SALTA: El Defensor del Pueblo de la Nación advierte al gobierno de Romero por abusos policiales

La exhortación es por presunta violación de la convención contra la tortura y tratos crueles. Ante los numerosos hechos denunciados desde desalojos violentos hasta muertes en comisarías, golpes y lesiones a menores, violaciones, apremios y maltratos, en la provincia de Salta.

Ante una serie de denuncias el Defensor del Pueblo de la Nación Argentina, Eduardo Mondino, ha dirigido una exhortación al Gobierno de la provincia de Salta para que adopte las medidas necesarias "para impedir que integrantes de las fuerzas policiales cometan actos definidos en el artículo 10 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles.

Diputados de la provincia de Salta, concejales de la ciudad capital y un
conjunto de ciudadanos solicitaron la intervención del Ombudsman, "ante innumerables abusos" por parte de la policía de la citada provincia.

Las imputaciones abarcan situaciones colectivas y particulares, como el
desalojo ocurrido este año de ocupantes del Barrio San Expedito, llevado a cabo en forma violenta por la policía provincial de Salta contra mujeres, niños y personas con discapacidad sin contar con la debida orden judicial.

Este operativo estuvo dirigido por el Secretario de Seguridad de la
provincia.

Son numerosos los testimonios notificando golpes y lesiones producidos
contra menores de edad por integrantes de la Comisaría Sexta, así como
apremios, negligencia en la atención de un recluso, reiterados golpes en la vía pública, apremios ilegales en la Comisaría del Menor y un conjunto de muertes ocurridas en el penal Villa Las Rosas y en las Comisarías 41 de la ciudad de Gral. Mosconi y 20 de Orán.

Puntualiza Mondino que de las observaciones hechas en el lugar y los
testimonios recogidos se desprende un estado de ánimo opresivo que recuerda épocas ya pasadas en nuestro país, "conformando un panorama de frecuente abuso de autoridad, al punto de vivir en una provincia que pareciera ocupada por sus propias Fuerzas de seguridad".

El Defensor nacional extendió su exhortación al Superior Tribunal de
Justicia de la provincia de Salta para que adopte las medidas judiciales
necesarias "para impedir que integrantes de las fuerzas policiales cometan aquellos actos definidos en el artículo 1° de la Convención contra la Tortura". También puso en conocimiento de esta actuación a los Presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores de Salta, a la Comisión Bicameral del Defensor del Pueblo del Congreso de la Nación y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.