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Reclamo y resistencia indígena en Salta

El reclamo de tierras ante los Estados provinciales y nacionales en distribución comunitaria realizado por comunidades indígenas que habitan en la provincia de Salta en nueve etnias es histórico. La Organización Lhaka Honhat que agrupa a comunidades que viven al margen del Rio Pilcomayo es el caso testigo de este problema no resuelto hoy por el gobierno de Salta, el 25 de agosto de 1996 más de 1.000 aborígenes entre ellos mujeres ancianos y niños cortan y toman la construcción del puente internacional que luego unirá Misión la Paz, Argentina, con Pozo Hondo, República de Paraguay.

La protesta se prolonga por 23 días. Los indígenas logran que el gobernador peronista Juan Carlos Romero envié al Ministro Miguel Angel Torino, quien fue acompañado por el Secretario de Seguridad Cmte. Sergio Nazario, alias Estévez, denunciado como torturador durante la dictadura militar, figurando en el informe de la CONADEP. El que intervendría en las sucesivas puebladas salteñas, como mediador.

El Ministro Torino , firma un acta acuerdo en donde se compromete a la entrega definitiva de las tierras a las comunidades indígenas, compromiso incumplido hasta la fecha. El Acta dice textualmente el gobierno: se compromete “a dictar en un plazo de 30 días el Decreto pertinente que fije lineamientos y pautas para la adjudicación definitiva de las tierras de los lotes fiscales que contemple una distribución equitativa a las respectivas poblaciones (indígena y criolla). En la misma acta queda establecida como “condición fundamental para las comunidades indígenas “que el modo de entrega de la superficie de tierra debe ser única y sin divisiones, en un solo título para todos.

Este proceso, debe ser considerado como el inicio en medidas de acciones directas -corte de un puente internacional- ante la inacción del Estado en la provincia de Salta y los rechazos de recursos de Amparo presentados en la justicia provincial por parte de la Organización Indigena, siendo este el detonante en Salta de sucesivos reclamos sociales que luego se concretarían en puebladas -Gral. Mosconi y Tartagal 1997- ante el logro de las acciones en primera instancia. Los pueblos originarios marcaban ese camino, utilizando acciones no contempladas en su cultural ancestral ante un nuevo incumplimiento del Estado provincial.

El compromiso de entrega de tierras con títulos comunitarios refrendada en acta acuerdo firmada entre ambas partes e incumplido por parte del Estado provincial, genera como respuesta una nueva acción directa. En junio de 1998, miembros de las comunidades indígenas del Pilcomayo (lotes fiscales 55 y 14) cortan el camino que va a Misión La Paz y luego impiden el paso de la denominada “Caravana de la Integración en el momento en que intenta cruzar el puente internacional al territorio paraguayo. Se prosigue con el pleito en nuevos reclamos ante la justicia salteña que falla a favor del Estado, ante esta decisión surgen las mociones de continuar con acciones directas, y también distintos cuestionamientos por parte de integrantes de la Organización Indigena que comienza a desmembrarse con la ayuda del gobierno que termina beneficiándose ante la fragmentación –prosiguen los alambrados en la tierras en litigio- . Muchos indígenas e incluso dirigentes, dejarían la Organización “el proceso legal establece un tiempo indefino de haber una solución favorable ante el reclamo argumentan los indígenas que se retiran. Las acciones directas quedarían neutralizadas.

ACCIONES LEGALES Y SUS CONSECUENCIAS

En septiembre de 1995, la Organización Aborígen Lhaka Honhat presenta un Recurso de Amparo contra el Gobierno de la Provincia de Salta, “a fin de que se ordene la inmediata suspensión de las obras de construcción del puente Misión La Paz – Pozo Hondo, así como toda otra obra o acto de alteración de la reserva de Misión La Paz y/o de los lotes fiscales 55 y 14. El 29 de abril del 1996 la Corte de Justicia de Salta resuelve rechazar la Acción de Amparo promovida por la Organización Lhaka Honhat. El 14 de mayo de 1996 los indígenas interponen un Recurso Extraordinario Federal ante la Corte de Justicia. En diciembre de 1997 el recurso de queja es rechazado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mientras tanto el gobierno seguía dividiendo a los indígenas, enfrentándolos con los criollos, los alambrados se extendían. Ya en el mes de mayo de 1995 se solicitaba la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación “para la suspensión de la construcción de una obra que afecta la posesión de tierras adjudicadas y las condiciones de vida de comunidades indígenas, en la Provincia de Salta (área Pilcomayo). Esta actuación deriva en otras similares durante los próximos años sin resolver el conflicto.

Pobladores indígenas concretan por ellos mismos cortes de cercas de alambre DENUNCIA Y ARBITRAJE INTERNACIONAL

El 29 de diciembre de 1998 la Organización Lhaka Honhat, con el patrocinio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Buenos Aires, presenta una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la OEA, por las múltiples violaciones de derechos humanos, en particular del derecho a la vida, a la integridad física, a la salud y a la subsistencia, consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos y la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre, entre otros instrumentos legales internacionales. El 26 de enero de 1999 la CIDH traslada la denuncia al Estado argentino. Mientras esto sucede en julio de 1999 se aprueba el plan urbano para la futura ciudad limítrofe de Pozo Hondo, en territorio paraguayo, frente a Misión La Paz. Al mismo tiempo, se avanza con la obras de construcción del centro fronterizo en el lado argentino. Una cortada en Misión La Paz procede a la tala indiscriminada de los bosques de algarrobo en la zona para proveer ladrillos para las edificaciones sobre las dos bandas del río.

