Niñez y adolescencia: el Estado solo ofrece pobreza, represión y encierro

Esta semana comienza el debate sobre la reforma del Régimen Penal Juvenil. El ajuste recrudece la miseria y las políticas represivas contra la juventud pobre. Pero esto no es nuevo.

Esta semana comienzan las audiencias públicas en la Cámara de Diputados, donde el centro del debate será la reforma del Régimen Penal Juvenil, propuesta a través de un proyecto del Poder Ejecutivo. En el temario, serán consideradas también las iniciativas de diputados y diputadas de distintos bloques.

La reforma a este Régimen ya de por sí reaccionario, tiene como uno de sus puntos centrales la baja de edad de imputabilidad, ampliando los alcances de las políticas de criminalización, judicialización y represión sobre la juventud. En particular, la juventud pobre.

Pobreza, represión y encierro son una realidad que pega de frente sobre una amplia franja de la población que transita la niñez, la adolescencia y la juventud en condiciones de extrema precariedad, sin educación, sin salud, sin derecho al ocio, sin trabajo. Los números de esa realidad no dejan de sorprender.

Ser joven y pobre

Las cifras son alarmantes. Detrás de esos números son millones los niños, niñas y adolescentes que sufren en carne propia las consecuencias del brutal ajuste en curso.

Casi la mitad de esa franja de la población vive bajo la línea de pobreza: 5,5 millones, que equivalen al 42 % del total.

Entre los menores de 18 años, la pobreza alcanza al 48 %. Y son 6,5 millones las niñas y los niños con problemas de educación, hábitat, salud y vivienda, entre otras necesidades básicas. Es sobre esa población, sobre todo sobre sus eslabones más débiles, que el Estado descarga, además, toda su afán criminalizador. El gatillo fácil,
las detenciones porque sí, los procesos judiciales sin mayor sustento que la discreción de los funcionarios, la tortura y hasta la muerte son la postal cotidiana de quienes deberían tener todo el futuro por delante.

Otro de los puntos más graves de la reforma del Régimen Penal Juvenil es que faculta la prisión preventiva para todos los jóvenes imputados de cualquier provincia. En Provincia de Buenos Aires el máximo actualmente es de 360 días y en Ciudad de Buenos Aires es de 90 días. El proyecto establece un aumento brutal: la prisión preventiva podrá ser de un máximo de 2 años.

El Estado contra niños, niñas y adolescentes

No caben dudas que desde que asumió el gobierno de Macri, la represión en general, y sobre la juventud pobre en particular, aumentó. Basta mencionar los últimos datos de Correpi: cada 21 horas el Estado asesina a una persona, en su mayoría esos mismos jóvenes pobres. Pero esto no es nuevo. La pobreza y la violencia estatal hacia los niños, niñas y adolescentes son estructurales en el Estado capitalista.

Entre 2003 y 2015 fueron asesinadas por las fuerzas represivas más de tres mil personas. Más de la mitad de esas víctimas no superaba los 25 años de edad. De acuerdo a un estudio de la UCA, la desigualdad social se incrementó de manera brusca a partir de los años 2010/2011 (con el comienzo del segundo mandato de Cristina Kirchner) y fue la base sobre la cual luego impactaron fuertemente las
políticas de ajuste de Cambiemos. Entre 2011 y 2015 la pobreza en niños de 0 a 17 años pasó de poco más del 34 % a más del 40 %.

En 2013, un informe publicado por el Ministerio de Educación ya alertaba sobre la alta precariedad laboral entre los más jóvenes y sostenía que se mantenía la misma tendencia que en los años 90, cuando tres de cada cinco jóvenes trabajaban en empleos informales y ganaban un 56 % menos que los adultos.

La propuesta de Vidal: pobreza y encierro

En la provincia de Buenos Aires, la ley 13.298 de Promoción y protección integral de los derechos del niño, niña y adolescente y la ley 13.634, que establece el fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, se complementan conformando el marco normativo.

En la formalidad, estas normas reconocen a esa población como sujetos de derechos y establecen su derecho a ser escuchados. Pero la realidad es muy distinta: el sistema carcelario para jóvenes está compuesto por 21 centros que se han ido reconfigurando en función de la creciente demanda de encierro que define el Poder Judicial.

Además, áreas como Niñez han ido perdiendo su participación porcentual en el presupuesto total general. Puntualmente, en 2017 se asignó al Organismo Provincial de Niñez el 0.37 % del presupuesto total de la Provincia. Cuando se compara con el presupuesto asignado a Seguridad, este representa el 8.83 % del presupuesto total provincial y esta es una tendencia de al menos los últimos diez años, según lo denuncia en su Informe 2018 la Comisión Provincial por la Memoria.

