REPRESIÓN E IMPUNIDAD En la Jujuy de Morales vale todo

Milagro Sala y decenas de presos por protestar. Aprietes y muerte en la cárcel y ataques a la izquierda. Un combo violento en la provincia que el gobernador quiere presentar como “pacífica” y “unida”.

En el marco de un fuerte cuestionamiento internacional al Gobierno y la Justicia por la detención ilegal de Milagro Sala, Jujuy fue nuevamente tapa del escándalo político con el asesinato del joven Nelson Cardozo en el pabellón 3 del Penal N° 1 del barrio Gorriti de San Salvador. Como viene informando este diario, a lo aberrante del caso se suma que el fallecido era sobrino del dirigente de la Red de Organizaciones Sociales de la Tupac Amaru, “Beto” Cardozo, que también está detenido por una causa vinculada a la dirigente social.

Es sabido que las fuerzas penitenciarias en todo el país están profundamente descompuestas. Pero este caso se inscribe en la lista de los más atroces, donde la realidad supera a series de ficción como Tumberos o El Marginal. Nelson fue asesinado a golpes, como comprobó la autopsia, alrededor de las 8 de la mañana del martes 6. Sus compañeros de celda encontraron el cuerpo sin vida a las 11:30, pero las autoridades del Servicio Penitenciario informaron recién a las 15:30 del hecho, asegurando a través de un comunicado que se había tratado de un suicidio.

Para darle la razón a la versión del Servicio Penitenciario, sobre el cuello del joven ya sin vida se realizaron marcas para simular que éste se había ahorcado. Los primeros en sospechar que todo era una mentira fueron los propios compañeros de celda de Cardozo, quienes pidieron explicaciones y fueron brutalmente reprimidos dentro del penal, al igual que los familiares que, tras correr la versión de un “motín”, se concentraron en la puerta ante la incertidumbre y preocupación por la integridad de sus seres queridos.

Buscando ocultar la relación que hay entre este crimen y las torturas y extorsiones denunciadas previamente por la familia Cardozo (mediante las cuáles se intentaba obtener declaraciones contra Milagro Sala), la investigación por el asesinato de Nelson fue rápidamente dirigida hacia un “ajuste de cuentas” entre presos.

Y el cuadro se complementa con la información de que tras la muerte del joven decenas de internos permanecen castigados y sufriendo torturas, como denuncian sus familiares. Será por eso que el propio Servicio Penitenciario impide el ingreso de organismos de derechos humanos al penal, para evitar que los internos puedan denunciar lo ocurrido.

Todo cierra

La práctica del apriete a los detenidos en la cárcel es la contracara de la falta de pruebas para sostener la detención ilegal de Milagro Sala desde que fue encarcelada el 16 de enero por realizar un acampe de protesta en la capital jujeña. Esa falta de argumentos fundamentan las resoluciones que solicitan la liberación de Sala por parte de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos y de la propia Comisión Interamericana de Derechos HUmanos. Algo que, desde el inicio de la detención, varios organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y políticas de todo el país, incluyendo al PTS-Frente de Izquierda, sostuvieron permanentemente.

Otro hecho que vuelve a superar a la ficción es que el Penal N° 1 de Gorriti siga funcionando habiendo sido un centro clandestino de detención en la dictadura como atestiguan los detenidos durante los juicios por la verdad e incluso habiendo sido sus jefes policiales (Antonio Vargas, Carlos Ortíz, Ricardo Ortíz, Herminio Zárate y Mario Gutiérrez) imputados por delitos de lesa humanidad. Una muestra más de que la impunidad se mantiene viva en la provincia.

Un giro a derecha sin límites

Acorralado por el cuestionamiento internacional a la detención de Sala, que empezó a ser un problema político para el Gobierno Nacional de Mauricio Macri, y el asesinato de Cardozo, Gerardo Morales realizó el 9 de diciembre un “acto por la paz, la unión y libertad civil”, que pretendió utilizar como una demostración de fuerzas para legitimar su política represiva.

Allí dejó en claro su objetivo de instalar una “nueva matriz” de convivencia con el eje puesto en el fin de los piquetes y la protesta social. Es lo que denuncia la izquierda como la instauración de un régimen policíaco que encontró en la detención de Sala la mejor excusa para avanzar sobre el conjunto de los trabajadores y sectores populares restringiendo su derecho a la protesta.

La foto del acto oficial mostró a los actores de este cambio. El gobierno radical-massista, con el conjunto de funcionarios e intendentes, incluso los del PJ del anterior gobernador Fellner, se ubicó en el palco de la oligarquía política tradicional. Detrás de la escena los dueños de la Provincia y de lo más rancio que participó directamente en la desaparición de obreros como es Blaquier del Ingenio Ledesma (UIA local) o Minera Aguilar (Cámara Minera), sin olvidar los terratenientes y explotadores tabacaleros junto a otros grandes empresarios. Ellos son los que exigen que Sala siga detenida y así gozar de los beneficios de la judicialización de las huelgas y protestas como sucedió contra los obreros azucareros de Ledesma y La Esperanza o los metalúrgicos de Aceros Zapla este año.

Pese a las medidas de Macri y las ayudas gestionadas por Morales que beneficiaron a estos sectores con la devaluación y la quita de retenciones o el negocio del biodiesel, las patronales quieren más ganancias y con el disciplinamiento de los trabajadores obtienen una vía para lograrlo.

Pero Morales, también, armó una Justicia con mayoría propia como había hecho Menem en los 90. Cuando detuvieron a Milagro Sala por un acampe y luego desplegaron una lluvia de medidas persecutorias y contra las libertades democráticas, desde la izquierda y algunos organismos de derechos humanos de denunció claramente que la política del gobierno buscaba hacer de Jujuy un laboratorio del ajuste y de la represión.

En este contexto, no es causal la intimidación que recibió la regional del PTS-FIT local al ser atacado el último fin de semana su local partidario en el centro de la capital jujeña. Mucho menos lo es la sistemática persecución a ese partido y otras organizaciones por parte de espías de la Gendarmería Nacional en el marco del encuentro organizado por el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) el 9 de septiembre y que congregó a decenas de organismos y personalidades de todo el país. Para no hablar de la intimidación a la diputada nacional Myriam Bregman por parte de la empresa Ledesma, propiedad del genocida Carlos Blaquier, que le envió una carta al Congreso de la Nación.

La defensa de las libertades democráticas se ha tornado en Jujuy una cuestión vital. Porque Gerardo Morales y el macrismo ya están mostrando sus dientes y sus mañas en el norte del país. Y porque si este plan represivo sigue avanzando, su extensión al resto del país será mucho más fácil para quienes pretenden descargar el ajuste sobre las espaldas del pueblo trabajador.
Fotografía: www.d24ar.com