Los gobiernos latinoamericanos rechazan los cuestionamientos de la Sociedad Interamericana de Prensa sobre la libertad de expresión.

Lo hicieron luego de que esta organización los acusara de atentar contra la libertad de prensa. Tanto la administración de Evo Morales como la conducida por Hugo Chávez desestimaron las resoluciones de la SIP, a las que calificaron como “interesadas”.

Por su parte, el mandatario ecuatoriano Rafael Correa aseguró que la entidad patronal de los medios “no tiene moral ni autoridad para juzgar a su administración”.

Además advirtió que la SIP “quiere censurar al gobierno ecuatoriano y dictar sus políticas públicas”.

En Venezuela, el Ministro de Comunicación Jesee Chacón también rechazó esas acusaciones y aseguró que el gobierno de Chávez trabaja para democratizar la expresión de su pueblo.

Además, Anaí Arismendi, especialista en temas vinculados a los medios acusó a la Sociedad Interamericana de Prensa de agrupar a los empresarios y “no a los periodistas”.

En Bolivia, el vocero presidencial Iván Canelas fue el encargado de rechazar las acusaciones de la Sociedad Interamericana de Prensa.

Canela resaltó que esas acusaciones “no preocupan al gobierno de su país” porque se acusa a los líderes progresistas que no se “alínean con el sindicato de los medios”.

Volviendo al caso boliviano, hay más información acerca de las vinculaciones políticas entre los medios y el poder económico concentrado.

El Ministro de la Presidencia boliviano, Juan Ramón Quintana aseguró que el canal privado, UNITEL, es “corresponsable” de la Masacre de Pando que dejó una veintena de muertos en septiembre pasado.

Es porque la emisora encabeza una campaña para liberar al principal sospechoso por el genocidio ocurrido en esa oportunidad.

Además, hay sospechas de que ese medio de comunicación posee imágenes que serían útiles para la justicia, pero que se niega a difundirlas para proteger al ex prefecto acusado, Leopoldo Fernández.