Qué día de Bullrich: “amenazas de bomba” y un militante PRO con una Magnum en Casa Rosada

En la mañana del lunes Francisco Ariel Muñiz, militante del PRO de General Pinto (provincia de Buenos Aires) quiso entrar a la Casa Rosada. Para eso se anunció en la puerta de Balcarce 78, portando una valija metálica, diciendo que tenía una entrevista con el presidente.

Según fuentes oficiales, personal de “seguridad” de la Casa Rosada le hizo varias preguntas a las que el hombre no supo o no pudo responder y le pidieron que mostrara lo que llevaba dentro del portafolios. Ahí Muñiz decidió tirar la valija al patio de ingreso y quiso escapar hacia la boca de la línea A del subte. Enseguida lo detuvieron y se le abrió una causa que quedó en manos del juez federal Ariel Lijo.

Minutos después, la Brigada Antiexplosivos de la Policía Federal abrió la valija metálica, donde encontró la Magnum 44, cargada y con el número de serie limado.

Muñiz milita en el PRO de General Pinto y en las elecciones de 2017 fue candidato suplente a Consejero Escolar. Según las mismas fuentes oficiales, trabaja de “artesano” y no era raro verlo regularmente en las inmediaciones de la Casa Rosada. Fuentes de General Pintos, sin embargo, aseguran que el hombre tiene una pizzería en la localidad bonaerense.

Muñiz se define como un “activo militante de Cambiemos” y parte de “la nueva generación de políticos” y en su perfil de Facebook se presenta como “administrador” de la cuenta “PRO General Pinto” referenciada con el dirigente macrista local Roberto Maruri.

Lunes de superacción
El curioso episodio protagonizado por Muñiz se dio pocas horas después de que la derrota política de Cambiemos en Córdoba se transformara en tema central de la agenda mediática. Y abrió una secuencia de hechos que, todos juntos, transformaron al lunes en un día de “superacción”.

Pocas horas después de que la Magnum 44 fuera fotografiada tras las rejas de la Casa Rosada, se sucedió una serie de (supuestas) amenazas de bomba en sitios públicos de concurrencia masiva, como la misma casa de Gobierno, el anexo de la Cámara de Diputados y las estaciones ferroviarias de Constitución y Retiro.

En estos últimos casos, las líneas Roca, San Martín y Belgrano Norte debieron ser clausuradas en horas pico en sus terminales porteñas por supuestas amenazas telefónicas recibidas por la línea 911 (que gestiona el Ministerio de Seguridad conducido por Patricia Bullrich).

Lógicamente, esos hechos produjeron primero la conmoción y luego la bronca de miles de usuarios que procuraban volver a sus casas luego de la jornada laboral.

Tras más de dos horas de espera y constatadas las “falsas alarmas”, finalmente las estaciones volvieron a su movimiento habitual y los trenes comenzaron a circular.

Al agua Pato
Fiel a su estilo, la ministra de Seguridad no tardó en aprovechar la jornada para una más de sus apariciones públicas, haciendo alarde de la “efectividad” de sus tropas federales.

En el caso de la detención de Muñiz, dijo ante la prensa que el militante PRO puede ser alguien que “tiene problemas” y que “hay que investigar” hasta las últimas consecuencias. Por Twitter, además, no perdió la ocasión de felicitar a sus subordinados.

Sobre las amenazas de bomba, en cambio, la única comunicación de Bullrich fue en referencia a (supuestas) amenazas ocurridas semanas atrás en el tren Sarmiento, no este lunes en el Roca, el San Martín y el Belgrano Norte. Qué casualidad, ¿no?

Fuentes conocedoras del accionar operacional de las huestes ministeriales no descartan que el acusado de supuestas amenazas de bomba ocurridas semanas atrás pero similares a las ocurridas el mismo día de su detención, sea lisa y llanamente un “perejil”.

Como suele suceder, hechos de esta naturaleza tienen un alto contenido de “misterio” que, casi en su totalidad, terminan sin resolverse.

Pero la cosa se hace más compleja cuando tanto la administración de las denuncias como su “investigación” están en manos del Ministerio de Seguridad, plagado de funcionarios como Pablo Noceti, de colaboradores (espías) como Marcelo D’Alessio y de un número bastante incalculable de criminales de uniforme de la Federal, de la Gendarmería, de la Prefectura y de la PSA.

Que Patricia Bullrich termine siendo la cabeza de las denuncias, de las pesquisas y de las detenciones, habla por sí solo de que poco y nada podrá saberse a ciencia cierta de acontecimientos como los que, un día como hoy, conmocionan en cadena a la “opinión pública” y generan un clima de zozobra en la vida cotidiana de miles de trabajadoras y trabajadores.

Este mismo lunes, en el edificio central de la Cámara de Diputados (a metros de donde se dio una de las supuestas amenazas de bomba), se velaron los restos del diputado nacional de Cambiemos Héctor Olivares, tras agonizar varios días producto de la balacera que recibió junto a su amigo Miguel Yadón mientras caminaban por la Plaza del Congreso.

El crimen de un diputado nacional y un funcionario provincial, en pleno centro político del país, denota un nivel de vulnerabilidad que Bullrich y sus tropas no pueden ni quieren explicar. Vale recordar el video difundido por la propia ministra, a poco de producirse el hecho, donde se ve cómo los asesinos se escapan con total tranquilidad mientras un policía desconcertado llega al lugar ¿sin saber? qué hacer.

Seguramente, de no haberse tratado de una historia de venganza personal, Bullrich seguiría chamuyando con sus investigaciones "hasta las últimas consecuencias".
Por Daniel Satur (LID)