Para el ministro de Defensa, las Fuerzas Armadas fueron “destratadas, perseguidas y postergadas”

En el marco de los anuncios de aumentos salariales decretados para los militares, el radical Julio Martínez sostuvo que las Fuerzas Armadas fueron destratadas durante los últimos 12 años.

El anuncio fue realizado el miércoles pasado, en un acto en el Salón Libertador de la sede del Estado Mayor del Ejército. El ministro confirmó que además de la suba de los haberes de los militares, de un 6 % de bolsillo, también blanquearan un 3 % de distintos ítems en los sueldos. Martínez sostuvo que “con esto llegamos al 67 por ciento. El objetivo es 85 %, que la idea es hacerlo en la menor cantidad de años posible”, e informó acerca de los objetivos de gestión en materia de regularización salarial.

Martínez destacó que la suba se produce "después de 12 años de postergación, persecución, destrato" y agregó: "Queríamos que nos recuerden como quienes, juntos, iniciamos el camino de la recuperación".

Estos anuncios y declaraciones del ministro se dan justo en el momento en que funcionarios del gobierno de Cambiemos vuelven a cuestionar el número de desaparecidos durante la última dictadura militar al tiempo que niegan que hubo un plan sistemático de exterminio.

El jefe de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, no fue el primer integrante del Gobierno en hacer estas declaraciones polémicas. Primero fue el secretario de Cultura de la Ciudad, Darío Lopérfido quien cuestionó también el número de víctimas desaparecidas y hasta el propio presidente dijo que no le importaba conocer esa cifra. Pero Gómez Centurión fue un poco más allá y sostuvo que lo que hubo en Argentina durante la dictadura fue una guerra sucia. La misma definición que hicieron los militares para explicar el llamado Proceso.

Las declaraciones de Gómez Centurión fueron repudiadas por un amplísimo sector de la sociedad que obligó a miembros del gobierno de Cambiemos a rechazar sus dichos. Tal vez el más cínico de todos estos "repudios" haya sido el radical Ernesto Sanz, quien consultado por una periodista de TN sobre cuál era su opinión sobre los dichos del jefe de la Aduana y si consideraba que el presidente debía pedir la renuncia del funcionario, Sanz sostuvo que si hubo o no un plan sistemático eso ya era cosa juzgada, y en cuanto a la renuncia del funcionario dijo que esa es una facultad que le compete solo al presidente, pero que él opinaba que Gómez Centurión era un funcionario muy honesto que estaba luchando contra las mafias en la aduana “esta discusión sobre las declaraciones del jefe de la Aduana van a durar 48 horas, y después, sin este funcionario, cómo se sigue”, dijo el jefe Radical y artífice de Cambiemos.

Podríamos decir que las declaraciones de Martínez contra el Gobierno anterior son muy injustas. Porque pese al relato de los derechos humanos y a los juicios a algunos jerarcas que se lograron bajo su administración (una conquista de los movimientos que luchan hace décadas), la principal medida que iría verdaderamente a fondo contra los responsables del genocidio no fue tomada: la apertura de todos archivos.

Abrirlos significaría conocer toda la verdad. Que todos los que integraron las FF.AA. en esos años fueron parte, de una manera u otra, del plan sistemático de robo de niños, secuestros y desapariciones de personas. Pero agregaría más verdades, que todavía siguen ocultas para la mayoría de la sociedad. Que los militares no estuvieron solos. Fueron parte de un plan pergeñado junto a civiles, empresarios, políticos tanto de la UCR como del PJ, además de la inestimable y activa participación de la Iglesia. Abrir los archivos implicaría conocer cada uno de esos centros clandestinos, quienes fueron las víctimas que estuvieron allí y quienes los represores. Conocer todo esto pondría en jaque al propio Estado burgués.

Julio Martínez proseguirá con los pasos iniciados por los Gobiernos K, o cambiará el relato mientras desde las grandes empresas periodísticas intentaran instalar la teoría de los dos demonios.

Pero del otro lado continúa la pelea de toda una sociedad que junto a organismos de derechos humano y partidos de izquierda no buscan la reconciliación sino que luchan por la verdad y justicia por los 30.000 desaparecidos, así como exigen que los más de 400 niños y niñas apropiados recuperen su identidad robada durante la dictadura. Frente a este debate, más que nunca se debe exigir que se abran los archivos de la dictadura.