La conclusión es: más presupuesto para la represión, más ajuste para los niños, niñas y adolescentes

Aumenta la pobreza, aumenta el encierro

Según la Subsecretaría de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la cantidad de jóvenes “alojados” en dispositivos bajo su responsabilidad mediante la modalidad de “medidas de abrigo” asciende a 3.233, lo que muestra un aumento sustancial del 19 % respecto al año 2016.

Este incremento, a su vez, se refleja en el aumento de problemáticas intrafamiliares, derivadas de la precariedad social que atraviesan las familias. A esto se suma un dato alarmante: sólo el 16 % de los de los niños, niñas y adolescentes están en establecimientos oficiales.

La misma modalidad de tercerización se emplea en el caso de comunidades terapéuticas y clínicas psiquiátricas.

Si hay más ajuste, hay que endurecer la ley

Esas y esos adolescentes son los destinatarios de un Régimen Penal Juvenil que reproduce las peores prácticas del régimen penal de adultos. Es un régimen que se nutre mayoritariamente de los jóvenes varones pobres de entre 16 y 18 años e incluye, de manera creciente, a los niños menores de 16 años.

Claramente el intento de la baja de edad de imputabilidad profundizará esta situación. Desmintiendo la campaña del gobierno contra los menores, las denuncias de delitos cometidos por adolescentes de 16 y 17 años representaron un 3,2% de los cometidos por adultos.

Por su parte, el Organismo Provincial por la Niñez y Adolescencia (OPNyA), ha incorporado agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense en los centros cerrados, con el peligro que eso implica para ellos. Como refleja el informe de la Comisión Provincial por la Memoria, “los niños se convierten en los nuevos clientes del sistemapenal cada vez más chicos. No solo se ha infantilizado la pobreza de manera alarmante sino que el endurecimiento de las políticas represivas y estigmatizantes también recaen contra ellos”.

Los “centros de detención” para jóvenes

El sobreencarcelamiento y la consecuente superación de los cupos para alojar personas detenidas es la constante de todos los lugares de encierro. La población de jóvenes detenidos en centros cerrados, de recepción y de contención dependientes del OPNyA se incrementó en un 7 % desde 2015.

Ese año la población era de 610 y en 2017 fue de 660. La capacidad de alojamiento establecida no se respeta en la mayoría de los centros de detención.

Esta sobrepoblación agrava las condiciones materiales de detención. Centros con infraestructura de no más de diez años de antigüedad presentan cada vez más deterioro edilicio (cloacas desbordadas, celdas de no más de 4 metros cuadrados alojan a dos jóvenes y, a veces, tres; etc.).

Centros muy antiguos fueron convertidos en pequeñas cárceles modificando los espacios con rejas divisorias y sin lugares para actividades por fuera de la celda.

Las deficiencias estructurales se constatan al observar las precarias instalaciones eléctricas, la ausencia de un sistema de calefacción y de ventilación, paredes descascaradas y con hongos por humedad, duchas sin grifería y, salvo contados casos, falta de agua caliente, de agua potable, materia fecal.

La juventud criminalizada termina encerrada en condiciones inhumanas, lo que no hace más que reproducir el trato inhumano que esa misma juventud traer “de afuera”.

Ninguna resignación

La niñez y adolescencia, las futuras generaciones que son golpeadas por el ajuste y la violencia estatal no pueden tener como respuesta la resignación ante el futuro propuesto por el macrismo ni tampoco al propuesto por alternativas que solo pueden resultar siendo un “mal menor”.

Es necesario un cambio de fondo para terminar con las miserias que ofrece el Estado capitalista. Pelear contra el ajuste, por educación pública y gratuita de calidad y por el no pago de la fraudulenta e ilegítima deuda externa.

La única manera de erradicar la pobreza y la precarización es rompiendo con el FMI y tomar medidas drásticas contra los grandes empresarios.

De la misma manera, pelear contra los intentos del Gobierno y de muchos de sus “opositores” de profundizar la criminalización de esa juventud pobre. No se debe bajar la edad de imputabilidad. No se puede permitir que las futuras generaciones de niños y niñas queden a merced de los caprichos violentos de policías, gendarmes, fiscales, jueces y funcionarios de “Minoridad”.

Los candidatos del PJ y el kirchnerismo ya han adelantado que, en caso de ganar las elecciones, pagarán cada peso al FMI. Eso no es otra cosa que confesar, ni más ni menos, que están dispuestos a mantener y profundizar el ataque a la población trabajadora, con su consecuencia directa de mayor pobreza, miseria, penurias, encierro y represión sobre las niñas, los niños y les adolescentes.

Por Andrea López (CeProDH)