Macri y la “patria contratista”: una relación que sigue vigente

Las declaraciones de Carlos Wagner, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, abrieron una nueva etapa dentro de la causa de los cuadernos pero que por el momento pareciera no tener la trascendencia mediática y judicial que se merece. Mal que le pese al Gobierno nacional, y seguramente a dos de sus laderos judiciales el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, se destapó lo que es un secreto a voces: el enorme negociado que hay alrededor de la obra pública y del que se benefician por igual funcionarios corruptos de los partidos gobernantes y empresarios.

Wagner dejó en orsai al resto de los “colaboradores imputados”, conocidos como arrepentidos, al declarar que efectivamente existieron coimas. Y detalló que, desde el 2004, un año después de iniciado el mandato de Néstor Kirchner, existía un mecanismo por el cual se “arreglaba” qué empresa se quedaba con cada licitación y que su vez, la empresa, una vez obtenida la licitación, debía “retornarle” a los funcionarios entre un 10 y 20% del total de la obra. Y agregó que de este modus operandi formaron parte las siguientes empresas: “Perales Aguiar, Vial Agro, Biancalani, Losi, Fontana Micastro, Marcalba, Iecsa, Chediack, Equimac, Coarco, Cartellone y Vialco, entre otras”.

En 2004, Iecsa era propiedad de Franco Macri y sus hijos (o sea también de Mauricio) y formaba parte del holding familiar. Fue recién en el 2007 que Franco decide vender dicha empresa, por un valor irrisorio a Ángelo Calcaterra, su sobrino, quien a su vez la vende en el 2017 a Marcelo Mindlin, un amigo del presidente Macri, luego de quedar implicado por el Caso Odebrecht.

“¡Para, para, para! ¿Vos me estás diciendo que Franco y nuestro actual presidente Mauricio Macri, junto a los ex funcionarios kircheneristas, formaron parte de un mecanismo delictivo para enriquecerse?", podría preguntar un conocido conductor de las medianoches de América. “Por supuesto que sí”, sería la respuesta.

Sin embargo, Bonadio y Stornelli no parecen haber reparado en este detalle.

Este mecanismo tiene un nombre: la “patria contratista” y no es un invento del kirchnerismo. Aunque el Gobierno nacional, con la ayuda de los grandes medios de comunicación y el Poder Judicial quieran transmitir esa idea.

Macri y Roggio: creadores de la “patria contratista”
En 1975, un año antes del golpe del ‘76, se empezó a utilizar el concepto de “patria contratista” para definir a un grupo de poderosas empresas proveedoras del Estado que crearon un sistema para hacer negociados a gran escala con la obra pública, convirtiéndose en un sector prebendario del Estado. Ambos grupos fueron altamente beneficiados por la última dictadura cívica militar que además de adjudicarles obras por todos lados hacia el final de su gobierno, en 1982, les estatizó su deuda de la mano de Domingo Cavallo, por entonces ministro de Economía.

La dictadura cayó, pero los negociados siguieron e incluso durante los ’90, a tono con el clima neoliberal a nivel mundial, fueron beneficiados por las privatizaciones. A Macri le tocó el Correo Argentino y a Roggio la concesión del subterráneo de Buenos Aires. Juntos, además, manejaron ramales de trenes como el Belgrano cargas.

¿Cómo funcionaba y sigue funcionando la “patria contratista”?
La coima: el ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez, lo reconoció hace unos años cuando afirmó que los empresarios llamaban Movicom a la obra pública “porque va con el 15 adelante”. Ahora, Wagner declaró algo similar.
Sobreprecios: van de la mano con la coima. En algunos casos, como es el caso de algunas de las obras ejecutadas por Austral Construcciones -la empresa de Lázaro Báez-, los sobreprecios pueden llegar al 150%. Del sobreprecio sale la plata para la coima. Si la obra cuesta 100, se “arregla” que se factura por 130 y ese 30 de más se lo reparten entre el coimeado (funcionario) y el coimeador (empresario).
Adelanto por certificación de obra: el caso López, el hombre de los bolsos, reveló que en muchos casos se adelantaba dinero cuando funcionarios certificaban el avance de la obra. La secretaría de Obras Públicas, en manos de José López, llegó a pagar el 100% de obras que nunca se terminaron de hacer.
Testaferros: muchas veces funcionarios son al mismo tiempo los empresarios “encargados” de llevar adelante las obras. Para eso, utilizan una intrincada red de amigos, hermanos, que actúan de testaferros.
La propuesta de la izquierda
En el capitalismo argentino, como en el resto del mundo, mientras empresarios y funcionarios corruptos se llenan los bolsillos, millones de habitantes no tienen acceso a viviendas dignas, a habitar en barrios o zonas asfaltados, a trabajar o mandar sus hijos a escuelas en buenas condiciones edilicias, como quedó demostrado con el crimen social de Moreno, entre otras muchas cosas.

Esos empresarios, son los mismos que tienen a su cargo obras fundamentales para la vida de millones, como la refacción de escuelas, hospitales, la construcción y repavimentación de rutas y caminos de barrios humildes o alejados de centros urbanos. Obras que muchas veces ni siquiera terminan, pero sí cobran por supuesto. Las penurias de la población son la contracara de este enriquecimiento fastuoso de empresarios y funcionarios corruptos.

“Que auditen a los empresarios” había dicho Cristina Kirchner cuando aparecieron las imágenes de López revoleando bolsos. “¿Quiénes lo harían?”, habría que preguntarle a la actual senadora.

Para acabar con los negociados es necesario que todas las empresas vinculadas a la obra pública sean investigadas por representantes elegidos por los trabajadores de ese sector y especialistas en este tema de las universidades públicas nacionales.

Está demostrado que en manos de estos empresarios y funcionarios no puede quedar el control de las obras pública porque sólo les interesa cuidar sus intereses y obtener ganancias a costa del bienestar de la inmensa mayoría. Por esta razón, es necesario también el control obrero y de especialistas de la la obra pública que son quienes realmente pueden realizar una planificación en función de los intereses de las mayorías populares. Y por supuesto, la expropiación de las empresas implicadas en casos de corrupción.

Estas son algunas de las propuestas del Frente de Izquierda. Sólo así se podrá terminar con el “curro” de la obra pública que beneficia a unos pocos y desde hace años a casi siempre los mismos y perjudica a la inmensa mayoría.