SALTA Durante un año se detuvo a 45 mil salteños por averiguación de antecedentes

Fue durante la administración del ex gobernador Juan Carlos Romero, acusado por Organizaciones Sociales e Indígenas como Partidos Políticos y periodistas de utilizar a la policía como su brazo armado para contener la protesta social imponiendo un estado policial en la provincia de Salta, fundamentalmente sobre los sectores que se vieron marginados por la política de exclusión de ese gobierno que dejo en la pobreza a mas del 50 % de los salteños de los cuales 250 mil son indigetes.

Los alarmantes datos surgen de un pedido de informe realizado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados provincial a la Secretaría de Seguridad que fuera dirigida por el hoy cuestionado integrante de la Corte Suprema de Justicia Gustavo Ferraris, donde afirman desde esta Secretaria que por fin de semana quedaban privados de su libertad unos 500 salteños, 45 mil al año según el registro de esta Secretaria, detenciones abaladas por la figura de averiguación de antecedentes.

Ante esta aberración de privación de la libertad y ante los números de detenciones en su mayoría arbitrarias y intimidatorias el Partido del Obrero presento un proyecto de ley para derogar el inciso b) del artículo 10 de la Ley Orgánica de la Policía. El que será debatido esta semana en el recinto Parlamentario con mayoría romeristas – que responden al ex gobernador Romero, hoy Senador Nacional- lo que hace suponer que la norma en cuestión no sufrirá modificaciones por ser los legisladores romeristas de concepción totalitaria e intemperante.

Los Fundamentos para derogar la norma represiva

Los fundamentos para la derogación de la figura averiguación de antecedentes son las altos índices de detenciones arbitrarias y el numero de estas que superaron en un años 45.000 casos en el territorio provincial. Como por ser “un andamiaje jurídico represivo que esta en pie, aún cuando han pasado ya más de 34 años del fin del gobierno de facto. Con la sanción de esta ley pretendemos dar un paso en la dirección de eliminar completamente un entramado de normas que otorgan facultades completamente arbitrarias a la policía”.

Frente al hecho de que existen otros proyecto, pero que plantean que las detenciones tengan un límite de tiempo, el diputado del PO Pablo López opinó: “basta media hora para que un detenido sin causa sea golpeado. La policía no puede decidir privar de la libertad a una persona sin que esta haya cometido un delito o exista una orden judicial.

Además es inconstitucional, por eso debe ser esta facultad, totalmente eliminada. Con la sanción de esta ley queremos dar un paso en la dirección de eliminar completamente un entramado de leyes y normas que otorgan facultades arbitrarias a la policía” concluyó Pablo López.

El polémico inciso b) del artículo 10 de la Ley Orgánica de la Policía también viene siendo cuestionado por Organizaciones Sociales, Comunidades Indígenas, Partidos Políticos e Instituciones Intermedias y periodistas como Inconstitucional por tener concepciones represivas instauradas en gobiernos autoritarios e inconstitucionales como la Dictadura Militar.