El robo a los jubilados pactado entre Pichetto, el gobierno y los gobernadores. Ataque al conjunto de los trabajadores. Repudio de especialistas y de la comunidad.
El proyecto de ley de ajuste en las jubilaciones podría tratarse este miércoles en el Senado luego de la asunción de los senadores electos, entre los que se encuentra Cristina Fernández de Kirchner. Claves de una reforma previsional que ataca duramente los ingresos de jubilados y afecta al conjunto de trabajadores:
El proyecto propone cambiar la forma en que se ajustan los haberes jubilatorios. Éstos se definirán un 70% de acuerdo a la inflación de dos trimestres anteriores y un 30% al crecimiento de los salarios registrados (RIPTE). Se siguen así al pie de la letra las recomendaciones de ajuste impartidas desde el FMI y la OCDE.
Este cambio en la fórmula de movilidad previsional significará una pérdida adquisitiva para los jubilados, ya que se estancará el poder de compra y nunca podrán mejorar su situación. Si la misma fórmula se hubiese aplicado desde 2009, el haber mínimo sería hoy de $5.703 en lugar del ya bajo $7.246 actual. Una pérdida neta de 21%.
Asimismo, este ajuste atrasa un semestre al aumentarse las jubilaciones sistemáticamente en seis meses después respecto a la evolución de los precios.
Según afirman especialistas, se sustituye así de manera retroactiva un índice semestral que se iba a aplicar en marzo por otro solo trimestral, lo que resultaría ilegal y abriría una catarata de juicios.
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Al modificar la fórmula jubilatoria el gobierno planea ahorrarse unos $100.000 millones anuales. Exactamente lo mismo que transferirá a las patronales si se aprueba la rebaja de contribuciones patronales incorporada a la reforma tributaria. Es decir, se desfinancia al sistema previsional para engrosar las ganancias y eso lo pagan los jubilados.
El proyecto prevé además una "garantía" de haber mínimo para todos aquellos trabajadores que hayan aportado al menos 30 años, de un monto equivalente al 82% del Salario Mínimo Vital y Móvil, queriendo hacer pasar gato por liebre. Este monto no tiene relación con el reclamo histórico del 82% móvil del salario en actividad, y significa una jubilación de $7.265, sólo $20 más que la mínima actual de $7.245. Es decir que no es ninguna ganancia.
Para todos los asalariados privados (bajo ley de contrato de trabajo), se extiende la "posibilidad" de trabajar hasta los 70 años. Pero esta extensión le costaría casi gratis al empleador, mientras que disminuye categóricamente el costo de la indemnización.
Esto es así ya que el empleador no deberá abonar contribuciones patronales, sólo la Obra Social y el seguro de Riesgos de Trabajo durante la edad extendida. Así también, para la indemnización sólo contarán los años a partir del momento en que se jubiló, y no la antigüedad del trabajador en el puesto.
La “opción” en realidad no es una elección para los trabajadores que ven que las jubilaciones que van a obtener son muy bajas, después de toda una vida de trabajo.
En el caso de los trabajadores del sector público, como no estarán bajo la "opción" de extender la edad, el gobierno prevé realizar recortes de gastos promoviendo el retiro del personal y las jubilaciones anticipadas.
El desfinanciamiento de la ANSES en múltiples formas conjuntas que está realizando el gobierno en acuerdo con el peronismo y los gobernadores, será así sustentado con el esfuerzo de millones de trabajadores, condenados a jubilaciones de miseria y a extender su edad en actividad laboral.
Se trata de un fuerte ataque del capital sobre el trabajo, en el marco del intento de aplicar un conjunto de contrarreformas laborales, cambiando las condiciones de trabajo y de vida de millones. (LID)
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