudal de la familia Ontiveros, estos últimos, con la anuencia del gobierno provincial y como premio a su lealtad, manejan a discreción las instituciones locales, entre ellas la delegación de vialidad a cargo de la fundación San Santiago Apóstol del ex intendente derrotado y que ha condenado al abandono los peligrosos caminos y rutas del municipio hasta volverlos casi intransitables. La provincia, además, niega a las legítimas autoridades los recursos más elementales, intentando aislarlas y castigando a un pueblo por haber demostrado y seguir demostrando su coraje cívico, para ello basta recordar la pueblada ocurrida hace muy poco, cuando a dedo se designó como director del Colegio Polimodal al Profesor Dante Báez, parte de la familia Ontiveros.

Desde el poder político provincial el mensaje es claro y asusta: no hay lugar para las ideas diferentes, menos aún cuando se trata de “indios” que, a partir de la organización han vencido a las humillantes prácticas clientelares. A los díscolos hay que disciplinarlos, tienen que morder el polvo y fracasar, no vaya a ser que el ejemplo cunda y, como los mansos ríos de montaña, de repente se vuelvan un torrente, una amenaza inmanejable.

Y en esto de la organización de las comunidades, es indudable que la Prelatura de Humahuaca con el obispo Pedro Olmedo a la cabeza tiene su responsabilidad junto con otros actores (dirigentes indígenas, técnicos, ONGs) que también han padecido persecuciones y amenazas, ya que desde hace más de dos décadas además de su labor pastoral han demostrado preocupación por lo social y sobre todo, por la devolución de la tierra a los pueblos originarios. Un tema por demás desagradable para la autoridad. Sólo así puede entenderse esta patraña legal que intenta manchar la trayectoria de los sacerdotes y de los humildes dirigentes kollas que han sido involucrados en este caso tan doloroso.

El padre de la criatura está desesperado y no es para menos. Tampoco él es el responsable de la suerte de su hijo, ya que en la cultura de los pueblos andinos es común el trabajo de los niños junto a sus padres, aprendiendo entre juegos los quehaceres en la chacra, el pastoreo de sus animales o el trabajo comunal y solidario. Por cierto, además de las responsabilidades históricas y de contexto habrá responsabilidades individuales que deberá dirimir la justicia.

Por último, una vez más está claro que hay dos países: el del crecimiento económico y el del aislamiento y el olvido. Hay dos provincias, también, una Salta que se muestra a través de las grandes obras de infraestructura (nuevas autopistas, el maquillaje urbanístico para recibir al turismo y el centro de convenciones que se está emplazando en Limache) y la Salta invisible de los márgenes, adonde hombres, mujeres y niños, para sobrevivir con algo de dignidad tienen que acarrear el mundo al hombro hasta perder los dientes, los dedos, la vida misma.

En medio de este drama, es indudable que con el trabajo voluntario reemplazando durante años a un estado ausente, las organizaciones populares han recuperado la autoestima y logrado su empoderamiento; el desafío actual es encontrar el equilibrio para que este proceso continúe, pero cumpliendo a rajatabla las normas que garanticen la seguridad laboral y jurídica de la gente involucrada. Hay situaciones que no pueden esperar más, hay prácticas que deben cambiar definitivamente para que la brecha entre ambos países, entre ambas provincias, no perezca en los abismos de la inequidad.

Foto de Portada: Toma de Colegio de Santa Victoria Oeste

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