Por decreto, el Gobierno permite negociar salarios docentes de $ 11.000 y debilita a Ctera

El texto, publicado hoy en el Boletín Oficial, establece un piso salarial de apenas un 20 % por encima del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Además limita la representación de Ctera en el Consejo Federal de Educación.

En un decreto publicado hoy en el Boletín Oficial de la Nación, el gobierno reglamenta un nuevo piso salarial a nivel de todo el país para los docentes. El objetivo de la decisión es desactivar los argumentos para el pedido de paritaria nacional que realizan los gremios del sector todos los años.

El decreto lleva las firmas del presidente Macri, del jefe de Gabinete Marcos Peña y de los ministros Jorge Triaca (Trabajo) y Alejandro Finocchiaro (Educación).

La norma fue publicada con el número 52/2018. Mediante la modificación del Decreto 457/07 indica que “el salario mínimo docente, queda establecido que el mismo no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) por encima del salario mínimo vital y móvil vigente”.

El monto al que hace referencia es irrisorio. Actualmente el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) está establecido en $ 9.500. Es decir, con el decreto firmado por el gobierno, el piso a partir del cual podrían negociar los gobiernos provinciales es de $ 11.400.

Entre los considerandos del decreto se señala “que la Constitución Nacional consagra la autonomía de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Es decir, se apoya en la Ley N° 24.049, sancionada durante el menemismo. Esa norma permitió la fragmentación del sistema educativo nacional y habilitó a cada mandatario provincial a negociar por separado los salarios de la docencia. Esa modificación nunca fue revertida durante el ciclo de los tres gobiernos kirchneristas.

La modificación implica facilitar los argumentos para negociar los salarios docentes por provincia. Con el cambio el gobierno supone innecesaria cualquier discusión salarial a nivel nacional. Hay que recordar que este fue uno de los motivos por los que se dispararon conflictos con los gremios docentes en los últimos años. No solo bajo el macrismo sino también en los últimos años de la gestión de Cristina Fernández.

El decreto además debilita la posición de Ctera dentro de la negociación con el gobierno. Lo hace estableciendo “la representación de los trabajadores docentes del sector público de gestión estatal, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el convenio marco, será ejercida por UN (1) miembro de cada asociación sindical de primer, segundo y tercer grado con personería gremial y ámbito geográfico de actuación en materia docente en todo el territorio nacional”.

Hasta el momento Ctera, en su carácter de gremio mayoritario, tenía cinco representantes frente a uno solo de cada una del resto de las organizaciones gremiales.

Este ataque se suma a la política de desafiliación que impulsa el gobierno de Vidal en la provincia de Buenos Aires, dentro del marco de una ofensiva anti-sindical general.

En 2016, la misma conducción de Ctera limitó la pelea por la paritaria nacional docente en el marco de una política general que estuvo centrada en canalizar la oposición al gobierno por la vía electoral. Eso ocurrió a pesar de la importante disposición a la lucha que demostró la base docente en distintos conflictos a lo largo del país.

En todos estos años, desde el kirchnerismo se defendió la paritaria nacional docente. Sin embargo, estuvo lejos de ser un mecanismo que permitiera reducir las inequidades y diferencias entre los trabajadores de la educación en todo el país.

En muchas ocasiones, el piso establecido a nivel nacional no implicó un traslado del mismo a nivel nacional. La fragmentación del sistema educativo implicó que cada provincia negociara por separado.

En ese marco, la conducción de Ctera dejó libradas a sus suertes a las luchas docentes provinciales en más de una ocasión. A modo de ejemplo, vale recordar el ejemplo de 2017, cuando la dura pelea de la docencia de Santa Cruz contra el ajuste de Alicia Kirchner quedó librada a su suerte.

En el marco del Pacto fiscal, acordado entre el gobierno nacional y las provincias, los gobernadores cuentan con una herramienta más para avanzar en intentar imponer salarios de miseria contra la docencia. (LID)