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PARAGUAY: Protesta en el Congreso paraguayo en rechazo a Ley Antiterrorista

Le exigieron a la cámara alta la no aprobación de la normativa a la que calificaron de no democrática.

27 de julio de 2007| copenoa |

De ser implementada, la legislación habilitaría la condena de hasta 40 años de cárcel, a personas que participen en movilizaciones públicas.

La propuesta contempla una definición imprecisa de la figura de "terrorismo", que permitiría que jueces incluyan en la misma a conductas como marchas de protesta.

En Argentina solicitan su derogación

En argentina la ley Antiterrorista ya fue aprobada y amplios sectores sociales como intelectuales solicitan que el Presidente Kirchner derogue la ley antiterrorista, que busca criminalizar la protesta social.

La opinión de movimientos sociales de Argentina

El movimiento social EL ANDAMIO-AvalanchaNORTE que trabaja en la provincia de Tucumán expresa sobre la Ley antiterrorista: "El pasado 13 de Junio el Congreso de la Nación aprobó en tiempo record la llamada ley “antiterrorista” que, como lo expresa en su articulo 1º, tiene por objeto dotar a las autoridades de herramientas y facultades de carácter excepcional,para ser aplicadas en la lucha contra el “terrorismo internacional y doméstico”. La rapidez en su aprobación responde a las exigencias del FMI y del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) para que Argentina apruebe una ley “antiterrorista” antes del 23 de Junio de 2007 y declararlo así “país confiable para las inversiones”. Ahora deberá ser aprobada por Kirchner, hecho que se descarta, ya que ha demostrado con el pago al FMI y sus políticas económicas, sobradas muestras de lealtad a los intereses imperialistas.
Detrás del contenido de esta ley aparece como “ideólogo” el gobierno de los Estados Unidos que con la excusa de su cruzada “antiterrorista” después de los ataques del 11-S, ha devastado países como Afganistán e Irak apoderándose de sus recursos naturales.

La ley define ambiguamente como terroristas a todos los “grupos e individuos” que utilicen de manera “ilegal la fuerza, como medio de intimidación y/o coacción contra un gobierno y/o la población civil” para lograr “objetivos políticos, sociales, religiosos, económicos, culturales, financieros o de cualquier otra índole que interfiera en forma directa con los intereses de la Nación”.

Como para este gobierno los intereses de la Nación son en realidad los intereses del capital financiero y de los grandes grupos económicos, las privatizadas, el complejo agro exportador sojero, las empresas mineras, etc., las acciones que desarrollen organizaciones sociales y políticas como parte de acciones reivindicativas y de denuncia política al modelo que impone el gobierno, podrán ser tipificadas como “terroristas” dentro de los marcos de esta ley.

Como uso “ilegal de la fuerza” podrán ser considerados cortes de ruta, movilizaciones, escraches y toma de edificios, y así mismo ser juzgados los miembros de las organizaciones que las llevasen a cabo, hayan o no estado presente en dichas acciones.

La ley es parte de la estructura jurídica que el Estado necesita para legitimar la represión abierta que utiliza contra los trabajadores, las organizaciones políticas y sociales, cuya últimas expresiones fueron la represión a docentes en Salta y Neuquén, que culminaron con el fusilamiento de Carlos Fuentealba, y aquí en Tucumán se expresan en la represión a Jubilados y trabajadores municipales y desocupados por parte del gobernador Alperovich.

El Estado y sus socios pueden y usualmente manipulan la opinión pública, comprando medios y periodistas, generando consenso a través de ellos sobre una determinada situación que quieran hacer aparecer como real. Basta como muestra el rol ocupado por algunos medios de comunicación ante el asesinato por la policía de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en el Puente Pueyrredon o la campaña por “mano dura” contra la “inseguridad” de Blumberg, represión a los piqueteros incluida.

La situación de “posibilidad latente” de “actos terroristas” puede ser incluida dentro de esta estrategia de las clases dominantes para generar el clima propicio en la sociedad tendiente a una ofensiva represiva contra las organizaciones populares. Ante la posibilidad de acciones “terroristas” y en forma “preventiva” se autoriza al Poder Ejecutivo Nacional a “congelar los depósitos y a declarar indisponibles los activos financieros de las organizaciones”, se fomenta y se da amplia protección a los “informantes”, infiltrados y provocadores los cuales quedan por fuera de toda posible acción judicial y son dotados de amplias libertades de acción, inclusive la facultad de cometer actos de violencia cuando su seguridad personal estuviera en peligro.

Con la aprobación de esta ley, queda una vez más al descubierto la verdadera cara de la política de Derechos Humanos de este gobierno. Cuando los aparatos represivos de la policía y el ejercito aun no han sido desmantelados, cientos de represores siguen aun impunes, continúan las amenazas y secuestros de luchadores populares y de los Derechos Humanos, a casi diez meses de la desaparición Julio López, el gobierno de Kirchner aprueba la creación de una cárcel “antiterrorista” al margen de cualquier control por parte de la sociedad civil, como emulo de los antiguos centros clandestinos de detención. Se habilita al Sistema de Inteligencia Nacional a “buscar, observar, examinar, tomar fotografías, grabar, copiar documentos, descargar o transmitir archivos de computación, escuchar, y realizar toda otra acción relacionada con la naturaleza especifica de cada comunicación”, violando los mas elementales derechos de los individuos y las organizaciones.

Es indispensable dar a conocer la verdadera política de este gobierno, luchar contra la impunidad y contra las persecuciones políticas, contra la represión a los trabajadores, difundir que hay detrás de la ley fascista “antiterrorista”, coordinando esfuerzos entre todos los individuos y organizaciones populares".

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Diario de la criminalización de la protesta social en Salta - Marco Diaz Muñoz

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