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PROYECTO DE ESCUCHAS TELEFÓNICAS: El plan de Lorenzetti, Macri y el peronismo federal para espiarte mejor

El sistema de escuchas telefónicas es un coto de caza en nuestro país. Apenas asumido Macri lo sacó de la órbita del Ministerio Público Fiscal, cuando la fiscal kirchnerista Alejandra Gils Carbó todavía era renuente a renunciar, y lo puso en manos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Con Ricardo Lorenzetti al mando.

18 de abril| Mirta Pacheco |

Las escuchas telefónicas son un viejo sistema del cual los servicios de Inteligencia se valen para espiar, armar “carpetas” con informaciones variopintas de los espiados (que después se transforman en carpetazos que sirven para extorsionar o directamente hundir a los destinatarios de esas escuchas). Formalmente se justifican bajo el sentido legal de colaborar con el avance de causas judiciales que así lo requieran.

El sistema de escuchas pasó a primer plano y se transformó en un espectáculo periodístico cuando los noticieros y programas políticos empezaron a difundir las conversaciones entre Cristina Fernández de Kirchner y Oscar Parrilli, hablando de sus adversarios políticos.

Esas conversaciones privadas -que los canales usaban para aumentar su rating- en verdad provenían de filtraciones que la Dirección de Captación de Comunicaciones (DCC) -así se llama la oficina dependiente de los ministros de la Corte- había realizado en función de las causas que se le siguen al ex Señor 5 del gobierno kirchnerista. Huelga decir que esas filtraciones constituyen actos absolutamente ilegales, ya legislados en el mismo Código Penal que ahora el gobierno y sus dadores de gobernabilidad quieren reformar.

Pero ya se sabe que cuando las conveniencias políticas así lo requieren, las propias leyes del Estado capitalista, son burladas por los mismos personajes que las crean, o por los funcionarios que no se cansan de decir que son defensores de esas mismas leyes, envueltos en una retórica republicana. El acuerdo entre el PRO, el PJ y Lorenzetti

En estos días llegó al Senado el proyecto que busca regular las escuchas. El mismo, lleva las firmas de Rodolfo Urtubey -el hermano del gobernador peronista más macrista Juan Manuel Urtubey-, Carlos Espínola -que ingresó al senado por la Alianza Frente para la Victoria en diciembre del 2015-, Pedro Guastavino, también electo por el FpV –en 2013- y de Miguel Ángel Pichetto, el inefable acuerdista con el gobierno de Cambiemos.

La negociación alcanzada con el PJ, Lorenzetti y el Gobierno nacional para que el área donde se producen las escuchas (Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado –DAJuDECO) continúe bajo la órbita de la CSJ, terminó de sellarse con el presidente de la Corte el lunes por la tarde, en la reunión que el ministro de Justicia Germán Garavano y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, mantuvieron con los jueces de la Corte.

Este proyecto viene a institucionalizar ese espionaje al por mayor. La DAJuDECO, desde que pasó a manos de la Corte creció exponencialmente, tanto en número de empleados –en su gran mayoría parientes de jueces de Comodoro Py- como de escuchas.

Pero no solo eso, el proyecto que Cambiemos, junto con el PJ pretenden aprobar en el Senado, hace ley lo que ahora se da de hecho: que la DAJuDECO ejerce funciones de investigación y análisis de información obtenida por medio de estas escuchas, algo que debería ser de competencia del Ministerio Público Fiscal.

De esta manera la Corte se transformaría, ahora ya legalmente, en juez y parte. Porque adoptaría funciones para perseguir el crimen organizado, a la vez que lo tiene que juzgar.

En este juego de alianzas la que perdió, al menos en este caso, es Elisa Carrió. La diputada, en cada aparición pública viene denunciando a Lorenzetti como un "monje negro" que está montando un aparato de inteligencia a través de este sistema de escuchas. Por estos días volvió a pedir su juicio político.

Carrió gusta decir que defiende a Cambiemos porque son una gran familia, donde a veces hay discusiones. Así lo definió la otra vez en el programa de Mirtha Legrand. No falta a la verdad. La “guardiana de los valores republicanos” -que opina que debería cobrar no menos de $300 mil para vivir y por eso canjea pasajes- defiende a rajatabla la política económica de Mauricio Macri, que gobierna para los grandes empresarios, su propia clase social.

Lo cierto es que la Ley Urtubey, como se la llama en los pasillos del Senado, es presentada como un intento de transparentar las escuchas pero continúa otorgándoles poder a los servicios de inteligencia, que son los que operativizan las escuchas que ordena realizar la DAJuDECO.

Actualmente Lorenzetti delega el mando cotidiano de esa Dirección en dos jueces que, sabido es, le responden directamente: Martín Irurzun y Javier Leal. El mando operativo está en manos de Juan Tomás Rodríguez Ponte, hijo del intendente de General Lavalle, de Cambiemos.

El proyecto de ley además plantea en su artículo II que la transparencia y regulación se realizará a través de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia. Una comisión que existe desde 1991 pero que nunca tuvo la más mínima injerencia en nada. Es más: hace años que ni siquiera se reúne.

Así las cosas, un nuevo acuerdo entre el Gobierno Nacional, el PJ (dador de gobernabilidad) y la Corte Suprema, pretende darle carácter legislativo al poder de los servicios para hacer inteligencia a discreción y serán los jueces, que ordenan las escuchas, los que dictaminarán si hubo abuso en esa labor de espionaje.

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