En diciembre de 1999 distintos pobladores indígenas concretan por ellos mismos cortes a lo largo de varios kilómetros de alambrados levantados por criollos que intentan beneficiarse por el plan de parcelamiento de tierras del lote Fiscal 55, contemplado en la Resolución Nº 423. – dictada por el gobierno de Romero-. Se cortan los alambrados y se queman los postes, en recazo al plan gubernamental. El gobierno genera más divisiones.

Los alambrados continúan SOLUCIÓN AMISTOSA

El 14 de marzo del 2.000 una delegación de Lhaka Honhat se reúne con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Buenos Aires. La CIDH declara el reclamo de la Asociación un “caso especial y trata el mismo con el Ministro de Justicia de la Nación, Dr. Ricardo Gil Lavedra, y la Subsecretaria de Derechos Humanos, del Ministerio del Interior, Dra. Diana Conti. Se propone la búsqueda de una solución amistosa que respete los derechos de los pueblos indígenas.

En esta instancia son permanentes las divisiones en la organización, el gobierno de Salta incluye dentro de la agenda de solución amistosa con la presencia de altos funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), encuentro realizada en Salta capital, a un grupo de aborígenes que solicitan la entrega de títulos individuales de las parcelas, formalizando la división alentada por funcionarios de gobierno que argumentan en esta reunión en donde no se permite la presencia de la prensa, que la Organización Lhaka Honhat esta dirigida por la Iglesia Anglicana con intereses del Reino Unido sobre las tierras en cuestión.

Antecedente de vergüenza VENDEN RESERVA NATURAL CON HABITANTES Indígenas

Los lotes fiscales N° 32 y 33 ubicados en General Pizarro, departamento Anta de la Provincia de Salta, habían sido declarados reserva natural mediante el decreto provincial N 3.397 de 1995 – por el gobernador peronista Juan Carlos Romero - Sin embargo, la legislatura provincial – con mayoría Romerista -sancionó la ley N° 7.274 a través de al cual desafecto esta reserva natural en los lotes fiscales autorizando al Ministerio de la Producción y el Empleo la venta por Licitación Pública – ya concretada - con la finalidad de que se instalen enclaves productivos en la zona.

En esta reserva por naturaleza habita La Comunidad indígena Eben Ezer que vive desde tiempos inmemoriales en el Chaco Salteño. Su historia es similar a la de las mayorías de las comunidades indígenas del país, pues está signada por los desmembramientos forzosos, el destierro, el desarraigo y la desesperanza en tanto continuamente fueron víctimas de los avances de proyectos nacionales de desarrollo que ignoran los derechos de las minorías culturales. A pesar que la Constitución Nacional y Provincial, reconoce en su artículo 75 inciso 17 la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas. - los pueblos indígenas existen con anterioridad a la organización del Estado -. Este reconocimiento expreso tiene consecuencias de enormes dimensiones en el terreno jurídico, pues el Estado ya no “otorga derechos indígenas sino que los reconoce y se obliga a protegerlos para asegurar su integridad cultural. El gobernador salteño una vez más desconoce los derechos y tratados internacionales que fueran firmados por la República Argentina.

HISTORIAS QUE SE REPITEN

La Union y fortaleza de la protesta social en las denominadas acciones directas enmarcadas sobre el bien común establecen como experiencia en este conflicto, un mayor grado de participación fortalecido en el convencimiento de una solución mediata, la cual llega para después desvanecer ante le incumplimiento. La superposición en primer lugar de medidas legales que neutralizan en muchos casos las medidas directas ha establecido que, quien incumple –en este caso el Estado- reorganiza estrategias para continuar con su cometido – parcelas alambradas con títulos individuales- fragmentando y dividiendo la protesta con beneficios a quienes cooperen con esta metodología, aumentándose de esta forma kilómetros de alambrados, cercenando una ves mas los derechos de los pueblos originarios que resisten a tal opresión.

El Estado que incumple se presenta incomodo ante lo desconocido e in manipulable –acciones directas- la canalización del conflicto –acciones legales- establece un camino conocido, con mayor tiempo para concretar estrategias que justifiquen el fin, este proceso demuestra los pro y contra. La Union multiplicada sobre el bien común en una acción concreta, para el benéfico de una sociedad en problemas por ahora no volverá a establecerse y formará parte de la historia de estos pueblos.

Marco Díaz Muñoz es Director periodístico de la Agencia de Noticias Copenoa y corresponsal de América Noticas y América 24 y autor del Libro “Orden Represión y Muerte”.

Audio programa Copenoa art19

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Diario de la criminalización de la protesta social en Salta - Marco Diaz Muñoz

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