El gobierno busca limitar la aplicación de la ley de glaciares para favorecer a los proyectos mineros, a través de un nuevo decreto reglamentario.
Una serie de organizaciones ambientalistas denunciaron que el Gobierno nacional busca intervenir en la reglamentación de la Ley de Glaciares para favorecer a las mineras.
En un comunicado de prensa, las organizaciones Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas señalaron que tuvieron acceso al borrador del decreto para modificar la reglamentación de la ley de glaciares, que fue recibido de forma anónima por la Asamblea de Jáchal, de San Juan, querellante en la causa penal que tramita ante la Justicia Federal en la que se investiga el cumplimiento de la Ley Nacional de Glaciares N° 26.639.
El abogado Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, indicó que “resultan inaceptables las maniobras del Gobierno Nacional para distorsionar la Ley de Glaciares a medida de las grandes transnacionales mineras. Ni siquiera se comprende qué hace el Ministerio de Energía y Minería interviniendo en la reglamentación de una norma de Protección Ambiental. No permitiremos que bastardeen la ley que protege algo tan elemental como son los lugares donde nace el agua de nuestro país”.
Según señalaron las organizaciones, el borrador del decreto busca avanzar en la limitación de la aplicación de la ley de glaciares a través de distintas definiciones y decisiones, que exceden la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo Nacional.
Para los ambientalistas, este documento “limita los glaciares al inventariar a aquellos mayores a una hectárea, cuando la ley incluye a todos los glaciares en su inventario sin importar forma o dimensión”.
También señalan que “la ley establece que el ambiente periglaciar es el área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico, pero este decreto pretende modificar esto dejando fuera los glaciares de escombros, decisión no prevista por la ley, y permitir así el avance de las mineras en estas zonas”.
Otro punto crítico que contiene el borrador busca imponer “requisitos adicionales como la necesidad de realizar un estudio de significancia hídrica para los glaciares de escombros, requisito que no menciona la ley”.
Para el coordinador de la campaña de glaciares de Greenpeace, Gonzalo Strano, “la presentación pública de este documento evidencia una vez más que los intereses mineros están por encima de la protección de nuestros glaciares. Y lo que es peor aún, demuestra la complicidad del gobierno con estas corporaciones mineras que destruyen nuestros recursos naturales a cambio de los intereses de unos pocos”.
Por su parte, Pía Marchegiani, abogada ambientalista y coordinadora del área de participación ciudadana de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), indicó que “un decreto que integre este tipo de cambios resulta inconstitucional porque estaría modificando el espíritu de la Ley Nacional de Glaciares, que es una norma de jerarquía superior. Se trata de un exceso en las facultades reglamentarias del Poder Ejecutivo”.
Una operación similar realizó el macrismo con la Ley de Protección de Bosques de Provincia de Buenos Aires, cuyo fin original era la defensa del bosque nativo pero que con algunas modificaciones acordadas con la multinacional Techint terminó favoreciendo el negocio inmobiliario.
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