Posición de ADIUNSa frente a los fondos provenientes de la minera Bajo la Alumbrera

No se trata de discutir cuánto dinero entra por esta vía, pero sí, y ante todo, si nuestra universidad está dispuesta a seguir alquilando su capital intelectual y tecnológico al mejor postor del mercado, sin analizar mínimamente las condiciones de aplicación de este saber y los fines que los “clientes” dan a este “producto”, y olvidando, por ende, la misión fundamental que ella misma se fijó al ser creada y que se plasmaban en las fórmulas de juramento iniciales:
"¿Juran por su honor, ser conscientes de que el título que les otorgamos es fruto del esfuerzo de toda la comunidad y que, en consecuencia, el ejercicio de sus profesiones estará al servicio de la justicia social y el desarrollo regional, nacional y latinoamericano? ¿Juran ser fieles a estos principios, respetando y haciendo respetar la Constitución Nacional y trabajando por la paz y la unidad de nuestro pueblo y demás países hermanos, anteponiendo el sentido de solidaridad a todo afán de lucro o de prestigio profesional?
Respuesta: Sí, juro.
En el cumplimiento de este compromiso se reconocerá su honor”.

Ante el tratamiento que dará hoy el Consejo Superior a la recepción de fondos de la Mina lLa Alumbrera , ADIUNSA (Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Salta) hizo llegar a COPENOA su posición .
"En vista de la polémica a nivel nacional en torno a la recepción de los fondos provenientes de la Mina La Alumbrera –YMAD por parte de las universidades nacionales, la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNSa considera imprescindible y necesario fijar una posición al respecto.

Nuestro Consejo Superior, en su sesión del 30 de junio pasado, luego de un encendido debate en el que ADIUNSa claramente expresó su rechazo a la aceptación de los fondos, en coincidencia con agrupaciones estudiantiles, de Derechos Humanos y ambientalistas que se encontraban presentes en la ocasión, decidió encomendar a una comisión ad-hoc, la tarea de reunir todos los antecedentes sobre las utilidades del YMAD giradas a las universidades nacionales. Desde un análisis interdisciplinario esta comisión elevó un informe con una serie de recomendaciones específicas, para que los consejeros tengan información que les permita tomar las decisiones más justas en el espinoso tema que se trataba.

Habiendo analizado muy detenidamente el texto redactado por dicha comisión y atentos a las cinco recomendaciones principales a las que llegan sus miembros, nos consideramos en la obligación de insistir muy firmemente y hasta las últimas instancias posibles en el debate, nuestra unánime decisión de rechazar sin condicionantes la totalidad de los fondos que el Ministerio de Educación de la Nación, a través del Consejo Interuniversitario Nacional y en base a lo legislado por la ley 14.771, ha decidido distribuir entre las universidades nacionales.

Desde nuestra asociación de trabajadores de la educación universitaria consideramos, a diferencia de lo esgrimido por la comisión ad-hoc y por numerosos consejeros en oportunidad del debate, que el eje fundamental de esta polémica es esencialmente ético y político, y para nada debe limitarse al aspecto jurídico, justificación principal en la que se apoya el grueso de los argumentos de aceptación de los fondos.

Es desde la más sólida convicción que nuestro gremio solicita a los señores consejeros y a la comunidad universitaria toda, que el dinero proveniente de la explotación de la mina de oro Bajo la Alumbrera, en la provincia de Catamarca, no sea aceptado bajo ninguna condición.

La Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica) en congreso realizado el pasado 3 de julio de 2.009 rechazó por amplia mayoría la incorporación al presupuesto universitario de los fondos previstos por la Ley Nº 14.771 y el intento de cooptación que suponen. Esta posición se enmarca en el cuestionamiento a la política de “fondos propios para la universidad” que impulsa este
gobierno (e impulsaron gobiernos anteriores) y que supone en los hechos la sumisión de la producción académica y científica a los intereses de quienes puedan financiarla.

Sumamos igual posición de los Consejos Directivos de la Facultad de Humanidades de la UNSa, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, de las facultades de Psicología, de Filosofía y la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de Córdoba y un Consejo Consultivo de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco.

Para sostener esta posición hemos tomado perspectiva y observado el camino de nuestra universidad en el seno de la comunidad regional durante sus 36 años de joven historia. Esta institución ha sabido acompañar, más en algunas épocas que en otras, el derrotero de nuestro pueblo, y lo ha hecho sumándose como un colectivo obrero en la búsqueda de desarrollo, libertad y emancipación social y cultural de la región.

La UNSa se crea en 1973 como cristalización de un viejo anhelo sentido por muchos docentes, estudiantes y familias salteñas; es justamente en ese año ,en el contexto de un efímero pero intenso proyecto de liberación social nacional y latinoamericano, que nuestra casa de estudios, entonces dirigida por el poeta y abogado Holver Martínez Borelli, se suma de la manera más solidaria y militante posible a la lucha de los sectores más desposeídos de la región, y prueba de ello es la larga lista de trabajadores universitarios y estudiantes que han sido asesinados o permanecen aún desaparecidos, que fueron cesanteados o que debieron exilarse durante la oscura noche de la más cruel de las dictaduras.

Es desde esta posición ética y política que el Gremio de los Docentes e Investigadores de la UNSa hace la lectura crítica sobre los fondos generados por YMAD. Y no podría ser otra manera porque se trata de dinero proveniente de un proceso de saqueo y expoliación del recurso nacional minero, aquél recurso al que apuntaba la ley 14.771 de 1958, elaborada en el marco de una política nacionalista-desarrollista, en tiempos en que ningún legislador y político avizoraba la entrega del patrimonio nacional de manos de los Chicago Boys primero, durante el latrocinio de Martínez de Hoz y asociados, y luego magnificada por el menemisno como la expresión más violenta del asalto al Estado.

