Otra provocación del Gobierno: ofrecen 12 % de aumento a los estatales sin cláusula gatillo

El ajuste fiscal que desvela al Gobierno implica mayores ataques contra los trabajadores.

El gradualismo ha muerto y con él parecen haberse ido la mayoría de los intentos del Gobierno por edulcorar el ajuste. La discusión central que atraviesa el nuevo gabinete ampliado, que este jueves tuvo su primera reunión en el Centro Cultural Kirchner (CCK), es cómo encarar el plan de ajuste para revertir el déficit fiscal y la idea de endurecer el ataque a los salarios es la primera que cruza las mentes del oficialismo.

Según trascendió en varios medios, todos los ministros del gabinete económico trabajan para ajustar las cuentas de sus ministerios, pero algunos son más inflexibles que otros. Mientras bastó con que las patronales del campo patalearan contra las retenciones para que el Gobierno retrocediera en su idea de modificarlas, la disposición de profundizar el ajuste a los salarios se mantiene más firme que nunca.

En ese marco, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, planea convocar para la semana que viene a los representantes sindicales de UPCN y ATE y les propondrá un aumento de apenas el 12 % anual, sin revisión ni cláusula gatillo y con la posibilidad de sumar un bono por presentismo y otro por productividad. A la medida del FMI.

Apenas cinco meses atrás el Gobierno anunció una meta de inflación para 2018 del 15%, pero sólo en el primer cuatrimestre del año la inflación acumulada alcanza el 9,6 % y numerosas consultoras ya pronostican entre un 25 % y 30 % anual. Pese a eso, el Gobierno insiste con cerrar paritarias a la baja y ya no se conforma con el “club del 15 %” que integran importantes sindicatos como Comercio, la Uocra y los bancarios, entre otros.

La idea es lograr un acuerdo salarial aún más bajo, que sirva como testigo para el resto de las negociaciones que aún deben ser discutidas o revisadas. Para ello se propone seguir el acuerdo firmado por el Sutecba (trabajadores municipales) de Amadeo Genta, que en febrero acordó una suba de 8 % para abril y otro 4 % en agosto. El mismo acuerdo fue el que aceptó el presidente del PJ porteño, Víctor Santa María, quien firmó por la misma cifra para los encargados de edificios.

Para cerrar este acuerdo apuesta a la colaboración de Andrés Rodríguez, titular de UPCN que hasta ahora ha sido uno de los dirigentes sindicales más colaboracionistas con las políticas del oficialismo permitiendo miles de despidos y la imposición del régimen de presentismo en el Estado. Sin embargo, el mal humor social es tan profundo que hasta el “centauro” debió asegurar por estas horas que “se vienen tiempos de confrontación”, aunque evitó referirse a alguna medida de fuerza concreta.

El gobierno sabe que debe encarar un ajuste fiscal y reducir el déficit como condición necesaria para acordar con el FMI, y por eso intenta mostrarse con mayor dureza para las negociaciones salariales.

La misma dureza que puede percibirse en las declaraciones de Macri sobre el tarifazo, que en su visita a la ciudad de Bahía Blanca aseguró que “si queremos energía, la tenemos que pagar” y confirmó que los servicios seguirán aumentando: “Los aumentos de las tarifas están por arriba de cualquier aumento de sueldo porque estaban en cero; la factura de luz valía menos que un café. Estamos en un camino que va a tener que seguir aumentando hasta lograr llegar a lo que vale la energía”.

Mientras el reclamo de las patronales agrarias parece haber descartado la idea de restablecer los derechos de exportación al trigo y al maíz y de frenar la baja para la soja, el ataque al salario y los tarifazos son intocables para el plan del Gobierno. Un ajuste que no es para todos y donde pretenden que ganen los de siempre. (LID)