No pocas voces se han alzado, insistiendo en que al tratarse de un impuesto proveniente de una ley nacional, es simplemente dinero público sin manchas. Por el contrario, y en base a los preceptos de la autonomía universitaria y desde la trayectoria de transparencia y honestidad que muchos sectores de nuestra universidad han mostrado durante estos 36 años, es que decimos que no, que no podemos aceptar ese dinero porque está sucio de sangre y miseria, porque al aceptar esos fondos simplemente estaríamos siendo cómplices, no por acción sino por omisión, de la larga lucha que vienen sosteniendo muchos pueblos catamarqueños y tucumanos, pero también nuestros comprovincianos cafayateños por defender su vida frente a la embestida de una transnacional que sólo tiene entre sus objetivos la fuga rápida de capitales a cualquier costo. Inútil sería detallar cifras y
anécdotas que hasta la saturación han sido publicados: familias desalojadas, enfermos, intoxicados, animales muertos y plantaciones destruidas, agotamiento de agua potable, consumos de energía desproporcionados, etc., etc., sin olvidar por otra parte que las tres empresas que forman el consorcio explotador de La Alumbrera (Yamana Gold Inc., Barrick Gold Corporation y Gold Corp Inc.) llevan en su pedigrí incontables denuncias internacionales, algunas de ellas gravísimas, como las del asesinato de al menos dos docenas de activistas indígenas y abogados de las comunidades donde opera Xstrata, en la zona selvática de Tampakán . Filipinas.
(Fuente: Mineral Policy Institute y www.minesandcommunities.org) .

El rechazo de ADIUNSA a este dinero, que en el contexto político-económico argentino actual no es más que un soborno disfrazado a la Academia, como modo de comprar voluntades y colaborar en el apagado de voces díscolas, es completamente coherente con el debate, impulsado por este gremio desde la década de los noventa a partir de la sanción de la Ley de Educación Superior, sobre el crecimiento lento pero constante de un financiamiento privado encubierto a través de servicios a terceros y convenios de cooperación con grandes empresas multinacionales.

El caso La Alumbrera resulta así un disparador de una discusión aún más extensa, pero igualmente urgente, sobre la política que la Universidad Nacional de Salta deberá fijarse en cuanto a la aceptación y uso de fuentes de financiamiento privado, habida cuenta que existen en nuestras facultades sectores de investigación que desde hace más de una década han hecho del servicio repetitivo a grandes empresas petroleras, químicas o mineras una práctica cotidiana, amparados por el marco jurídico vigente.

No se trata de discutir cuánto dinero entra por esta vía, pero sí, y ante todo, si nuestra universidad está dispuesta a seguir alquilando su capital intelectual y tecnológico al mejor postor del mercado, sin analizar mínimamente las condiciones de aplicación de este saber y los fines que los “clientes” dan a este “producto”, y olvidando, por ende, la misión fundamental que ella misma se fijó al ser creada y que se plasmaban en las fórmulas de juramento iniciales:

Expediente: 1475/73
Resolución: 471/73
Firmas: Dr. Holver Martínez Borelli, Rector Normalizador; Dr. Enrique Santos Delgado, Secretario Académico

Considerandos:

Que es necesario establecer las fórmulas que deberán ser pronunciadas en el acto de entrega y de recepción de los documentos mencionados;
Que las mismas deben sintetizar la filosofía que orienta los fines y objetivos de la Universidad, su vocación regional y latinoamericana y su compromiso de servicio a la comunidad dentro del proceso de liberación nacional, regional y latinoamericana elegido por el pueblo;

El graduado completa esa fórmula pronunciando el siguiente texto:

“…ser consciente de que el titulo que se me otorga es fruto del esfuerzo de toda la comunidad y que, en consecuencia, el ejercicio de mi profesión estará al servicio de la justicia social y del Proceso de Liberación Nacional, Regional y Latinoamericano. Juro ser fiel a estos principios, respetando y haciendo respetar la Constitución Nacional y luchando por la unidad de nuestro pueblo y de los países hermanos, anteponiendo el sentido de solidaridad a todo afán de lucro o de prestigio profesionalista. En el cumplimiento de este compromiso se reconocerá mi honor”.

Incluso ahora, cuando las fórmulas de juramento de graduados fueron aggiornadas a los tiempos que corren, y donde la palabra liberación causa cierto escozor, se mantienen aún algunas palabras que comprometen éticamente a los graduados, y que deberían iluminarnos a la hora de evaluar sobre la aceptación de los fondos en cuestión.

¿Juran por su honor, ser conscientes de que el título que les otorgamos es fruto del esfuerzo de toda la comunidad y que, en consecuencia, el ejercicio de sus profesiones estará al servicio de la justicia social y el desarrollo regional, nacional y latinoamericano? ¿Juran ser fieles a estos principios, respetando y haciendo respetar la Constitución Nacional y trabajando por la paz y la unidad de nuestro pueblo y demás países hermanos, anteponiendo el sentido de solidaridad a todo afán de lucro o de prestigio profesional?
Respuesta: Sí, juro.
En el cumplimiento de este compromiso se reconocerá su honor”.

Por todo lo expuesto es que la Comisión Directiva de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Salta mantiene firmemente su postura de no aceptar los fondos provenientes de las utilidades de la explotación de la Mina de Bajo la Alumbrera por parte del consorcio internacional Minera Alumbrera Limited.

Por las mismas razones detalladas en este documento es que solicitamos formalmente a los Sres. Consejeros Superiores, a los Sres. Decanos y a la Sra. Rectora de la U.N.Sa, que se expidan unánimemente por el rechazo absoluto de dichos fondos."